La diputada provincial Lucila De Ponti dijo que el problema es la falta de integración socio-urbana. Piden regularizar la situación para cobrar la tarifa social
De Ponti pide que la EPE y la provincia regularice la situación en los barrios
En el marco del conflicto por la deuda que la Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez mantiene con la Empresa Provincial de la Energía (EPE), que puede generar tensión social en la vecina ciudad, la diputada provincial Lucila De Ponti presentó una comunicación al Poder Ejecutivo solicitando la conformación de una mesa de diálogo y trabajo que permita encontrar soluciones posibles frente a la delicada situación.
Actualmente, la cooperativa encargada de distribuir el servicio de energía eléctrica a nivel local acumula una deuda superior a los 6.000 millones de pesos. Como respuesta, la firma dijo que haría cortes programados en los barrios populares, zonas donde se registra un alto porcentaje de conexiones irregulares.
De Ponti recordó que la situación está directamente vinculada a la falta de integración socio-urbana en la que viven miles de familias de la ciudad: “En 2018, el Renabap registró 27 barrios populares en Villa Gobernador Gálvez, donde habitan casi 6.000 familias. El 93% tiene conexiones irregulares a la red eléctrica y el 100% no cuenta con registro dominial”.
“Esto dificulta enormemente cualquier proceso de regularización, la colocación de medidores comunitarios o la asignación de tarifas sociales. Se necesitan obras de infraestructura y, para eso, es fundamental la planificación entre todos los actores”, sostuvo la legisladora.
La idea de fondo es que se hagan intervenciones en los barrios populares que no tienen servicio registrado, es decir, están enganchados, lo que produce un desfase a la hora de cobrar la tarifa para la cooperativa local.
La propuesta de De Ponti apunta a generar un espacio de trabajo que incluya al Gobierno provincial, la EPE, la cooperativa y las autoridades locales, con el objetivo de avanzar en un esquema que permita garantizar el acceso a un servicio esencial sin profundizar la vulnerabilidad de los sectores populares.
Por su parte, el concejal Nicolás Ramírez advirtió sobre el impacto social de los cortes programados: “Veo que se intenta cortar el hilo por lo más fino. Amenazar a la gente con dejarla sin luz no es la solución. Esta situación es insostenible hace tiempo y que de un día para otro se amenace a los vecinos no me parece correcto. La gente no tiene la culpa: son trabajadores que quieren pagar sus servicios y, por la ineptitud de otros, no pueden hacerlo. La provincia tiene que intervenir y revisar la relación entre la EPE y las cooperativas para encarar un abordaje adecuado”.
Por Tomás Barrandeguy
Por Leandro Garbossa
