La Cámara Federal confirmó ayer millonarios embargos a inmuebles y la inhibición general de bienes de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez que había dispuesto el juez Sebastián Casanello.
La Cámara Federal confirmó ayer millonarios embargos a inmuebles y la inhibición general de bienes de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez que había dispuesto el juez Sebastián Casanello.
La Sala II de la Cámara ratificó los embargos preventivos dispuestos en 80 inmuebles de propiedad de Báez y su grupo empresario, así como la inhibición general de bienes sobre una veintena de firmas ligadas al santacruceño frente a la sospecha de que a través de ellas hubiera canalizado dinero surgido de operaciones ilícitas.
También avaló la inhibición general de bienes de otras dos personas (bajo sospecha en la causa y vinculadas a dos de las empresas de Nevada), pero recomendó que la Unidad de Investigación Financiera (UIF), los otros querellantes y el fiscal Guillermo Marijuan realicen medidas de prueba para confirmar mayores relaciones con las maniobras investigadas.
Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah confirmaron la resolución para proteger los bienes en miras a un futuro decomiso a fin de cumplir con los compromisos económicos que genere una eventual condena y también para hacer cesar la comisión del delito.
Tanto Báez, detenido desde el 5 de abril pasado, como su hijo Martín, están procesados por lavado de activos, "que realizaron en nombre propio y a través del grupo empresario que conformaron", recordó el fallo.