Foto: Archivo / La Capital.
Cecilia Vranicich (izquierda), jefa del MPA, en la reunión con integrantes de la comisión Bicameral de Acuerdos a raíz de la crisis en la regional rosarina.
La comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura provincial definió este miércoles llevar adelante una investigación al fiscal rosarino Matías Edery que podría derivar en su suspensión o su destitución. Se definió que la diputada Lorena Ulieldin sea la legisladora que lleve adelante la acusación contra el fiscal.
Antes de tomar esta decisión, los legisladores recibieron al auditor general del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Leandro Mai, a la fiscal regional de Rosario, María Eugenia Iribarren, y a la fiscal general María Cecilia Vranicich.
Los senadores y diputados provinciales comenzarán ahora una investigación que deberá atravesar varias etapas: acusación, provisión de pruebas, escucha de testimonios y defensa de Edery. Finalmente, llegará un dictamen por la suspensión o la destitución.
Edery enfrenta una grave acusación de sus pares Pablo Socca y Miguel Moreno. Lo denunciaron por tener una conducta omisiva con Mariana Ortigala, testigo protegida que derivó en informante de la Agencia de Criminalidad Organizada, donde el fiscal cuestionado se desempeña. Y una relación impropia con Lorena Córdoba, imputada en una causa de juego ilegal. Socca y Moreno lo señalaron en el marco de una serie de audiencias en que estas dos mujeres fueron imputadas de ser partícipes de una tentativa de extorsión organizada por el líder de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, a quien Edery investigó en numerosas causas desde 2018.
El auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, fue citado por los legisladores. En su dictamen se inhibió de intervenir en el caso de Edery por considerar lo que se le adjudica como pasible de sanciones por falta grave que superan los 60 días, que es el máximo que como funcionario auditor puede aplicar de manera autónoma.
En su defensa, en diálogo con La Capital, el fiscal Edery sostuvo no haber cometido falta ni delito. Adujo haber explicado cada recriminación y haber entregado evidencia de que actuó en sentido contrario al que le atribuyen. También señaló que no cree que lo que dijo en su descargo haya sido evaluado con tiempo ya que el auditor, señala, remitió su decisión de pasar el caso a la Legislatura en menos de 24 horas de recibir sus explicaciones.
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Lo cierto es que el sacudón institucional, más allá de centrarse en la situación de Edery por una presunta extralimitación en el vínculo con Ortigala, desenmascaró los cortocircuitos entre integrantes de una regional del MPA sitiada por alarmantes índices de violencia.
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