Cristina a prisión: ¿cómo se posicionaron los dirigentes de Santa Fe ante el fallo?

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de confirmar la condena a 6 años de prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner y, sobre todo, de inhabilitarla políticamente por el resto de su vida, ha generado diferentes posturas en el arco político nacional y local.

En Rosario, que está a punto de definir las elecciones al Concejo municipal, el tema fue parte de la agenda de campaña. Cada espacio político realizó su posicionamiento en las redes sociales.

De parte del oficialismo de Unidos, la Secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana y candidata a concejal Carolina Labayru fue quien se manifestó al respecto. “Cristina presa por corrupta. Imagino que Monteverde, que llamó a votar por ella y por Alberto, va a poner cartelitos por las calles pidiendo disculpas por la que falta…”.

Claramente, fue un mensaje hacia el candidato del peronismo Monteverde con quien compite en las elecciones. Justamente el político habló de “proscripción” a la líder del peronismo y se colocó con el kirchnerismo.

“Independientemente de las ideologías, todas las fuerzas democráticas deberían pronunciarse. Este es un fallo político que no busca justicia sino proscribir a Cristina. Hoy es por ella, mañana puede ser por cualquiera. Las diferencias políticas hay que dirimirlas en las urnas, no en los tribunales. La democracia está en peligro”, sostuvo.

El candidato de La Libertad Avanza también apuntó contra Monteverde por su fichaje en el kirchnerismo. “El militante de la corrupción y la pobreza defendiendo a una delincuente condenada. El 29 de junio está más claro que nunca: kirchnerismo o LIBERTAD”.

La postura del peronismo es que no se trata de una sentencia imparcial, ni siquiera judicial sino política para barrer de la cancha Cristina Kirchner. "Esto tiene color, fundamento e historia de proscripción. Un país de proscripciones es un país de exclusión del otro", sostuvo en LT8 el convencional y diputado nacional del Frente Renovador, Diego Giuliano.

“A partir de hoy nuestro SISTEMA DE GOBIERNO es REPRESENTATIVO, CORTESANO Y JUDICIAL. La judicialización de la política pone en riesgo la institucionalidad del país y atenta contra el sistema democrático”, sentenció el senador peronista Marcelo Lewandowski.

En el otro extremo se paró el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. “Los argentinos tenemos que entender que nadie puede ni debe estar por encima de la ley. Tenemos que aprender a respetar los fallos de la Justicia y dar la discusión en ese ámbito, sin privilegios. Y esto debe ser así desde el Presidente hasta el último de los argentinos”.

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, cuestionó el "silencio" en el seno del Partido Justicialista y sus aliados en Rosario previo al fallo. "Hay cosas que son muy difíciles de justificar. Los niveles de enriquecimiento que aparecen en esas causas, lo burdo de determinadas maniobras, son muy difíciles de defender. Por eso muchos optan por el silencio y no se pronuncian, porque no tienen cara para defender algunas cosas. Sinceramente lo que ha pasado en la Argentina tiene que ver con llevar la corrupción a niveles absolutamente inaceptables”.

También se posicionó lejos de los fundamentos del peronismo la senadora radical Carolina Losada. "Acá nadie la proscribe ni persigue, acá se hizo Justicia", dijo en LT8, y luego agregó que "no hubo ninguna intención política de manejo del expediente".

El caso

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fallaron este martes en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz.

Cristina Kirchner fue condenada por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado durante sus dos gobiernos, entre 2007 y 2015. El máximo tribunal de Argentina ratificó dos fallos previos que la justicia emitió en 2022 y confirmó a finales de 2024, en la llamada "causa Vialidad", en la que se halló a la expresidenta culpable de haber direccionado obras públicas en la provincia patagónica de Santa Cruz, su bastión político.