Unos 237 congresales (de 455) participaron ayer del congreso provincial del PJ, que se reunió en
la ciudad de Santa Fe para postergar la fecha de su interna —cosa que hizo— y decidir
tres acciones políticas que en orden de prelación van desde oponerse a la reforma constitucional,
confrontar políticamente con el gobierno provincial y exigirle a la vicegobernadora, Griselda
Tessio, una retractación pública por haber ofendido al “pueblo peronista” por decir que
la frase “de casa al trabajo y del trabajo a casa” no es —como creen los
peronistas— una creación de Juan Perón sino que remite al fascismo italiano.
El por momentos tenso pero correcto congreso, presidido por Angel Baltuzzi, convocado de
urgencia y de modo extraordinario se reunió en el cine teatro Garay del Colegio Inmaculada de la
capital provincial y tuvo en la reforma constitucional propiciada por Hermes Binner su principal
objetivo. En rigor, se trató de decirle no a la iniciativa oficial hasta que el PJ provincial haya
resuelto su interna.
Lo que el congreso peronista resolvió ayer de modo unánime fue encorsetar cualquier acción y
amordazar a todos sus dirigentes y afiliados para coartar los intentos de acuerdo que les proponga
el gobierno.
Sin discusión. La resolución fue llevada ya escrita como resultado de las negociaciones que
días previos habían iniciado las autoridades partidarias con los presidentes de los bloques
legislativos.
El ex convencional constituyente Antonio Ciaurro fue el encargado de argumentar políticamente la
negativa.
“Otra vez en la provincia se bate le parche de la necesidad de reformar la Constitución.
La primera pregunta que debemos hacernos es si existe una necesidad inmediata para hacerlo. Porque
supuestamente su texto actual nos impide que la provincia tenga las instituciones que necesita.
Debemos decir que no existe un reclamo popular por la reforma. Pero que sí existe una exigencia por
los problemas de seguridad; de mejores servicios públicos; por los anunciados incrementos de
tarifas de energía, de impuestos, de tasa municipales”, leyó Ciaurro.
“No existe una sola disposición de la Constitución —insistió— que impida
legislar sobre algún aspecto que haga al desarrollo u prosperidad general. Esta pretendida
urgencia, no es tal. Las actuales autoridades no han entendido que gobernar exige de una selección
de prioridades que atiendan a las reales necesidades de la población. No es mediante constantes
reformas de constitución y de las leyes que hemos de cambiar la realidad de la provincia. La ley no
cambia la realidad; solamente la regula. El padre del constitucionalismo argentino dijo que «el
principal medio de afianzar el respeto a la Constitución es evitar en todo lo posible sus
reformas». A la Constitución no hay que reformarla, hay que cumplirla, ya vendrán tiempos en que
habrá que discutir nuevas normas”.
Según Ciaurro, estos “son tiempos de otras urgencias: seguridad, seguridad, seguridad;
desarrollo, más justicia social, más inversión y no tantas promesas, planes y proyectos
inexistentes”.
Luego pidió que el congreso “ordene a todo dirigente y legislador del partido la absoluta
abstención de tratar todo tema sobre una posible reforma de la Carta Magna sin el debido
consentimiento partidario”.
Amordazados. Nicotra leyó luego la resolución que se aprobaría por aclamación: “Se
resuelve que el análisis de la necesidad, oportunidad y contenido de una reforma constitucional
será competencia exclusiva del congreso partidario” y que “ningún órgano de inferior
rango, ni dirigente partidario y/o legislador fijará posición hasta que un congreso extraordinario
se pronuncie sobre el tema”.
Así, los peronistas clausuraron cualquier discusión y creen haberse puesto a salvo de una nueva
derrota electoral en comicios para convencionales constituyentes.
