Condenan a Cristina a seis años de prisión y la inhabilitan para ejercer cargos

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada ayer a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La decisión la tomó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz, luego de tres años y medio de debate judicial.

La sentencia fue firmada por los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tuvo también como imputado al empresario Lázaro Báez, quien fue condenado a la pena de 6 años de prisión.

La lectura del veredicto, que se realizó por videoconferencia para todas las partes y fue realizada por el juez Jorge Gorini, indicó que la vicepresidenta fue absuelta por el delito de asociación ilícita.

Luego del fallo, Cristina habló por el canal Youtube desde su despacho en el Senado. Allí la vicepresidenta afirmó que fue condenada por la “mafia judicial”, en connivencia con parte del poder político y mediático, y anunció que no será candidata a nada en las elecciones de 2021. “Cuando me quede sin fuero, métanme presa”, desafió.

La condena contra Cristina dividió aguas en la política nacional. Previsiblemente, la oposición festejó el fallo y afirmó que es un cambio de época para que no haya más corrupción. En cambio, desde varios sectores del oficialismo señalaron que la sentencia busca proscribir a Cristina y atacar las cimientos históricos del peronismo.

En su discurso tras el fallo, Cristina dijo que fue condenada por un Poder Judicial que es “un Estado paralelo; una mafia”. Y, sobre el final, aseguró que no se presentará a ningún cargo electivo en 2023.

“No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua”, afirmó Fernández de Kirchner.

Al dirigirse en un mensaje público al CEO del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, la vicepresidenta expresó: “El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, así que podrá darle la orden a sus esbirros de Casacion y la Corte Suprema de que me metan presa”.

“No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa”, subrayó.

Y agregó: “Eso si a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta”, apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1º de septiembre en las inmediaciones de su casa.

“A mí inhabilitación perpetua y a estos los amarillos, que nos dejaron 45 mil millones de dolares con el FMI, se pasean en los aviones de Clarín”, señaló la vicepresidenta.

Fernández de Kirchner sostuvo que la condena en su contra no obedece a un “lawfare ni a un partido judicial; esto es un Estado paralelo y mafia”.

Y señaló que la “confirmación” de esa situación fue la filtración de un viaje de ex funcionarios, magistrados y ex agentes de inteligencia a Lago Escondido, y sobre el cual el presidente Alberto Fernández hizo referencia ayer (por el martes) por cadena nacional.

Además, sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública “estaba escrita” y planteó que “no es que fuéramos clarividentes, ni adivinos”, pero “si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme”.

“Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota”, aseguró y afirmó: “Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita”, al citar una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

En esa línea, señaló que “la condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos”, porque “condenan el modelo económico” del peronismo.

Además de la condena a Cristina y Báez, la Justicia decidió absolver al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, al ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Héctor Garro y al ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal Carlos Santiago Kirchner.

En tanto, el fallo también condenó al ex secretario de Obras Públicas José López a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al igual que al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti.

Asimismo, recibieron condenas el ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional Mauricio Collareda (4 años), el ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), el ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional Raúl Daruich (3 años y 6 meses), el ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz Raúl Pavesi (4 años y 6 meses), el ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz José Raúl Santibáñez (4 años).

A pesar de que esta tarde se conoció el veredicto, los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que _tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero_ estira los plazos al primer trimestre del año próximo.

El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión para Cristina Kirchner y que sea inhabilitada de por vida a ejercer cargos públicos.

Si bien la vicepresidenta fue declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para la ex mandataria, dado que cuenta con fueros por su cargo público y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme la condena.

El juicio, que investigó el período investigado que va de 2003 a 2015, comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas.