Procesan a ex directivos de la agencia por licitaciones direccionadas y retornos. Los Whatsapp que los involucran y las "condiciones" para tener todo arreglado
El extitular de la Afip Rosario y Santa Fe en una nueva causa de corrupción.
El Juzgado Federal de Santa Fe N°1 dictó el procesamiento de Carlos Vaudagna, exdirector regional de Afip Santa Fe, y otros agentes por negociaciones incompatibles con la función pública y abuso de autoridad. La maniobra consistió en moldear una licitación para alquilar las sedes del organismo y cobrar retornos.
Durante una década tres eran funcionarios de la actual Arca y uno apoderado de un grupo empresario armaron une squema de sobreprecios y sobornos. Se los acusa de favorecer mediante un direccionamiento de una licitación al "Fideicomiso La Plaza" en el alquiler de la sede del organismo, una maniobra que habría generado un perjuicio millonario al Estado y el cobro de retribuciones ilegales.
El juzgado resolvió la situación procesal de los encartados en la causa caratulada “Vaudagna, Carlos Andrés y otros s/ Violación de secretos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. El magistrado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Vaudagna, el agente de Afip Diego Cignetti, Carlos Barrale por entonces Jefe de la Sección Administrativa y el particular Carlos Bsereni, administrador del fideicomiso en cuestión.
Vaudagna se habría involucrado irregularmente, con el fin de asegurar la contratación efectuando apreciaciones que habrían excedido sus atribuciones dentro del procedimiento licitatorio. En específico, en su carácter de Director Regional y junto a Barrale, habrían direccionado irregularmente la Licitación Pública Nº 05/2010 con el objeto de alquilar un inmueble para las sedes de las dependencias indicadas.
Según las pruebas recolectadas, se incluyó una “condición arbitraria” en los pliegos que establecía una orden de prelación excluyente para favorecer específicamente al edificio del Fideicomiso La Plaza.
El pliego, redactado por Barrale y Vaudagna, fue diseñado "a medida" para el oferente ganador, impidiendo la evaluación de otras alternativas que podrían haber sido más convenientes para el erario público.
Una vez vencido el contrato original en 2016, el organismo mantuvo la ocupación del edificio durante casi diez años bajo la figura excepcional del “abono legítimo”. Esta modalidad permitió abonar cánones que superaron ampliamente los índices de inflación, generando una diferencia acumulada de $544.281.716,26 actualizada a valores de junio de 2025.
En rigor, existieron pagos por encima de los valores de mercado e índices de inflación, lo que generó un perjuicio millonario al erario público.
Uno de los pilares de la acusación son los mensajes intercambiados a través de WhatsApp entre el agente Cignetti y Vaudagna. En estas comunicaciones, se coordinaba regularmente la entrega de “sobres” o “algo” que Cignetti cobraba como contraprestación por el direccionamiento de las licitaciones.
En varios mensajes, Cignetti le informó a Vaudagna: "Tengo sobre p vos, cdo venis?"; "Si venis x sta fe avisame yt alcanzo algo"; “Paso mañana a la noche, te llevo algo y una pregunta”; “Bien, estas sta fe? Tengo algo p vos”. También de Vaudagna a Cignetti: “Diego si estás el fin de semana avísame así pasó a buscar lo que me dijiste”.
Todas estas comunicaciones me permiten inferir con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, que Cignetti se habría encargado de cobrar el dinero que habrían obtenido como contraprestación de las gestiones realizadas para direccionar la licitación en favor de la empresa Fideicomiso “La Plaza” y que Vaudagna recibía regularmente sobres con dinero de parte de aquél.
Asimismo, se acreditó que el representante del fideicomiso, Bsereni, mantenía una comunicación fluida con los agentes para sugerir maniobras que eviten que otros competidores ganen futuras licitaciones.
El juez calificó las conductas como negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, al verificarse que los funcionarios actuaron simultáneamente como representantes del Estado y como partes interesadas en el negocio privado.
Como parte de la resolución, se dispuso trabar embargo sobre los bienes de cada uno de los procesados por la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000); mantener la prohibición de salida del país sin autorización judicial previa; informar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) sobre la irregularidad de mantener el alquiler bajo la modalidad de bono legítimo desde el año 2016.
La resolución destaca que el "abono legítimo" se convirtió en este caso en un mecanismo para legitimar contrataciones informales y actos de corrupción, eludiendo los controles previstos por la ley.
Vale recordar que Vaudagna y el exjuez federal Marcelo Bailaque están bajo investigación judicial por presunta corrupción y extorsión a empresarios en Santa Fe y Rosario. El exjefe de AFIP declaró bajo la figura de imputado colaborador, admitiendo su participación en maniobras ilícitas. Según la declaración de Vaudagna, junto con Bailaque y el financista Fernando Whpei, habrían coordinado el armado de causas judiciales. El esquema consistía en generar denuncias anónimas en la AFIP que luego eran elevadas al juzgado de Bailaque para presionar a empresarios.
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