El caso del fiscal Matías Edery será analizado este miércoles por los miembros de la Comisión Bicameral de Acuerdos de la Legislatura. Dos de sus colegas lo denunciaron por tener una conducta omisiva con Mariana Ortigala, testigo protegida que derivó en informante de la Agencia de Criminalidad Organizada, donde el fiscal cuestionado se desempeña. Y una relación impropia con Lorena Córdoba, imputada en una causa de juego ilegal. Los fiscales Pablo Socca y Miguel Moreno lo señalaron en el marco de una serie de audiencias en que estas dos mujeres fueron imputadas de ser partícipes de una tentativa de extorsión organizada por el líder de Los Monos, Ariel "Guille" Cantero, a quien Edery investigó en numerosas causas desde 2018. El auditor general de Gestión del Ministerio Público de la Acusación, Leandro Mai, fue citado por los legisladores. En su dictamen se inhibió de intervenir en el caso de Edery por considerar lo que se le adjudica como pasible de sanciones por falta grave que superan los 60 días, que es el máximo que como funcionario auditor puede aplicar de manera autónoma.
En diálogo con La Capital, Edery sostiene no haber cometido falta ni delito. Aduce haber explicado cada recriminación, dado evidencia de que actuó en sentido contrario al que le atribuyen. También señala que no cree que lo que dijo en su descargo haya sido evaluado con tiempo ya que el auditor, señala, remitió su decisión de pasar el caso a la Legislatura en menos de 24 horas de recibir sus explicaciones.
-Suena fuerte, en distintos ámbitos políticos y del propio MPA, que además que los cuestionamientos que se divulgaron públicamente hay contra usted otros que aún no se difundieron. ¿Tiene conocimiento de esas otras cosas?
-No y no sé que haya otras cuestiones. Todo lo que se hizo se hizo público y lo respondí en un descargo ante el auditor del MPA. No hay nada nuevo que sume a lo que dicen que hay en mi contra. Sé que hay rumores pero la síntesis son las acusaciones que contesté y que tiene la Legislatura.
-El auditor ya considera que usted incurrió en una aparente falta grave digna de una sanción que lo supera y se inhibió de actuar. Eso significa que su descargo no lo convenció.
-No sé sinceramente si el auditor leyó el descargo o si tuvo oportunidad de hacerlo antes de hacer su escrito a la Legislatura. Yo lo hice espontáneamente sin que me hayan corrido traslado o puesto en conocimiento de las faltas de las que me acusan. Por la premura con que se inhibió y se manifestó ante la Legislatura no se si llegó a leer el escrito. Creo que fui contundente en mi descargo en el sentido de que respondí a cada hecho con manifestaciones y evidencia. Entiendo que de haberlo leído habría ameritado alguna repregunta o aclaración de algún punto sobre el que no me hubiera expedido suficientemente. Esta es una cuestión muy compleja por los temas que trata y por la necesidad del análisis de evidencia y de cuidado que no deben ser manejadas con tanta prisa. Espero que lo que planteé en mi defensa se tenga en cuenta.
-Un planteo de los fiscales que lo denuncian por proteger a Ortigala dice: "En años de investigación a Los Monos no encontraron lazos para imputar a Ortigala. Nosotros en solo tres meses le encontramos 14 propiedades que no puede justificar".
-Es un planteo tendencioso y agarrado de los pelos. También los fiscales que me denuncian investigaron a facciones de Los Monos y tampoco encontraron mérito para imputar. Además de las investigaciones que señalan participamos doce o trece personas haciendo análisis criminal sobre Los Monos y en esa estructura en que nosotros nos detuvimos jamás apareció Ortigala en algún teléfono o en alguna comunicación sin que lo notificáramos como es debido y lo expliqué en el descargo. Nosotros investigamos los vínculos ligados a Los Monos muy relativos a la dinámica de la barra de Newell’s, a grupos que peleaban en situaciones muy violentas en la ciudad, con extorsiones y balaceras por órdenes que impartía Guille Cantero. Y como digo ella en esa evidencia nunca apareció. En las células de estos grupos participó incluso en parte Socca y nunca apareció Ortigala. No se puede inventar la evidencia. Se hicieron cuestionamientos de que nosotros debimos haber incluido en la investigación del homicidio de Rodrigo Sánchez, un allegado de Alvarado en Wilde y San Lorenzo, a la propia Ortigala, ya que fue venganza del atentado a la vida que ella sufrió. Pero todo eso pasó en un juicio y eso estuvo en nuestro alegato de apertura. Pero cuando analizamos la conducta de Mariana Ortigala lo que ella menciona fue averiguar quién había estado detrás de su ataque y al averiguar denunciarlo. Nosotros no encontramos evidencia de que ella tuviera otra implicancia. Ellos mencionan que en tres meses encontraron esas propiedades pero no imputaron nada por esas propiedades. Montaron un show sobre eso pero no hubo imputación de lavado o administración para terceros. Solamente, entre comillas, descubrieron que tenía propiedades una persona que nosotros teníamos también como víctima o testigo. También Procunar y Fiscalía Federal investigaban a Ortigala y a Los Monos y no la imputaron porque no hubo indicios en su contra.
