Desde la Asociación de Transportistas Especiales de Santa Fe dijeron que el fallo alcanza a todo el país, pero no creen que el Gobierno nacional lo cumpla
Virginia Benedetto / La Capital
Una resolución de la Justicia federal de Córdoba obliga al gobierno nacional a regularizar los pagos del programa Incluir Salud y de prestaciones para beneficiarios del Pami.
Una resolución dictada por la Justicia federal de Córdoba obliga al Pami y al Ministerio de Salud de la Nación a normalizar la cadena de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad, que tienen sus aranceles notoriamente desactualizados.
Si bien la medida, dictada por el juez Miguel Vaca Narvaja, a cargo del Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, representa un espaldarazo para el sector, prestadores rosarinos no se muestran esperanzados de que el gobierno nacional cumpla con lo que resolvió la Justicia.
"El incumplimiento del gobierno nacional en la cadena de pagos afecta directamente a las personas con discapacidad de manera irreversible. Lo dice el fallo", expresó a LT8 Pablo Bolego, referente de la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes).
Bolego explicó que la resolución de la Justicia federal cordobesa surgió tras una presentación por parte de un colectivo de prestadores y que el fallo alcanza a todo el país, por lo que el gobierno de Javier Milei debe cumplir con el pago de prestaciones del programa Incluir Salud, que tiene como beneficiarias a personas con discapacidad que no tienen cobertura médica, y con beneficiarios del Pami. En el caso de Incluir Salud, los pagos están suspendidos desde noviembre del año pasado.
De todos modos, afirmó que no están "muy esperanzados" de que el gobierno cumpla con el fallo: "No cumple con la ley desde el comienzo de su gestión".
"Trabajamos enormemente en la ley de emergencia en discapacidad, conseguimos votos, nos reunimos con todos los legisladores y la ley ha ha salido casi por unanimidad, pero el gobierno decide incumplirla sistemáticamente con diferentes artilugios: desde el veto hasta pasar por la Justicia", describió Bolego.
Desde el sector creen que esta cuestión escalará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta situación, consideró, "va a ser un tiro en el pie para el gobierno" y anticipó: "No vamos a abandonar esta lucha".
>> Leer más: Crisis en discapacidad: presentan un proyecto de ley para crear un fondo provincial de emergencia
Las personas con discapacidad, remarcó, atraviesan un momento muy complicado y, a eso, se suma la falta de prestaciones básicas para que tengan una mejor calidad de vida. "El gobierno tiene que entender que es muy importante que cumpla con la ley de emergencia y no abandone a las personas con discapacidad. Transitan un momento de complejidad, y más aquellas que tienen una situación de pobreza como las que están en Incluir Salud, que muchas veces asisten a centros de día o centros de rehabilitación y allí reciben la única comida del día", expresó.
Por último, detalló que localmente "están cerrando muchos centros de rehabilitación y centros de día que atienden a personas con discapacidad", mientras que son cada vez más los transportistas que evalúan no continuar con las prestaciones porque no hay aranceles que acompañen los sucesivos aumentos de combustibles. Lo único que los hace seguir, contó Bolego, es "una vinculación que se crea con la persona con discapacidad, porque hay un compromiso social que va más allá de lo económico".
Por Luis Castro
Por Facundo Borrego
Por Pablo R. Procopio