La nueva emergencia en seguridad quebró la paz del receso legislativo

La sorpresiva ampliación del temario de sesiones extraordinarias de la Legislatura santafesina, que sumó el pedido de una nueva emergencia en seguridad —hasta el 31 de diciembre de 2023— presentado por la Casa Gris ante el Senado, quebró la paz impuesta por el receso de verano y detonó el malestar del arco opositor provincial.

El 31 de diciembre pasado había finalizado la emergencia en seguridad estipulada por un proyecto presentado en su momento por diputados socialistas y de otros partidos políticos. Y el llamado a extraordinarias realizado por el gobernador Omar Perotti en la ultima quincena de 2022 no incluyó la continuidad de esa medida.

Si bien hubo contactos informales del Ejecutivo santafesino con legisladores antes que el pedido de la nueva emergencia en seguridad ingresara a la Cámara alta, entre las bancas opositoras de Diputados reaccionaron con dureza.

Juan Cruz Cándido (UCR Evolución), presidente de la comisión de Seguridad de la Cámara baja, echó mano a Twitter y cuestionó: “Emergencia, otra vez. Para quien no sabe a dónde va, no hay barco ni viento que le venga bien”.

De paso, el diputado buscó abrir otro debate en redes sociales: la supuesta distribución oficial de los fondos Covid (asignados por la Legislatura) según el color político de turno en los gobiernos locales.

Su par de bancada y ex ministro del área del gobierno del Frente Progresista Maximiliano Pullaro sostuvo que “no hay un plan para la seguridad de los santafesinos, por eso no existe presupuesto que alcance”.

“Desde el inicio, al gobierno de Perotti se le otorgó la ley de emergencia cada vez que la pidió. Pero no pueden ejecutar los recursos disponibles por la improvisación y la falta de gestión”, continuó.

En el socialismo, la diputada Lionella Cattalini afirmó que el mandatario provincial “debe explicar por qué no usó la plata que tenía para seguridad”, tras lo cual enfatizó: “Su gobierno quedará en la historia por la ineficiencia para gestionar las prioridades de las y los santafesinos”.

“Tienen presupuesto, pero no lo utilizan”, continuó la legisladora, que insistió en que la Casa Gris “cuenta con herramientas administrativas para agilizar los procesos de compras y licitaciones, y aún así no pudo avanzar en adquisiciones concretas como los chalecos antibalas y los inhibidores de señal en las cárceles”.

Por su parte, la diputada Ximena Sola (Juntos por el Cambio, JxC) recordó que, “a octubre del año pasado, sólo estaba ejecutado el 1,5 por ciento de la emergencia aprobada por la Cámara baja en 2022”.

“En Rosario tenemos doce homicidios en lo que va de enero. Y 2022 fue el año más violento en la historia de la provincia. Lo que hace falta es una decisión política para enfrentar al delito”, sentenció.

La previa

Más allá de los pasos que den los senadores a partir de febrero, en la Cámara baja —con mayoría no peronista— la oposición ya evalúa solicitarle a la Gobernación explicaciones sobre lo realizado con la ley de emergencia anterior y los objetivos del nuevo pedido.

“El decreto de Perotti enuncia, por arriba, inversiones que quieren hacer en el Servicio Penitenciario pero nada dice sobre la seguridad pública”, deslizaron a La Capital entre las filas no oficialistas.

Incluso, dieron a entender que la Casa Gris podría haber evitado formalizar una nueva petición y, en cambio, apelar “a mecanismos ya previstos en las leyes de administración financiera y de obra pública para las emergencias”.

También resaltaron que el período a abarcar por una nueva emergencia en seguridad incluirá la fase de transición (Perotti no tiene reelección), razón por la cual la iniciativa “debería ser consensuada con todos los sectores porque puede comprometer al próximo gobierno provincial”.

Una semana atrás, la Casa Gris había materializado con Gustavo Bode el reemplazo de Ana Morel, la polémica secretaria de Administración Financiera del Ministerio de Seguridad.

La funcionaria supo capitalizar un prolongado blindaje, pero la decisión de priorizar el presupuesto la hizo colisionar con los tres últimos titulares de la cartera. Y terminó agotando todo el respaldo disponible de parte del Ejecutivo.

Bode, secretario de Coordinación Administrativa, Legal y Técnica del Ministerio de Igualdad y Género, acompañó en su momento la gestión de Roberto Sukerman en Gobierno y tiene un marcado perfil político, que luce clave por haberse incorporado a un área que enfrenta una problemática que ni el nuevo año logra atemperar, en especial en Rosario, y que tonifica el ariete de campaña de la oposición.

Morel se había quedado sin avales tras la caída de una compra de 5.500 chalecos antibalas para la Policía de Santa Fe, que fue confirmada públicamente por el propio ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi. Justo cuando Rosario superaba la cifra más alta de homicidios registrada en su historia.

“Al gobernador le llevó tres meses la decisión de desplazar a Morel, quien ponía trabas a la ejecución de la ley de emergencia”, rememoró Sola respecto de la salida de la secretaria.

Paralelamente, en la Cámara baja tampoco desestimaron una convocatoria a Bode, sucesor de la controvertida funcionaria, de cara al debate por venir.