La Cámara Federal de Apelaciones dispuso que el exjuez federal Marcelo Bailaque enfrente un único juicio oral y público por las tres imputaciones que lo tienen como actor principal. Las causas son: concurso ideal de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público.
En cuanto a los delitos económicos se cuentan concurso ideal de extorsión y concusión, además de recepción de dádivas y lavado de activos de origen ilícito agravado por su condición de funcionario público. De acuerdo con la estimación efectuada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), el exmagistrado enfrentará un pedido de pena de 10 años de prisión además de inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y multas.
La resolución, firmada por los jueces de revisión Elida Vidal y Aníbal Pineda, determinó la unificación de los legajos debido a la estrecha vinculación objetiva y subjetiva entre los hechos investigados, todos cometidos durante su rol como magistrado. En paralelo, y ante la gravedad de los delitos y los riesgos procesales (como la necesidad de resguardar a testigos), los camaristas prorrogaron el arresto domiciliario con tobillera electrónica que cumple Bailaque por otros seis meses, o hasta el inicio del debate.
En las investigaciones intervinieron el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Federico Reynares Solari, el titular de (Procunar), Diego Iglesias, Matías Scilabra y Sergio Rodríguez.
Su cómplice, Fernando Whpei
Puntualmente las acusaciones se basan en haber coordinado entre 2019 y 2024 junto al extitular de la Afip Rosario Carlos Vaudagna, el financista Fernando Whpei y el escribano Santiago Busaniche el impulso de causas judiciales para perjudicar a empresarios. A uno de los damnificados le habrían exigido 200.000 dólares (de los cuales entregó 160.000) para evitar consecuencias penales.
Otra acusación apunta a que Bailaque recibió pagos mensuales de parte del financista y empresario Fernando Whpei entre 2019 y 2025 por un total superior a los 5,7 millones de pesos a través de la mutual Siempre Joven (bajo la fachada de alquileres de un inmueble en Caleta Olivia). Además, junto a su esposa Graciela Martínez Maulion, fue acusado por Procelac de blanquear fondos ilícitos mediante la compra de un lote en un barrio cerrado de Funes en agosto de 2020.
Una de las causas más trascendentes es la de haber tomar decisiones contrarias a derecho y de ocultar su relación personal con el financista Fernando Whpei para favorecerlo con el manejo de la caja de los estibadores de la Cooperativa Portuaria de Puerto San Martín.
De acuerdo con la acusación, en diciembre de 2020 el entonces juez ordenó desbloquear los plazos fijos de la institución. Meses después, en abril de 2021, firmó un decreto liberando primero 150 millones de pesos y luego otros 1.000 millones para realizar operaciones financieras con el Grupo Unión S.A. y una mutual de jubilados, ambas entidades ligadas a su socio Whpei. Además, en ese proceso, rechazó que los propios asociados de la cooperativa pudieran constituirse como querellantes
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Causa Narco
A estas causas se suma la investigación que evaluó su desempeño entre 2014 y 2015 en expedientes vinculados al jefe narco Esteban Lindor Alvarado. Según la fiscalía, Bailaque dictó resoluciones contrarias a derecho que paralizaron la investigación para beneficiar al contador Gabriel Mizzau, amigo personal del exmagistrado y contador de empresas utilizadas por la organización criminal.
Mizzau, amigo y excompañero de colegio de Bailaque, era contador personal del exmagistrado y, a su vez, trabajaba para empresas vinculadas a Alvarado (como Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL). En mayo de 2026, Mizzau declaró como imputado colaborador ("arrepentido") y aportó datos sobre el patrimonio de Bailaque y el lavado de activos.