Argentina Casting: pidieron ampliar la imputación y mantener preso al rosarino acusado de explotación sexual

La Justicia Federal de Rosario amplió la imputación contra Gianfranco Gaspar Núñez, creador de “Argentina Casting”, y prorrogó su prisión preventiva por 90 días más, ya que el plazo de detención vence este viernes. Los fiscales pretenden que el acusado continúe preso hasta el juicio. Núñez está acusado de liderar desde Rosario una red de explotación sexual de mujeres. Además, la investigación avanzó luego de que se hallara material de abuso sexual infantil en su teléfono celular.

El caso salió a la luz en marzo de 2025, a partir de una investigación de la Justicia Federal que detectó que Núñez habría montado un esquema para captar mujeres jóvenes bajo falsas promesas. Según la acusación, contactaba por Instagram a mujeres de entre 18 y 22 años de Santa Fe y otras provincias, como Buenos Aires, Jujuy, Córdoba y Misiones. Luego las citaba en hoteles o departamentos temporarios y les ofrecía alrededor de 200 dólares a cambio de grabar videos íntimos. Les prometía que el material tendría “distribución exclusiva para el exterior” o circularía en un circuito cerrado, pero en realidad era difundido en redes sociales.

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El joven rosarino no está acusado de episodios aislados. Por el contrario, el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, a cargo del fiscal general Javier Arzubi Calvo, con intervención de la fiscal general interina Soledad García y de los fiscales coadyuvantes interinos María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro, sostuvo que se trató de un dispositivo organizado, sostenido en el tiempo y con alcance geográfico extendido.

Cuentas de Instagram

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Núñez utilizaba al menos dos cuentas de Instagram, “ArgentinaCasting” y “GianCasting”, desde donde ofrecía a usuarias filmar videos sexuales explícitos a cambio de una suma de dinero. La propuesta incluía una promesa clave para convencer a las jóvenes: que ese material no se podría ver en la Argentina y que su circulación se limitaría al exterior.

Para los fiscales, el engaño no solo estuvo en la oferta económica o en la apariencia de un trabajo audiovisual, sino también en la ocultación deliberada del verdadero alcance del material. Las víctimas, según la causa, aceptaban en la creencia de que los videos tendrían una difusión acotada o inaccesible en el país, pero luego terminaban viralizados en plataformas abiertas, grupos públicos de Telegram y otras aplicaciones, incluso con llegada a sus entornos familiares y afectivos.

El imputado también ocultaba su verdadera identidad. Decía llamarse “Liam” o “Elion”, y al menos a tres víctimas les hizo firmar un contrato que no tuvieron posibilidad de leer con detenimiento, ni obtener una copia o sacarle una foto, para saber de qué se trataba. En la causa interviene el juez federal de Garantías, Carlos Alberto Vera Barros.

En declaraciones a La Capital, su abogada Sofía Basso explicó que la privación preventiva de la libertad de su defendido se debe a que el Ministerio Público Fiscal (MPF) le endilgó "otro delito, que se va a caer pronto", en alusión a la presunta "facilitación de la prostitución".

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Las últimas cinco víctimas, cuyos testimonios permitieron ampliar la imputación, declararon en Cámara Gesell que habían sido engañadas. Según se desprende de esas entrevistas, aceptaron grabar los videos bajo la promesa de que no se verían en la Argentina o de que tendrían una circulación restringida, pero luego el material se viralizó en distintas plataformas y aplicaciones.

El efecto de esa difusión no fue presentado por la fiscalía como un daño abstracto. Las jóvenes relataron situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica a partir de que esas imágenes llegaron a ámbitos familiares, afectivos y cercanos. En esa línea, los fiscales remarcaron que la explotación económica del contenido iba acompañada de un impacto persistente en la vida privada de las víctimas.

Transferencias millonarias

La acusación también subraya la relación desigual entre lo que cobraban las jóvenes y lo que después generaba la explotación del material. Núñez pagaba, según el expediente, cerca de 200 dólares por cada víctima, a veces mediante transferencia y a veces con una parte en efectivo. Ese pago único, sostienen los investigadores, contrastaba con una monetización prolongada y abierta de los videos.

Uno de los datos que más peso adquirió en el expediente es el movimiento de dinero detectado en las cuentas vinculadas al imputado. Según el legajo, entre el 1° de enero de 2023 y el 18 de mayo de 2024, Núñez realizó transferencias por 119 millones de pesos a través de diez billeteras virtuales que figuran a su nombre.

En su momento, la Justicia ordenó cuatro allanamientos en Rosario y en departamentos de Posadas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se secuestraron notebooks, cámaras de fotos, lámparas profesionales de iluminación para el montaje de un set de grabación, juguetes sexuales, discos rígidos, tarjetas SD, tarjetas de débito y de crédito, documentación de contratos apócrifos relacionados con las víctimas.