Santiago del Estero- La defensa del ex gobernador santiagueño Carlos Juárez apeló hoy el procesamiento de la justicia federal de Santiago del Estero que ordenó su prisión preventiva y embargo de bienes por más de cuatro millones de pesos, en el marco de la megacausa en la que se investiga la desaparición de personas durante un gobierno constitucional.
“Se apeló y planteó la nulidad de la medida, porque Juárez nunca fue indagado por homicidio calificado y torturas, solamente estaba imputado por privación ilegítima de la libertad, cargo que le habían dictado incluso una falta de mérito”, explicó Francisco Cavallotti.
El letrado opinó que el procesamiento contra Juárez “es muy raro” y reveló que se encuentra trabajando “en una denuncia por prevaricato y abuso de autoridad” contra el juez federal santiagueño Guillermo Molinari, que dictó el procesamiento y prisión preventiva del cinco veces gobernador de 91 años.
En la misma resolución judicial, también fueron procesados varios ex jefes policiales, entre ellos el ex jefe de Inteligencia juarista, Antonio Musa Azar, actualmente sometido a juicio oral por el denominado doble crimen de La Dársena.
Asimismo, Molinari ordenó el embargo por 4.200.000 pesos a los bienes de Juárez, en una medida que no tiene antecedentes contra un gobernador por delitos de lesa humanidad en un gobierno constitucional.
En la actualidad. Juárez cumple arresto domiciliario en la residencia “La Rosita”, ubicada a pocas cuadras de la plaza principal de la capital santiagueña, que comparte junto a su esposa, la también ex gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés, destituida en el 2004 por la intervención federal de Pablo Lanusse.
Las investigaciones fueron impulsadas desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, relacionada con la desaparición de personas durante el tercer gobierno constitucional de Juárez.
Se trata de la causa en la que Juárez, está acusado por los delitos de “autor intelectual de apremios y torturas” y de “jefe de asociación ilícita” en la desaparición de 30 personas durante el gobierno constitucional entre 1973/75.
La acusación a Juárez surgió cuando el ex fiscal federal Alberto Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció “torturas y apremios ilegales” aplicados a ciudadanos considerados opositores al gobierno provincial. (Télam)
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