La expresidenta cuestionó a Milei, reconoció errores del peronismo y dejó abierta una candidatura en 2027 si recupera sus derechos políticos
Cristina Kirchner recibió al diario estadounidense en su departamento de San José 1111
Cristina Fernández de Kirchner volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de una candidatura presidencial en 2027. En una entrevista con el diario estadounidense The Washington Post, la expresidenta aseguró que consideraría volver a competir si recupera sus derechos políticos y cuestionó el rumbo económico y político del gobierno de Javier Milei.
“Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”, respondió cuando le preguntaron por una eventual postulación. La frase resume el planteo que atraviesa buena parte de la entrevista: Kirchner busca mantener abierta su posibilidad de regresar a la competencia electoral, aunque actualmente cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria y tiene una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El reportaje, realizado en su departamento de la ciudad de Buenos Aires, es el primero que concede a un medio internacional desde que quedó firme la sentencia por la causa Vialidad. Durante la conversación, la exmandataria también habló de su vida cotidiana bajo arresto domiciliario, de la situación del peronismo, de su vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva y de la presentación que su defensa realizó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Kirchner sostuvo que todavía existe espacio para una recuperación de las fuerzas progresistas en la Argentina y en otros países. En ese sentido, planteó que los dirigentes de derecha que llegaron al poder con discursos contra el sistema podrían perder respaldo cuando sus promesas no se traduzcan en mejoras concretas para la población.
La expresidenta mencionó como ejemplo las elecciones de medio término de Estados Unidos y pronosticó una derrota para Donald Trump y los republicanos. “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”, afirmó.
Sobre la situación argentina, consideró que el descontento social que llevó a Milei a la Presidencia puede volverse en contra del actual gobierno si no mejora la vida cotidiana. “Muchos argentinos están frustrados porque sus vidas no han mejorado, su dinero no les alcanza hasta fin de mes y ven un gobierno que no solo no hace nada por los pobres, sino que los ataca activamente”, sostuvo.
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También planteó que la oposición necesita construir una alternativa que no se limite a cuestionar al oficialismo, sino que presente propuestas concretas y creíbles para resolver los problemas económicos, en particular los vinculados con los ingresos y la deuda.
Durante la entrevista, Kirchner reconoció que el peronismo tuvo responsabilidad en la derrota electoral de 2023. Bajo el gobierno de Alberto Fernández, del que fue vicepresidenta, la inflación anual llegó al 211% y la pobreza alcanzó el 40%, según los datos citados en el reportaje.
La exmandataria vinculó parte del malestar social con la pérdida de poder adquisitivo y con la percepción de que el trabajo había dejado de garantizar mejores condiciones de vida. “Se produjo un colapso en la cultura laboral”, afirmó. Y agregó que algunas personas advertían que quienes trabajaban ocho horas por día terminaban ganando lo mismo o menos que quienes recibían asistencia estatal.
Kirchner cuestionó el impacto social del ajuste y sostuvo que el desafío de los sectores progresistas es comprender el enojo que llevó a parte del electorado a respaldar propuestas antisistema.
Otro de los ejes centrales de la conversación fue su situación judicial. Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, vinculada con irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante sus gobiernos. La sentencia quedó firme en 2025 y la expresidenta cumple la pena bajo arresto domiciliario.
Kirchner negó haber cometido delitos y volvió a sostener que el proceso tuvo motivaciones políticas. “Dime dónde puse el dinero”, planteó durante la entrevista. También cuestionó al Poder Judicial y afirmó que, si hubiera cometido los delitos que se le atribuyen, habría podido comprar al sistema judicial argentino.
Su defensa llevó el caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los abogados sostienen que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales, que se le negó el acceso a pruebas relevantes y que fue responsabilizada por decisiones de otros funcionarios.
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El objetivo de la presentación es que el organismo revise las presuntas violaciones de derechos y que se restablezcan sus derechos políticos. Sin embargo, el Comité de la ONU no funciona como una instancia judicial de apelación capaz de revocar directamente las sentencias de los tribunales argentinos. Un eventual pronunciamiento podría tener impacto internacional y abrir un nuevo escenario de discusión sobre las obligaciones del Estado argentino.
En la entrevista, el abogado brasileño Rafael Valim, integrante de su equipo jurídico, sostuvo que la prioridad es recuperar los derechos políticos de la expresidenta. También mencionó el antecedente de Lula da Silva, quien estuvo preso por causas de corrupción y luego recuperó la libertad tras la anulación de sus condenas.
La entrevista también permitió conocer detalles de la rutina de Kirchner desde que cumple prisión domiciliaria en su departamento. Según contó, organiza sus días entre el ejercicio físico, la lectura y el seguimiento de la actualidad política internacional.
Dijo que entrena entre cuatro y cinco veces por semana con una cinta de correr, una plataforma de step y pesas. También estudia inglés y chino, actividad que definió como una forma de mantener activa la mente.
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Una de las principales dificultades, explicó, es la limitación para recibir visitas y conversar con sus allegados. Tiene permitido recibir personas durante cuatro horas semanales, distribuidas en dos días, con un máximo de tres visitantes por encuentro. También manifestó temor a que sus comunicaciones telefónicas sean monitoreadas.
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Por Emmanuel Paz, para La Capital
