Este martes la Corte Suprema de Justicia, integrada por tres magistrados, definió la prisión y proscripción de la líder peronista. Los detalles de la causa
Cristina Fernandez de Kirckner, tras el fallo, dio un discurso en la puerta de su casa ante la militancia
El lunes 10 de junio de 2025 se convirtió en una fecha que será un hito en la historia judicial, política y social argentina. La líder política del peronismo y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Extensa, mediática y polémica, la causa sigue despertando dudas y debates.
La Causa Vialidad tuvo un largo camino. La primera denuncia, la inicia el proceso, data de 2008, cuando la oposición liderada por Mauricio Macri y Elisa Carrió apuntó contra supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. El planteo denunciaba ilegalidades por parte de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a favor del empresario Lázaro Báez.
En 2016, cuando Cristina terminó su segundo mandato como vicepresidenta, la causa se reanudó y desde entonces avanzó y se frenó irregularmente. No obstante, la última palabra de la Corte no llegó días después de que la líder anunciara su candidatura a legisladora bonaerense por la Tercera Sección. En definitiva, el fallo salió un mes antes de la oficialización de las candidaturas.
La resolución de la Corte no solo ratificó la pena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 y la Cámara de Casación Penal, sino que también desestimó y rechazó, uno a uno, los cuestionamiento que la defensa venía sosteniendo y las contrapruebas que se venían presentando desde hace años.
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Para entender la causa, es preciso prestar atención a ciertas claves:
No todo el mundo tiene claras cuáles son las acusaciones puntuales que se presentaron en la Justicia contra Cristina Fernández de Kirchner. Los delitos por los que se la acusa se desprenden esencialmente de la Causa Vialidad.
En esta causa se acusa a la expresidenta de haber direccionado obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Lo que pretendía investigar esta causa era si el empresario Lázaro Báez (a quien se señaló como cercano al gobierno) resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales financiadas por el Estado durante las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Así también se buscó comprobar si existieron sobreprecios y/o trabajos inconclusos y la participación o aprobación de Cristina Fernández en este hecho.
El fiscal Diego Luciani consideraba contar con las pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad de la ex mandataria y solicitó que esta sea condenada por los delitos de asociación ilícita, en calidad de jefa, y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.
Después de un largo proceso judicial que se extendió desde la reanudación de la causa en 2016, el Tribunal Oral absolvió a la expresidenta por el delito de asociación ilícita y sólo la condenó por administración fraudulenta. Este delito prevé una pena que oscila entre 2 y 6 años. A Cristina se le adjudicaron 6, es decir, el máximo posible.
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El juicio a Cristina no solo fue mediático por la relevancia de su figura a nivel nacional e internacional, sino que gran parte de los planteos se hicieron más bien en forma de denuncias. Tanto figuras peronistas como profesionales del derecho denunciaron irregularidades en la causa y alertaron sobre la posibilidad de que se trate de una persecución política y judicial.
Para argumentar estas denuncias existieron diversos puntos. Uno de los más importantes tiene que ver con la conformación del tribunal. Desde la defensa de la expresidenta se apuntó contra el fiscal Diego Luciani, que además de jugar en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que actúa en este caso, Rodrigo Giménez Uriburu, jugaba junto a este último partidos de fútbol en la quinta "Los Abrojos", propiedad de Mauricio Macri, principal opositor de Cristina e impulsor de la causa en su contra.
Los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky también visitaban a Macri pero en Olivos. Borinsky, incluso, jugaba al paddle en la quinta presidencial. Asimismo, dentro de los auditores del juicio se encontraba Eloy Bona, quien llenaba sus redes sociales escribiendo en contra de Cristina Fernández antes del juicio. Desde la defensa advertían que estas coincidencias con dirigentes opositores no enviaban un mensaje de imparcialidad en una decisión tan importante como la definición de una pena contra una persona, que además representa una figura relevante en la política.
Asimismo, la Corte Suprema argentina, según la Constitución Nacional, debe estar compuesta por cinco ministros. Esto no ocurrió en este caso, ya que Cristina finalmente fue condenada por un triunvirato, una Corte compuesta únicamente por tres miembros. De los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, los últimos dos fueron nombrados por Macri a partir del Decreto 83/2015.
Algunas cuestiones técnicas planteadas responden al peso que recayó sobre Cristina a partir un hecho con el cual no se pudo probar su conexión ni la existencia de tal fraude. Es decir, se la acusa de un delito con el cual no se la puede vincular a partir de pruebas válidas. Uno de los puntos planteados por la defensa es el hecho de que todos los presupuestos durante el gobierno se aprobaron en el Congreso Nacional y la legislatura provincial de Santa Cruz, sin embargo sigue recayendo la responsabilidad en Cristina. Asimismo, la ejecución de presupuesto nacional es responsabilidad de los Jefes de Gabinete y de la aprobación provincial son responsables las autoridades locales. Todos fueron sobreseídos. Solo a Cristina la apuntaron como culpable.
Más polémicas resultaron algunas cuestiones dentro del mismo proceso, donde la defensa cuestionó que el juicio oral haya comenzado sin peritajes realizados sobre las obras (los cuales la misma presidenta impulsó pero no se efectuaron), la incorporación de pruebas fuera de término y plazo que se tomaron y a partir de las cuales no permitieron una defensa, entre otras anomalías que un proceso tan reglamentado como el judicial no debería admitir.
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De más está decir que Cristina niega las causas en su contra, apuntado contra la parcialidad de los jueces, las anomalías en el proceso y las trabas e inconstitucionalidades presentadas ante su derecho a defenderse. La ex mandataria aseguró ser víctima de lawfare y persecución política en un hecho comparable a lo ocurrido con Lula en Brasil y con Rafael Correa en Ecuador. "Cuando fui a declarar (en la causa vialidad) dije que la sentencia ya estaba escrita, y no me equivoqué", expresó.
Esta posibilidad no solo fue propuesta por Cristina, sino que juristas y letrados que leyeron el proceso apuntaron de la misma manera contra el fenómeno de proscripción pensado como una estrategia política y no como un transparente proceso judicial. Detrás de esta jugada se esconderían, como es de esperarse, intereses económicos.
Una vez conocida la condena, Cristina dio un discurso ante sus seguidores desde su propio balcón y más allá de repasar lo que había ocurrido, envió un mensaje de calma pero de lucha a su movimiento. "A militar, a organizarse, a estar junto a la gente que los necesita. Hay que estar con los colectivos sociales. Es fundamental tener una dirigencia que esté con la gente y no con los problemas que tienen los dirigentes entre sí. Hay que ayudar a los que necesitan ser organizados y ayudados", alentó ante las lágrimas de su pueblo.
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A raíz del fallo, las personas se reunieron desde la tarde de este martes y hasta el anochecer en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires pero también en otras ciudades centrales como Rosario y Córdoba. En la ciudad porteña se produjeron manifestaciones en la sede del Partido Justicialista y luego en la puerta de la misma casa de Cristina. Asimismo, se cortaron rutas y autopistas.
Durante este miércoles 11 se lleva a cabo una huelga de 24 horas en rechazo a la confirmación del fallo de la causa Vialidad. El paro fue definido por distintos gremios.
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En las redes también se ha abierto un enorme debate donde personas de todos los colores políticos opinan de lo sucedido. Partidos diferentes al peronismo manifestaron su solidaridad con la ex mandataria y expresaron su preocupación alrededor del daño sobre el juego democrático. Otros aplaudieron la medida de la Corte.
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