La audiencia que se iba a celebrar mañana en San Lorenzo contra el ex fiscal regional Patricio Serjal quedó suspendida por un motivo que será con certeza una gran controversia jurídica. El funcionario que está preso desde agosto por cobrar retornos para garantizar el negocio del juego ilegal había sido citado para las 10 por impartir órdenes escritas de modo a fin de que no se persiguiera penalmente a una petroquímica del Cordón Industrial a la que se le detectaron alarmantes niveles de contaminación por el manejo negligente o doloso de sustancias altamente tóxicas.
El juez que tenía a cargo la audiencia, Edgardo Romanini, sostuvo en un decreto que no podía citar a los imputados de la empresa ya que hay cosa juzgada, dado que un juez previo aceptó que el destituido fiscal regional haya dejado de impulsar el caso como delito. Pero justamente lo que hay en entredicho es que esa orden bajada por Serjal fue para amparar a los dueños de la petroquímica, la ex Electroclor de Capitán Bermúdez, incursos en corroborado daño ambiental.
La investigación fiscal paralizada por determinación del regional había encontrado evidencia contundente de contaminación del suelo y del agua a partir de sustancias tóxicas debido a un desdeñoso mantenimiento. Al punto que la Fiscalía de Estado de Santa Fe define a este caso como “el pasivo ambiental más importante de la provincia”.
Serjal está citado a audiencia por un episodio ocurrido hace un año que implicó no perseguir un grave delito ambiental. En septiembre de 2018 un fiscal de San Lorenzo allanó el predio de Petroquímica Bermúdez SA tras una denuncia de la Fiscalía de Estado durante la gestión del entonces gobernador Miguel Lifschitz que exigió una investigación basado en un decreto de resguardos medioambientales. La fiscal rosarina Verónica Caíni había ordenado un relevamiento en la planta que implicó además tomas de muestras del suelo.
La intervención de un perito a instancias de Fiscalía de Estado, el ingeniero Andrés Salum, verificó graves problemas que consignó en un informe preliminar: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
La detección en muestras de agua freática de cloroformo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, benceno y otras sustancias químicas, reveló el nivel y tipo de contaminación existente en el predio. En suelo, las muestras mostraron la presencia también de cloroformo, tricloroetileno, benceno y mercurio. En algunas muestras de suelo también se encontró lindano (ó Gammexane), un insecticida otrora fabricado allí y prohibido actualmente por el Convenio de Estocolmo y también en la Argentina. Asimismo se encontró Asbesto, material cancerígeno enterrado en el lugar.
Por este caso los fiscales establecieron que había mérito para imputar a Sergio Taselli, un empresario con inversiones en muy diversos rubros que controlaba la petroquímica. También para hacerlo con su hermano Máximo Taselli que era al momento del ilícito presidente de Petroquímica Bermúdez, con uno de los directivos de la compañía llamado Matías Gallegos y con el entonces fiscal de Estado adjunto Gustavo Luzzini, que desistió de perseguir este caso.
Cuando en 2019 el fiscal de San Lorenzo quiso avanzar con este legajo dada la solvencia de la evidencia de delito Serjal ordenó parar la acción y favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal. Ledesma lució en desacuerdo pero solo alegó que la gran complejidad del caso le exigía para eso una instrucción escrita.
Serjal se la extendió y fueron a una audiencia recordada por momentos muy sugestivos. Fue el 8 de marzo de 2019. Cuando el juez que la presidía, Juan José Tutau, pareció advertir que Ledesma cerraba un caso en el que tenía clara perspectiva para imponerse le preguntó por qué lo hacía. El fiscal respondió que por tener una instrucción de su superior. Tutau repreguntó si más allá de eso él estaba de acuerdo con la directiva que le habían bajado. “Es la instrucción de mi superior”, replicó Ledesma. En una alternativa de notoria tensión el juez le repitió la pregunta varias veces. Siempre obtuvo la misma respuesta.
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El caso penal llegó hasta el momento en que fue cerrado por el criterio de oportunidad impartido por Serjal. La causa fue reabierta al ser compulsados las instrucciones consideradas dudosos de Serjal tras su destitución por corrupción. Allí el fiscal Luis Schiappa Pietra encontró mérito solvente en la causa que indicaba acción delictiva presunta en la contaminación generada por los responsables de Petroquímica Bermúdez SA.
El juez Romanini, que tenía que estar a cargo de la audiencia de mañana, fue recusado porque dio por cerrado el caso en base a la instrucción de Serjal, lo que fue considerado violación de imparcialidad. El magistrado rechazó la recusación por lo que ahora deberá dirimir la Cámara Penal.
El incidente saca a la luz otros actores que están vinculados a casos de Serjal. El abogado de Taselli en este caso es Gustavo Vera, socio de Carlos Carranza, el ex ministro de Gobierno durante los 90, a quien se atribuye haber sido uno de los impulsores de la triunfante candidatura Serjal para fiscal regional, el mismo que terminó cerrando la causa penal frente a un delito ambiental de dimensión mayúscula.
Al mismo tiempo la Fiscalía de Estado, a la que Lifschitz ordenó investigar, terminó indicando en una audiencia que este caso era susceptible de ser archivada porque no había interés público de la provincia. Por esa razón el ex fiscal de Estado adjunto Luzzini también está bajo pretensión imputativa.
