El oficialismo logró media sanción para reformar el régimen vigente desde 2021. En Santa Fe y otras provincias, los descuentos quedarían limitados a hogares vulnerables
El proyecto retrotrae el beneficio automático a las zonas originales del régimen: la Patagonia, Malargüe y la Puna
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para modificar el Régimen de Zona Fría y recortar subsidios al gas en provincias incorporadas durante la ampliación de 2021. La iniciativa fue aprobada por 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Ahora deberá ser tratada en el Senado.
Si el proyecto se convierte en ley, departamentos de provincias como Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Salta y Jujuy dejarían de tener automáticamente descuentos en las tarifas de gas y sólo mantendrían el beneficio los hogares considerados vulnerables.
La reforma impulsada por el oficialismo modifica la ley 27.637, aprobada durante el gobierno del Frente de Todos, que había ampliado notablemente el alcance del régimen de Zona Fría.
El proyecto propone volver al esquema original vigente desde 2002, que beneficiaba únicamente a la Patagonia, el departamento mendocino de Malargüe, y la región de la Puna.
Para el resto de las zonas incorporadas en 2021, los descuentos dejarían de aplicarse de manera automática y pasarían a depender de criterios socioeconómicos.
El texto establece que sólo podrán acceder al subsidio los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales para un hogar tipo, equivalentes hoy a unos $4,4 millones mensuales.
También quedarían incluidos hogares con integrantes registrados en el ReNaBaP o veteranos de Malvinas con pensión vitalicia.
La ley 27.637 había ampliado el régimen de subsidios al gas a zonas templadas frías y frías de distintas provincias argentinas.
La norma incorporó descuentos:
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Además extendió beneficios a:
Según datos citados por Defensa de Usuarios y Consumidores (De.U.Co), actualmente existen unos 4,3 millones de usuarios alcanzados por el régimen. Más de 3,3 millones fueron incorporados a partir de la ampliación de 2021.
Aunque todavía no hay un cálculo definitivo sobre cuántos usuarios perderían el subsidio en cada distrito, el cambio impactaría sobre más de 100 departamentos del país.
En Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires existen amplias zonas incorporadas al régimen durante los últimos años.
Uno de los gobernadores que salió rápidamente a cuestionar la medida fue Martín Llaryora. “Sacar a Córdoba de la Zona Fría es una locura”, sostuvo el mandatario provincial, quien advirtió que la modificación podría afectar a más de 600 mil usuarios cordobeses.
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Mientras la oposición intenta rechazar este proyecto, el diputado nacional Diego Giuliano expuso que más de 550 mil viviendas de Santa Fe se verían afectados por el fin de Zona Fría.
Es el total de los ocho departamentos del sur de Santa Fe que fueron incluidos en la ley 27.637: Rosario, con 388.919 hogares beneficiados; General López, 48.765; San Lorenzo, 38.864; Caseros, 19.159; Constitución, 16.740; Iriondo, 14.818; San Martín, 12.680; y Belgrano, 10.658. Según datos del Enargas en 2022, los más de 550 mil hogares representan a 1.76 millones de personas en todo el sur de Santa Fe.
“De ese total, 292 mil usuarios sufrirán un aumento de 50%. En nombre del equilibrio fiscal, se apela al desequilibrio social y, en este caso, a la crueldad”, argumentó el legislador del bloque Unión por la Patria.
También desde San Luis expresaron preocupación por la situación de localidades con bajas temperaturas y alta amplitud térmica que quedarían afuera de los descuentos automáticos.
El oficialismo sostiene que el régimen vigente desde 2021 amplió excesivamente los subsidios y que el nuevo esquema busca focalizar la asistencia únicamente en hogares vulnerables.
La iniciativa además plantea que el subsidio se aplique exclusivamente sobre el precio del gas y no sobre el total de la tarifa.
El proyecto también incluye una prórroga de incentivos para energías renovables hasta 2045 y un mecanismo de regularización de deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa.
Voceros dicen que la iniciativa no resuelve la inequidad federal y termina trasladando más costos a las familias y al sector productivo.
Por Facundo Borrego