La Legislatura suspendió al fiscal rosarino Adrián Spelta por 60 días sin goce de haberes por considerar “una falta grave” la prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval, que después fue asesinado en la casa donde cumplía el beneficio.
La Legislatura suspendió al fiscal Adrián Spelta durante 60 días sin goce de haberes por el caso de la prisión domiciliaria de Emanuel Sandoval, asesinado en 2019. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital.
La Legislatura suspendió al fiscal rosarino Adrián Spelta por 60 días sin goce de haberes por considerar “una falta grave” la prisión domiciliaria a Emanuel Sandoval, que después fue asesinado en la casa donde cumplía el beneficio.
La sesión estuvo presidida por el presidente provisional del Senado, Rubén Pirola. El senador radical Lisandro Enrico, integrante de la comisión bicameral de Acuerdos, relató el caso. El expediente llegó a la Legislatura en 2019, enviado por la auditora de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranich, que consideró que se podía estar ante una falta grave.
En 2017, “Ema Pimpi” Sandoval era investigado en una causa por triple tentativa de homicidio y en otra por un ataque a tiros ocurrido en 2013 contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti. Sandoval fue asesinado en octubre de 2019 donde cumplía el beneficio, en una casa de la zona norte de Rosario.
El centro de la polémica, detalló Enrico, es que Spelta acordó con el abogado de Sandoval la prisión domiciliaria cuando ya estaba vigente la ley 13.746, que volvió más exigentes los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria.
Por ese acuerdo, refrendado por el juez Hernán Postma, el procurador de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Jorge Barraguirre, impulsó un jury contra el magistrado, que fue desestimado en votación dividida -fue seis contra cuatro- en el Tribunal de Enjuiciamiento.
Al mismo tiempo, avanzó en la Legislatura el proceso contra Spelta, que se demoró por los distintos recursos que fue presentando el ahora fiscal suspendido en la Justicia. Finalmente, en junio de este año el máximo tribunal de la provincia dictaminó que las leyes que habilitan a los senadores y los diputados la facultad disciplinaria de los fiscales son constitucionales.
En el dictamen de la comisión de Acuerdos, indicó Enrico, pesó -a su favor- la actuación de Spelta en casos anteriores. “Es un fiscal reconocido, pero en esta causa se equivocó. Que este caso sirva para que los fiscales y los jueces apliquen procedimientos legales. No es el ánimo perseguir a ningún fiscal”, dijo el representante del departamento General López.
Antes de la votación, el diputado Carlos del Frade argumentó la abstención del bloque Frente Social y Popular-Ciudad Futura y planteó que hay que rediscutir la ley 13.013. “Hay voces de la vida política e institucional que hablan de persecución institucional a fiscales, necesitamos debatir el alcance de la ley para que no haya sospechas y se garantice la transparencia”, señaló.
Luego de la intervención de del Frade, los legisladores votaron el dictamen de la comisión de Acuerdos: de los 15 senadores presentes, todos votaron a favor, y de los 45 diputados en la sesión, 43 votaron por la afirmativa y se registraron dos abstenciones.
Spelta es jefe de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Regional Rosario. Otro de los puntos de la resolución le impide al funcionario acercarse a las instalaciones del MPA durante el lapso de la sanción.
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