Las mineras piden la adhesión provincial al régimen de incentivos. Con ayuda del gobierno nacional, Río Negro le habría birlado a Buenos Aires el proyecto para construir una planta de GNL. Empresarios y contadores reclaman que los distritos se sumen al blanqueo
Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital
El gobernador bonaerense Axel Kicillof, en la foto con Pullaro, ve esfumarse un proyecto de inversión millonario en Bahía Blanca.
La guerra de promociones fiscales entre las provincias fue una característica de los noventa, que ahora parece volver de la mano de un gobierno nacional que les recorta recursos y de presiones empresarias para que se sumen a los beneficios que el poder central le da a los grandes capitales. En el centro de la escena está el blanqueo y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Rigi).
En este último caso, la provincia de Buenos Aires parece ser la primera víctima de una doble maniobra para despojarla de un millonario proceso de inversión para construir una planta de GNL en Bahía Blanca. Un poco por política y otro porque la vecina Río Negro se apuró a adherir al Rigi, determinarían que YPF decidiera montar la planta que construirá con Petronas en el distrito patagónico, según trascendidos de ayer.
En esa línea, la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem) presionó a las provincias para que adhieran al régimen, asegurando que hay inversiones por u$s 25.000 millones. “Es fundamental para generar confianza de los inversores en el país”, dijo la entidad.
Por otro flanco, la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (Facpce), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), advirtieron la necesidad de que las provincias, Caba y municipios adhieran al Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) para “garantizar la efectividad” de la medida.
Ambas entidades consideraron clave esa adhesión para “estimular a los contribuyentes a normalizar sus tenencias y bienes” y que estos no se vean luego afectados teniendo que afrontar costos provinciales.
En un documento elaborado en forma conjunta, la Facpce y Came señalaron que, sin el acompañamiento de las provincias y municipios, “los contribuyentes que ingresen al Régimen podrían quedar expuestos a determinaciones de oficio por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos”, como también de los municipios con las tasas de seguridad e higiene.
Ya en otro tipo de pedido, la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) le pidió al gobierno nacional que vuelque dinero a la calle para incentivar el consumo y una línea de crédito especial para financiar a almacenes y comercios de barrio. La entidad le insistió al secretario pyme de la Nación, Marcos Ayerra, la necesidad de implementar un programa de “Cuota Mayorista”, para financiar a los almacenes y comercios de cercanía.
Por Lucas Ameriso
Por Luis Emilio Blanco