Con la firma del presidente Javier Milei, el gobierno nacional declaró "sujeta a privatización" a la compañía Aerolíneas Argentinas. La medida se conoce en medio del fuerte conflicto con los sindicatos del sector por reclamos salariales.
El presidente Javier Milei firmó el decreto que avanza con el proceso de venta de la compañía estatal.
La empresa Aerolínas Argentinas volvería a manos privadas.
Con la firma del presidente Javier Milei, el gobierno nacional declaró "sujeta a privatización" a la compañía Aerolíneas Argentinas. La medida se conoce en medio del fuerte conflicto con los sindicatos del sector por reclamos salariales.
A través del decreto 873/24, la Casa Rosada dio el primer paso para desprenderse de la empresa estatal. Tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial, se comunicará la declaración al Congreso de la Nación, el cual tendrá la última palabra en el proceso.
Tras quedar fuera de la lista de empresas a privatizar en la Ley Bases, el oficialismo vuelve a la carga con la intención de vender Aerolíneas Argentinas, en el marco del conflicto con los gremios aeronáuticos y los paros que se sucedieron en las últimas semanas. Así, tras la fallida experiencia de la privatización a manos de Marsans, la compañía podría volver a manos privadas.
Entre los argumentos esgrimidos por el gobierno en el decreto, señalan que el Tesoro Nacional "no se encuentra en condiciones de mantener una empresa altamente deficitaria a través del aporte de cientos de millones de pesos que provienen del esfuerzo de los habitantes de la República Argentina". Y que "la privatización de la compañía y su funcionamiento en condiciones de mercado permitirán una mejor prestación del servicio, el cuidado de las arcas públicas y, principalmente, que los argentinos dejen de financiar el déficit de una compañía ineficiente".
En esa línea, el decreto sostiene que el Estado tiene como objetivo "destinar los limitados recursos fiscales a atender las necesidades de los que menos tienen", en un contexto en el cual "la pobreza alcanza al 52,9 % de la población y la indigencia al 18,1 %".
Con la publicación del decreto, el Gobierno se pone así por encima de los proyectos presentados por el PRO y la UCR. El primero fue presentado por el diputado Hernán Lombardi y también declara a la empresa “sujeta a privatización” en los términos y con los efectos previstos en la Ley 23.696. Además, autoriza al Poder Ejecutivo a “establecer el marco legal y llevar adelante el procedimiento para instrumentar el proceso de privatización referido en el artículo 1°”. El proyecto del PRO lleva la firma de tres representantes por Santa Fe: Alejandro Bongiovanni, Verónica Razzini y Germana Figueroa Casas.
La otra iniciativa la presentó el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. Este texto precisa que al privatizar la firma se contemplen la Ley 23.696 y sus modificatorias, “debiendo cumplir, a tales efectos, con las prescripciones que surgen de dicha norma y las establecidas por los artículos 11 a 14 de la Ley 27.742”, de Bases y Puntos de Partida para los Argentinos.
La iniciativa incorpora una nueva modalidad de servicio desregulado, fija requisitos para choferes y plataformas y mantiene las paradas espontáneas como exclusividad de taxis
Por Lucas Ameriso
Por Luis Castro
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