Diferencias con la Nación: Santa Fe busca cobrar una alícuota en el blanqueo de Milei

En el marco de la adhesión al blanqueo de activos reglamentado por el presidente Javier Milei, el gobierno provincial toca el freno y evalúa anexar sanciones económicas a quienes busquen ingresar al régimen. Puntualmente, analiza si, a la adhesión al régimen nacional, le suma el cobro de un porcentaje a quienes no pagaron impuestos locales, algo que en la ley nacional es exclusivo para la Nación.

El Régimen de Regularización de Activos de la Administración Federal de Ingresos Público (Afip) para pasar a la legalidad los activos que evitaron pagar tributos por llevarlos a otra residencia fiscal es un tema sensible para el gobierno de Maximiliano Pullaro, ya que Santa Fe y, sobre todo, Rosario son tierra fértil para el lavado de activos derivados del narcotráfico que usan las bandas como último eslabón del negocio.

Por eso el blanqueo abre una ventana compleja que no estaba en los cálculos del gobierno provincial y que implicaría un estado de máximo control, más aún en momentos en que los índices de violencia e inseguridad han mermado. Como si fuera poco, la ley nacional no contempla beneficios recaudatorios para la provincia.

Pullaro y el blanqueo

Dos semanas atrás comenzó a madurar en los equipos del gobierno la idea de avanzar en el cobro como forma de compensar lo que la provincia no recaudó en Ingresos Brutos y Sellos de esos activos que nunca fueron declarados.

La ley nacional regula el blanqueo y sus efectos tributarios solo nacionales. Se establece que quien no pagó IVA, Ganancias, Bienes Personales y otros impuestos nacionales pueda abonar una sanción económica menor que todas las obligaciones no pagadas. El régimen plantea una serie de alícuotas de 5%,10% y 15%, recién sobre el excedente de 100 mil dólares, en función a cuándo se ingrese al régimen.

En el gobierno de Santa Fe tienen en mente que en la propia ley de adhesión al régimen nacional, que aún no está en etapa de elaboración, se sume el procedimiento de blanqueo a nivel provincial. Una de las evaluaciones económicas será qué porcentajes de alícuotas establecer, si son menores o iguales y en dólares a las del régimen superior. Esa opción no se descarta. En este momento todo es materia de análisis, de lo tributario a las implicancias políticas de moverse en sentido contrario a lo que pensó el gobierno nacional. Una muestra que el vínculo va cambiando.

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Maximiliano Pullaro analiza cómo adhiere al blanqueo de la Casa Rosada.

Foto: Archivo / La Capital.

Fundamentos

“Hay una cuestión de debate sobre el costo que tendrá el contribuyente. Porque el gobierno nacional sostiene que como el impuesto al blanqueo es coparticipable, las provincias deben acceder sin cobrar. Estamos analizando cuál es el concierto provincial porque se hace en el marco del convenio multilateral”, sostuvo, en la conferencia de prensa donde presentó los resultados financieros del primer semestre, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares sobre la posibilidad de establecer alguna sanción.

La posición del gobierno en este tema se endureció, trazó una línea entre blanqueadores y contribuyentes, y puso una luz de stop. “Queremos ser enfáticos en una cuestión. La semántica importa. Los que accedan al blanqueo son blanqueadores, no son héroes o patriotas”, dijo para marcar el escenario político. Y agregó que “en haras de estas cuestiones se trata de impulsar con cierta intensidad la adhesión rápida de los gobiernos”.

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¿Gratis?

Hay algunas preguntas que se repiten en los pasillos del gobierno: ¿por qué el que blanquea le paga algo a Afip y a la provincia le pide que lo haga gratis? ¿Qué equidad existe entre el que pagó Ingresos Brutos y Sellos y el que nunca pagó nada y ahora declara bienes o dinero y le sale gratis?

Por lo tanto, la idea de fondo es armar una normativa provincial prolija que le dé certeza jurídica a quien exteriorizar, como requiere la norma nacional, pero que también pague localmente. Otro de los fundamentos es que, en caso de no armar un régimen adecuado o no adherir, quien blanquee a nivel nacional quedaría expuesto a que la Administración Provincial de Impuestos (API), Rentas Córdoba u otra agencia de recaudación provincial exija el pago de los impuestos no prescriptos.

El gobernador piensa que el blanqueo pone en una situación difícil a Santa Fe por el simple hecho de establecer y chequear si esos fondos o bienes provienen de la venta de una vivienda no declarada o de negocios ilícitos vinculados al crimen. A eso se le suma la posibilidad de recaudar. Un doble desafío que por ahora se trata con pie de plomo.