El Comité de la Liga Profesional confirmó la medida de fuerza como respuesta a "las presiones políticas, judiciales y mediáticas contra la AFA"
El presidente de la AFA, Claudio Tapia.
El Comité de la Liga Profesional ratificó el paro del fútbol argentino este fin de semana y la postergación de la fecha 9 del torneo Apertura 2026. La reunión se llevó a cabo en el predio Lionel Messi de Ezeiza con la convocatoria de los 30 representantes de los clubes de primera división.
La medida de fuerza involucra también a todas las categorías del ascenso y frenará la actividad durante este fin de semana. A su vez, resolvieron que la jornada suspendida se jugará en mayo, siendo la última fecha antes del inicio de los play-offs.
Ahora Central jugará el miércoles 11 de marzo, a las 17.30 ante Argentinos Juniors de visitante; mientras que Newell's lo hará el martes 10, a las 17.30, ante Platense en el Coloso, por la décima fecha del Apertura. Ambos equipos rosarinos podrán recuperar a jugadores lesionados y tendrán más tiempo de trabajo luego del clásico.
Durante la semana pasada, el Comité votó “de manera unánime” realizar el paro convocado para los días 5, 6, 7 y 8 de marzo, debido a “un escenario de reiteradas presiones políticas, judiciales y mediáticas que intentan condicionar el normal funcionamiento de la AFA”, según difundieron los clubes en diferentes comunicados.
Cabe destacar que el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero de la asociación, Pablo Toviggino, están en la mira de la Justicia y deberán dar explicaciones durante los próximos días.
La causa que llevó a esta medida de fuerza de la AFA investiga presunta apropiación indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos vinculada a retenciones impositivas y de seguridad sociales que fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, según mencionó la denuncia de Arca.
Por su parte, la AFA planteó que “no tiene deuda alguna exigible” con Arca y que estas atribuciones “fueron utilizadas como fundamento de la decisión judicial de llamar a prestar declaración indagatoria a las autoridades de esta entidad”.
Además, el Ministerio de Justicia anunció la designación de veedores con el objetivo de fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas, lo que provocó la respuesta de la AFA en un comunicado.
Allí, remarcaron que la veeduría sería “ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley” y confirmaron que llevarán a cabo presentaciones judiciales para que la misma “sea desestimada”.
“Si las irregularidades fueran realmente graves, la IGJ tendría la obligación legal de aplicar sanciones (multas, intervención, cancelación de personería). Pero no lo hace. El balance 2025 no fue presentado ante la IGJ porque, desde noviembre de 2025, la AFA tiene su domicilio legal inscripto en la Provincia de Buenos Aires”, detallaron.
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Para concluir dicho comunicado, agregaron: “Esa confesión deja al desnudo la verdadera naturaleza de la medida. No se trata de controlar una asociación civil, sino de ejecutar una política pública que busca imponer las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) a través del debilitamiento institucional de la AFA, la principal defensora del modelo de clubes sociales”.
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Por Gustavo Conti
