Una vida de esclavitud en barrio Martin: el trasfondo de la grave imputación a una mujer

Durante más de dos décadas, una mujer que vivió y trabajó puertas adentro de una casa del barrio Martin sin sueldo, descanso ni vínculos fuera de esas paredes. Era una adolescente que llegó a Rosario con la promesa de estudiar y tener una vida mejor, pero terminó atrapada en una situación de servidumbre que recién se interrumpió tras un allanamiento.

La Unidad Fiscal Federal de Rosario formalizó la investigación contra una mujer que reside en la ciudad estadounidense de Los Ángeles, imputada como presunta autora del delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre, en perjuicio de la cuidadora de su madre. La víctima tiene hoy 37 años y, de acuerdo con la acusación, fue explotada durante 22 años en un domicilio de la calle Montevideo.

La audiencia de formalización se realizó ante el juez de Garantías Román Lanzón. La imputada, identificada como E.S.S., participó por videoconferencia desde Estados Unidos junto a su defensor, el abogado Gustavo Feldman. La investigación está a cargo de la fiscal Adriana Saccone con la intervención de las fiscales coadyuvantes María Virginia Sosa y Soledad García, de la Oficina de Criminalidad Económica, Trata de Personas y otros Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

De Corrientes a Rosario, con una promesa que nunca se cumplió

Según reconstruyó la fiscalía, la historia comenzó en 2003, cuando la víctima tenía 14 años y vivía en la localidad de Tres Bocas, en la provincia de Corrientes. Tras la muerte de su padre, su familia atravesaba una situación de extrema vulnerabilidad. En ese contexto, una mujer cercana al entorno familiar, hoy fallecida, ofreció llevar a la adolescente a Rosario con la promesa de que podría estudiar y formarse, incluso como maestra o abogada.

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La madre de la joven, que no sabía leer ni escribir y estaba a cargo de nueve hijos, fue trasladada a una escribanía donde firmó un acta notarial cuyo contenido nunca comprendió. Allí se autorizó el traslado de su hija a Rosario. La adolescente viajó en colectivo y fue recibida en la vivienda del barrio Martin por J.E.G.S., madre de la actual imputada.

De acuerdo con la acusación, la promesa de educación nunca se concretó. La joven no fue escolarizada y comenzó a realizar tareas domésticas de manera permanente: limpieza, lavado, planchado, mantenimiento del hogar, elaboración de comidas, compras cotidianas, pago de servicios y asistencia personal de la dueña de casa. Todo ello sin salario, sin registro laboral y sin ningún tipo de derecho.

Una explotación que se sostuvo durante 22 años

Las fiscales describieron el caso como un delito de ejecución continuada, con una misma matriz de explotación que se extendió durante 22 años. Durante todo ese tiempo, la víctima trabajó en jornadas completas, sin vacaciones, sin aguinaldo, sin aportes previsionales ni cobertura de salud. Tampoco tenía dinero propio ni autonomía: solo recibía efectivo para realizar compras vinculadas al funcionamiento de la casa.

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La situación se mantuvo hasta el 2 de octubre pasado, cuando un allanamiento permitió interrumpir la explotación. El procedimiento fue realizado por la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Rosario de la Policía Federal, con intervención del Área de Atención y Acompañamiento a Víctimas de la Unidad Fiscal Rosario y de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

La vigilaba desde Estados Unidos

La imputación contra E.S.S. se circunscribe al período comprendido entre julio de 2022 y octubre de 2025. Según la fiscalía, cuando la madre de la acusada comenzó a tener problemas de salud, su hija asumió el control de la casa y continuó la explotación desde el exterior.

Para ello, siempre según la acusación, instaló 16 cámaras de seguridad en la vivienda y le entregó un teléfono celular a la víctima para impartirle instrucciones y supervisar sus tareas a distancia. Además de las labores domésticas habituales, la carga de trabajo se incrementó con la asistencia y el cuidado no terapéutico de la mujer enferma.

“Desde que tomó la dirección de los asuntos de la casa, tuvo la posibilidad de hacer cesar el estado de servidumbre y no sólo no lo hizo, sino que lo continuó y lo perseveró porque también le reportaba un beneficio”, señalaron las fiscales durante la audiencia.

La prueba reunida por la fiscalía

La hipótesis acusatoria se apoyó en testimonios de vecinos, informes de organismos oficiales, peritajes y abordajes interdisciplinarios realizados por trabajadores sociales, psicólogos y antropólogos, además de la declaración de la propia víctima en cámara Gesell.

De los informes remitidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero y por Ansés surge que la damnificada no registra actividad laboral, aportes a la seguridad social ni cuentas bancarias. Según la fiscalía, nunca dispuso de ingresos propios ni de una vida económica independiente.

El Ministerio Público Fiscal también recordó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que los pagos en especie no pueden reemplazar la remuneración en el trabajo doméstico, criterio que fue sistemáticamente incumplido en este caso.

La decisión judicial

Tras analizar el encuadre legal y el cúmulo probatorio, el juez Lanzón rechazó el pedido de sobreseimiento solicitado por la defensa y dio por formalizada la investigación en los términos planteados por la fiscalía. El magistrado remarcó la extrema gravedad de los hechos y la existencia de múltiples indicadores de explotación y vulnerabilidad.

Si bien el Ministerio Público Fiscal había solicitado la detención de la imputada y avanzar luego con un pedido de extradición, el juez desestimó esa medida y dispuso, por el plazo de un año, una serie de cautelares no privativas de la libertad. Entre ellas, fijar domicilio, firmar mensualmente en el consulado argentino más cercano, no obstaculizar la investigación y mantener una estricta prohibición de contacto con la víctima y su entorno.

La causa continúa en trámite y se inscribe en una problemática persistente y muchas veces invisibilizada: la explotación laboral en ámbitos domésticos, sostenida durante años bajo la apariencia de vínculos de cuidado o asistencia, y que recién sale a la luz cuando interviene el Estado.