Apelan procesamiento a Juárez por crímenes de lesa humanidad

Santiago del Estero-  La defensa del ex  gobernador santiagueño Carlos Juárez apeló hoy el procesamiento de  la justicia federal de Santiago del Estero que ordenó su prisión  preventiva y embargo de bienes por más de cuatro millones de  pesos, en el marco de la megacausa en la que se investiga la  desaparición de personas durante un gobierno constitucional.

“Se apeló y planteó la nulidad de la medida, porque Juárez  nunca fue indagado por homicidio calificado y torturas, solamente  estaba imputado por privación ilegítima de la libertad, cargo que  le habían dictado incluso una falta de mérito”, explicó Francisco  Cavallotti.

El letrado opinó que el procesamiento contra Juárez “es muy  raro” y reveló que se encuentra trabajando “en una denuncia por  prevaricato y abuso de autoridad” contra el juez federal  santiagueño Guillermo Molinari, que dictó el procesamiento y  prisión preventiva del cinco veces gobernador de 91 años.

En la misma resolución judicial, también fueron procesados  varios ex jefes policiales, entre ellos el ex jefe de Inteligencia  juarista, Antonio Musa Azar, actualmente sometido a juicio oral  por el denominado doble crimen de La Dársena.

Asimismo, Molinari ordenó el embargo por 4.200.000 pesos a los  bienes de Juárez, en una medida que no tiene antecedentes contra  un gobernador por delitos de lesa humanidad en un gobierno  constitucional.

En la actualidad. Juárez cumple arresto domiciliario en la  residencia “La Rosita”, ubicada a pocas cuadras de la plaza  principal de la capital santiagueña, que comparte junto a su  esposa, la también ex gobernadora Mercedes “Nina” Aragonés,  destituida en el 2004 por la intervención federal de Pablo  Lanusse.

Las investigaciones fueron impulsadas desde la Secretaría de  Derechos Humanos de la Nación, relacionada con la desaparición de  personas durante el tercer gobierno constitucional de Juárez.

Se trata de la causa en la que Juárez, está acusado por los  delitos de “autor intelectual de apremios y torturas” y de “jefe  de asociación ilícita” en la desaparición de 30 personas durante  el gobierno constitucional entre 1973/75.

La acusación a Juárez surgió cuando el ex fiscal federal  Alberto Pravia, en un dictamen de más de 30 fojas, denunció  “torturas y apremios ilegales” aplicados a ciudadanos considerados  opositores al gobierno provincial. (Télam)