La Sala II de la Cámara Federal confirmó hoy el procesamiento contra la actriz Andrea del Boca, el exministro de Planificación Julio de Vido y otros ocho imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos destinados a la realización de una novela que nunca salió al aire.
Lo hicieron los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun al ratificar la acusación impuesta en primera instancia por el juez federal Sebastián Ramos, y el Tribunal ordenó profundizar la investigación sobre la productora a+A Groupo SRL, de la cual es titular Andrea del Boca y su hermano Nicolás.
De Vido fue procesado como autor del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y tiene un embargo de 60 millones de pesos, también confirmado por la Cámara Federal.
Del Boca está acusada como "partícipe necesaria" del delito, al igual que al entonces rector de la Universidad de San Martín (Unsam), Carlos Ruta, embargados por 50 y 60 millones de pesos, respectivamente.
El eje central de la acusación contra la actriz es el manejo de fondos provenientes del ex Ministerio de Planificación Federal para financiar la novela "Mamá Corazón" por unos 36 millones de pesos, pese a lo cual nunca se emitió al aire.
"El referido convenio tuvo como propósito posibilitar la selección discrecional de la telenovela Mamá Corazón, propuesta por la productora a+A Group SRL, para que fuera financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente -Andrea del Boca- era una persona cercana al Gobierno de ese entonces", indicó el fallo.
Según la investigación, en julio de 2015 la productora de Del Boca firmó el convenio por el cual percibió la suma de 25.652.160 pesos (un 76 por ciento del costo de producción final consignado en el contrato) provenientes del presupuesto de la cartera de Planificación y destinados al financiamiento de la producción de la telenovela.
Pero, además de obtener el financiamiento íntegro de su obra con fondos públicos, un diez por ciento del total (es decir más de 3 millones de pesos) percibiría la productora de Del Boca en concepto de ganancias por la producción realizada y era la única que conservaría los derechos de comercialización en el exterior.
En la causa se investigan presuntas maniobras defraudatorias para implementar un circuito que involucró la actuación de funcionarios del ex Ministerio de Planificación Federal, de la Universidad Nacional de San Martín y del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
De acuerdo a la investigación, el propósito habría sido disimular el fin último de la suscripción de los convenios que posibilitaron el "otorgamiento discrecional" de fondos públicos a productoras privadas.
Según el expediente, esas productoras serían "Cooperativa de Trabajo Tostakí Ltda." ($4.550.000) y "a+A Group SRL" ($36.582.468), que financiarían la realización de la miniserie "El Pacto" (antes denominada "Será Justicia y otros") y de la telenovela "Mamá Corazón", respectivamente.
Además de Del Boca, De Vido y Ruta, el magistrado procesó a la ex titular del Incaa, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de 5 millones de pesos; a Nadia Jacky, directora de Tostaki, con un embargo de 6 millones; a los secretarios de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger y Hugo Nielson, con embargos de 50 millones y 6 millones; y a los ex funcionarios Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada, con un embargo de 50 millones cada uno.
