IDM abrió retiros voluntarios y temen que la planta de San Lorenzo quede con apenas 30 trabajadores

La planta de la empresa IDM en San Lorenzo atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre laboral en medio de un proceso de cambio accionario y un plan de retiros voluntarios que, según denuncian los trabajadores, podría derivar en una drástica reducción del personal. Actualmente la compañía emplea a unas 120 personas entre operarios, personal fuera de convenio y administrativos. Sin embargo, entre los trabajadores circula la versión de que el objetivo de la nueva conducción sería mantener apenas unos 30 operarios en actividad.

El conflicto se da además en un contexto de atraso salarial que se arrastra desde hace varios meses y que afecta a todas las áreas de la planta. “Hace meses que no cobramos nuestros salarios en tiempo y forma. Esta situación afecta a más de 120 familias que dependen de este trabajo y genera una enorme incertidumbre”, señalaron los trabajadores autoconvocados en un comunicado difundido públicamente.

Denunciaron que la empresa comenzó a adelantar pagos a algunos trabajadores mientras otros quedan excluidos, sin criterios claros ni explicaciones formales. “Esta práctica resulta arbitraria y discriminatoria y evidencia una clara intención de dividir al conjunto de los trabajadores”, indicaron.

IDM es una empresa de servicios ambientales dedicada al procesamiento de residuos químicos y a la producción de thinner y solventes. La firma fue creada por empresarios de la región y durante años estuvo controlada por cinco socios fundadores. Con el paso del tiempo, y tras el fallecimiento de varios de ellos, la propiedad quedó distribuida entre distintos herederos. De acuerdo con trabajadores de larga trayectoria, la situación comenzó a deteriorarse especialmente tras la muerte de uno de los socios que llevaba adelante la conducción empresarial.

“Ahí empezaron los problemas más serios y se profundizó la crisis de la empresa”, explicó Damián Traversa, trabajador de la planta con 30 años de antigüedad.

Según relataron los trabajadores, en enero comenzaron a trascender versiones sobre la venta de IDM a un grupo inversor identificado como Caterina Group, aunque hasta el momento no hubo información oficial detallada sobre los nuevos accionistas. Entre los trabajadores también circula la versión de que detrás de la operación podría estar vinculado el Grupo Pelco, una firma del mismo sector que cuenta con instalaciones de procesamiento en Timbúes. Según indicaron, los nuevos directivos asumirían formalmente el control de la empresa en los próximos días, en el marco de un período de transición.

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Retiros voluntarios

En ese contexto, trabajadores de la planta comenzaron a recibir mensajes informando la apertura de un plan de retiros voluntarios dirigido a un grupo específico, fundamentalmente los de mayor antigüedad. La propuesta combina el pago de la deuda salarial acumulada con una compensación adicional. Sin embargo, según denuncian los trabajadores, el monto total ofrecido no alcanza al 60 % de lo que la empresa adeuda.

“El acuerdo que ofrecen incluye la deuda, pero aun así no llega al 60 % de lo que nos deben y además lo pagarían en seis meses”, explicó Traversa, quien también comentó que la difícil situación económica, meses sin cobrar salario, lleva a que varios trabajadores evalúen aceptar la propuesta: “Muchos se están sumando porque necesitan una salida”.

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Al mismo tiempo, entre los trabajadores crece la preocupación por posibles presiones para aceptar los acuerdos. Según señalan, circula la advertencia de que quienes rechacen el retiro podrían quedar en una situación más desfavorable para reclamar judicialmente.

El deterioro de la situación laboral comenzó a evidenciarse en septiembre del año pasado, cuando la empresa modificó el esquema de trabajo. Hasta entonces los operarios cumplían turnos rotativos de 12 horas, pero luego pasaron a jornadas de ocho horas con un sistema de tres semanas de trabajo y una semana de suspensión. Ese cambio implicó una fuerte reducción de los ingresos, ya que las semanas suspendidas no se pagaban. En octubre comenzaron los atrasos en los sueldos, primero con pagos parciales y luego con interrupciones más prolongadas.

“Pagaban en cuotas y nunca el salario completo. Después directamente dejaron de pagar”, explicó Traversa.

Ante esa situación, el gremio químico intervino y se firmó un acta acuerdo en el Ministerio de Trabajo para establecer un cronograma de pagos semanales, aunque los trabajadores aseguran que el compromiso no se cumplió.

A la crisis salarial se sumó recientemente la suspensión de la obra social por falta de pago de aportes, lo que agravó aún más la situación de los trabajadores. “Hace unos 20 días nos suspendieron la cobertura médica”, precisó Traversa.