La expresidenta comparte su hogar con su hija Florencia y tiene custodia permanente. Los fiscales, sin embargo, piden que la detención se realice de manera inmediata
Cristina Kirchner pidió cumplir la pena en su casa y sin tobillera electrónica.
La expresidenta Cristina Kirchner quiere cumplir su condena a seis años de prisión en el departamento donde vive con su hija Florencia, con su custodia de siempre y sin tobillera electrónica, mientras que la fiscalía insiste en su inmediata detención.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, fallaron este martes en contra de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y confirmaron la condena a seis años de prisión e inhabilitación de ejercer cargos públicos por considerarla culpable de fraude en la contratación de obra pública en Santa Cruz. En Rosario, inmediatamente después de conocerse el fallo, militantes peronistas se congregaron en la Plaza 25 de Mayo para manifestar su repudio al fallo del máximo tribunal de Justicia del país.
En un escrito de 13 carillas que presentaron poco después de conocerse el fallo de la Corte Suprema los abogados de la actual presidenta del Partido Justicialista, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que evite el paso de Cristina por una alcaidía y disponga de manera directa el arresto domiciliario donde vive ahora, informaron fuentes judiciales
El juez de ese Tribunal, Jorge Gorini, dio cinco días hábiles de plazo a todos los condenados para ir en persona a Comodoro Py y entregarse para quedar detenidos mientras que requirió al Ministerio de Seguridad de la Nación que busque lugares adecuados para el alojamiento hasta que se decidan los planteos de las partes.
Por su lado, los fiscales ante el Tribunal Diego Luciani y Sergio Mola firmaron un pedido de "inmediata detención" de la exvicepresidenta porque consideran excesivo el plazo que se le dio para presentarse, teniendo en cuenta que hay un fin de semana y un feriado nacional en el medio.
>>Leer más: Cristina a prisión: el peronismo rosarino se manifiesta en plaza San Martín
Poco después ingresó el pedido de prisión domiciliaria de la defensa donde se alude a la edad de Cristina Kirchner, quien tiene 72 años, además de riesgos para su seguridad en base al atentado que sufrió en septiembre de 2022 y su condición de ex presidenta.
"En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria", sostuvieron sus abogados.
Dejarla presa en una cárcel común " de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, agregaron los letrados.
El eventual traslado a una cárcel de una ex vicepresidenta derivaría por necesidad de seguridad en un "régimen de aislamiento absoluto y de vigilancia permanente, medidas que resultan incompatibles con los estándares constitucionales y convencionales que rigen en materia de ejecución penal".
Por ello se pidió el arresto domiciliario sin tobillera electrónica, considerando que tiene custodia las 24 horas y es "completamente innecesario", aunque el uso de este dispositivo electrónico está previsto en la Ley de Ejecución Penal.
El abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, denunció ante la Corte Penal Internacional de La Haya la “persecución política, mediática y judicial” y llevó la causa Vialidad ante los tribunales y organismos internacionales. También habrá presentaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la defensa de la expresidenta realizó el primer paso para anular el fallo en organismos internacionales. Además, tiene seis meses para reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dalbón, desde Países Bajos, donde se encuentra el Tribunal de la Haya, entregó un texto de 21 páginas a la Oficina del Fiscal de la Corte Penal, donde se denunciaba delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado argentino durante los últimos tres meses, en el marco de las protestas de los jubilados de los miércoles. Con el rumor del fallo de la Corte contra su defendida, el letrado amplió la presentación e incluyó “la continua y creciente persecución política, judicial y mediática contra Cristina Fernández de Kirchner”, según publicó Infobae.
Por otro lado, Dalbón advierte que la Justicia aceleró el proceso de revisión luego de conocer la intención de Cristina Kirchner de participar en los próximos comicios en la Provincia de Buenos Aires. “Esta escalada forma parte de un patrón más amplio de acciones coordinadas estatales y paraestatales destinadas a su neutralización política”, fundamentó Dalbón en la denuncia, que ya fue recepcionada por la Corte Penal Internacional.
Gregorio Dalbón entregó un texto con varios motivos para solicitar la intervención de un tribunal internacional de justicia. Entre ellos, el abogado apuntó manipulación de nombramientos judiciales y asignación de causas, falta de imparcialidad de jueces y fiscales vinculados a adversarios políticos, veredictos en fechas electorales, y la eventual “inhabilitación de facto” para ejercer cargos públicos a través de mecanismos judiciales.
>> Leer más: La reacción de Cristina tras la condena: El partido judicial agrega el cepo al voto popular
Frente a esto, la defensa de Cristina Kirchner solicitó a la Corte Penal Internacional la apertura de una investigación preliminar formal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y además una especial atención a la situación de la expresidenta.
También podrá presentarse ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que trabaja en Washington, Estados Unidos, que decide si acepta o no el caso.
En caso de aceptarlo, la CIDH estudiará la supuesta violación a los derechos humanos que denunciará la presidenta del Partido Justicialista. De todas formas, esta comisión no tiene la posibilidad de anular el fallo, pero sí entrega sus propias conclusiones y tiene la capacidad para recomendar la revisión del fallo. Si la Corte Suprema desestima esa mirada o pasan 90 días sin respuesta, la CIDH puede remitir las acusaciones a la Corte Interamericana.
Por Gonzalo Santamaría
Por Elbio Evangeliste
Por Martín Stoianovich
Por Lucas Ameriso
Por Mariano D'Arrigo