-Usted dice que colaron su nombre y sus chats en una audiencia sin justificación y de manera forzada para dañar su nombre. Pero los fiscales afirman que debían hacerlo para argumentar la peligrosidad procesal de Ortigala mostrando cómo usted, supuestamente, la protegía. ¿No puede tener eso que aducen un sentido estratégico razonable en una acusación?
-La respuesta de eso está en la resolución de la jueza Trinidad Chiabrera de esa misma audiencia. En el argumento de su resolución no mencionó una palabra de esa difamación que me hicieron para justificar nada. La peligrosidad procesal es un estadio que tiene que ver con la posibilidad que una persona acusada se fugue, o no se presente a la Justicia, intente eludir la investigación o alterar las pruebas. Cuando la jueza justificó la prisión preventiva no dijo nada de eso. Los que estuvieron en la audiencia se dieron cuenta de que fue una barbaridad y una exageración ventilar cosas de mi vida privada que no tenían nada que ver con el desarrollo de la audiencia donde estaban imputadas otras personas. Lo hicieron para sostener una barbaridad injustificable. Era una cuestión totalmente abusiva y arbitraria. La respuesta se la dio la jueza al no mencionar nada en su resolución. Creo que la auditoría también debería analizar eso, al margen de develar la identidad del carácter de una persona que daba información y ponerla en riesgo. Fue una irresponsabilidad y una burla para quienes conocemos de Derecho.
-Una de las cosas que se plantean es que para avanzar en investigaciones usted favoreció al capitalista de juego Leonardo Peiti, que fue testigo colaborador, con una baja pena en un abreviado a cambio de información para acusar. Y que eso saldrá a la luz cuando se examine en detalle ahora esa condena. ¿Hubo una presión ilegítima sobre Peiti para direccionar sus declaraciones? ¿La hubo con otros imputados como Lorena Córdoba?
-Para nada. En absoluto. Lo de Peiti fue parte de una negociación en la que él tuvo asesoramiento activo de sus abogados defensores. Jamás se lo presionó para que declare o manifieste alguna cuestión por fuera de lo qué él deseaba. Además analizando el resto de la prueba con la declaración de Peiti queda muy claro lo que ocurrió. El declaró en ese contexto. No fue una pena baja, fue una pena de tres años, lo que permite le ley, con una multimillonaria multa que fue pagando. Lorena Córdoba no fue imputada en la causa nuestra sino en Rafaela. Estuvimos presentes en su declaración porque sus dichos podían tener relación con causas nuestra. Como sus dichos no se pudieron acreditar con otras pruebas no tuvo relevancia para nosotros. Imagino que me lo pregunta por una captura de pantalla de una conversación mía con Lorena Córdoba. En mi descargo eso está largamente explicado de cómo se dio. Con las respuestas de ella en la misma audiencia queda claro por qué no hubo nada indebido y por qué nosotros no pudimos aprovechar su testimonio en nuestra investigación.
-El senador Traferri planteó que los va a desenmascarar porque buscaron desprestigiarlo con una investigación tramposa. También dice que lo hicieron siguiendo indicaciones del ex ministro Sain. ¿Tuvo Saín el peso que los llevó a imputar en ese trámite? ¿Fue al menos como una influencia para hacerlo?
-Para nada. La imputación de Traferri tuvo que ver con acumulación de evidencia. Lo primero es la llamada del diputado Scattaglini para que el senador tuviera una reunión con Leandro Peiti. La causa inicial la tenía el fiscal Merlo en Melincué en 2017 donde Peiti daba cuenta de contactos con él que están acreditados. Todo lo que se hizo en la causa tiene que ver con evidencia incuestionable que ha servido incluso para condenar a otras personas. El ex fiscal regional Patricio Serjal ha pasado la instancia preliminar para ir a juicio lo que han convalidado tres jueces en el mismo trámite. En la colección de evidencia no tuvo que ver Sain, no tuvo conocimiento del avance de la investigación más que por los medios. Los que tuvieron la ocasión de estar en audiencias de esta causa saben que hay evidencia muy robusta.
-¿Hizo en este caso algo impropio o reprochable a su condición de fiscal? Pienso no solo en el trato a Ortigala como informante sino por ejemplo en sus chats con Lorena Córdoba que era una imputada en una causa penal. ¿Hizo algo que usted como fiscal le habría reprochado a otros?
-Estoy convencido de que no, no hice nada que amerite una sanción, ninguna falta y mucho menos algo fuera de la ley. Si una cuestión que tiene ver con mi vida privada ventilada con evidente mala fe puede ameritar una sanción será una decisión a tomar por quienes me juzguen. Si una acción privada de una persona en el ámbito de la intimidad que fue vulnerada de modo arbitrario puede dar lugar a una sanción es un análisis que debe hacerse. En el marco del Estado de Derecho las acciones privadas no tendrían que tener una consecuencia disvaliosa. En muchísimas investigaciones o análisis de teléfonos o intervenciones nosotros encontramos diálogos de personas, funcionarios públicos, policías que podían tener un cuestionamiento moral. Pero jamás se nos ocurrió ventilarlos o darlos a conocer. Son asuntos que no pasan el ámbito de la intimidad de las personas.
