Tras la media sanción en el Senado, se acordaron dos nuevos encuentros por lo que el proyecto para reformar la normativa se retrasa, al menos, hasta abril
El tratamiento de la ley de glaciares en Diputados se retrasará, al menos, un mes más.
La reforma que pretende el gobierno sobre la ley de glaciares deberá esperar. Luego de conseguir la media sanción en el Senado la semana pasada, un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales decidió convocar a dos audiencias públicas para el 25 y 26 de marzo próximos.
El oficialismo debió ceder a planteos de diversos diputados opositores que, invocando el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Acuerdo de Escazú (del que Argentina es firmante), solicitaron que se amplíe la escucha de voces, tanto de sectores proteccionistas como de mineras que deseen exponer sus argumentos.
La convocatoria será pública y se realizará el miércoles 25 de marzo de forma presencial y el jueves 26 de manera remota. Esta última modalidad se da para “garantizar el federalismo y evitar el traslado", ya que una buena parte de la oposición planteó la posibilidad de que las audiencias se realicen en diversas provincias, aunque la propuesta no prosperó.
El horario de ambas jornadas será de 10 a 19 aunque se podrá extender. La duración de cada exposición sería de 5 minutos pero el tiempo se irá distribuyendo según la cantidad los oradores, quienes deberán llevar sus presentaciones por escrito para incorporarlas como antecedentes.
El proyecto aprobado por el Senado introduce modificaciones clave en el esquema de protección y en la distribución de competencias entre Nación y provincias.
La reforma delega en las provincias la definición de estándares para preservar glaciares y ambiente periglacial. Cada jurisdicción podrá determinar qué cuerpos de hielo protege y en cuáles habilita actividades productivas, incluida la minería.
También menciona áreas de "relevancia hídrica", aunque no es clara la definición de esa relevancia, uno de los puntos que criticaron desde sectores ambientalistas ya que, afirman, esto irá en detrimento de las áreas que hoy están protegidas para que avancen diversos proyectos mineros.
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El objetivo central de la ley consiste en en los presupuestos mínimos para preservar los glaciares y el ambiente periglacial, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la preservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo. Si bien hoy existe un Inventario Nacional de Glaciares, el mismo quedará supeditado a otras evaluaciones de impacto ambiental por parte de las provincias. Actualmente, el inventario es el marco ordenador de qué área está protegida.
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