A Alejo Bravo le decían “Pipi”, vivía en Empalme Graneros y en abril del año pasado fue hallado asesinado en la zona de Uriburu y Las Palmeras. En ese lugar un vecino vio que un auto frenó y después de arrancar quedó un bulto tirado en el suelo. Era el cuerpo del chico de 19 años, que había sido atacado con tres disparos. Este lunes fueron imputados por el crimen dos presos ligados a casos resonantes, quienes según la investigación cometieron la ejecución porque acusaban a la víctima de haberle entregado a otra persona una pistola 9 milímetros que en realidad había sido secuestrada por la policía. Así Nicolás Toloza, condenado por intento de homicidio, fue imputado como quien instigó el crimen desde la cárcel de Piñero. Y Julián Aguirre, acusado de liderar una organización de tiratiros en barrio Ludueña, como quien lo ejecutó y desde la escena del crimen le transmitió al otro el ataque por videollamada.
Nicolás Toloza y Julián Aguirre, que ya estaban presos, son los dos imputados por el fiscal Ademar Bianchini por el delito de homicidio agravado por el uso de arma. El segundo como autor del crimen y además por la portación ilegal de un arma de guerra usada en el hecho. El primero como quien instigó el ataque. El juez Héctor Núñez Cartelle les dictó la prisión preventiva a ambos por el plazo legal de dos años.
Alejo Bravo había pasado la noche del domingo 4 de abril de 2021 en la casa de su novia, con quien había comenzado una relación poco tiempo después de recuperar la libertad tras pasar un tiempo en prisión. Al mediodía del lunes 5 fue a la casa de su madre, ubicada en Jacques al 900 bis, un pasaje angosto del barrio Empalme Graneros. Ahí comió unas empanadas y antes de irse le pidió a su madre que preparara el calefón para darse una ducha cuando volviera. Pero no regresó.
A la noche su madre vio en el noticiero que en un camino rural de Uriburu y Las Palmeras, en la zona oeste, habían encontrado el cadáver de un joven asesinado a balazos que todavía no había sido identificado. "Cuando miro las noticias vi lo del cuerpo que estaban reconociendo. Vi un pedacito de la ropa porque mucho no enfocaron. No sé qué me agarró, un presentimiento de madre. Empecé a llorar, mi nena me preguntó qué me pasaba y le dije que su hermano no había vuelto porque era ese chico que estaba ahí", contó a este diario Mirta, quien luego confirmó su presentimiento en el Instituto Médico Legal.
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El cadáver de Alejo Bravo había sido hallado por un vecino de esa zona rural. Cerca de las 16 de aquel lunes vio cómo un auto frenó y después de arrancar quedó un bulto tirado en el suelo. El cuerpo tenía un disparo en la cara y dos en el pecho. El testigo dijo que no escuchó disparos, por lo cual los investigadores sugirieron que el chico había sido asesinado en otro momento. Mirta dice que el horario de muerte que le confirmaron los médicos fue cerca de las 15.15 y recuerda que su hijo se fue de la casa pasadas las 14.30.
"Comió unas empanadas, salió caminando, me dijo 'vieja poneme el calefón'. Yo salgo y lo veo que dobla por Franklin caminando. Después no lo vi más", recordó Mirta en una entrevista con este diario. Ella supuso que en esos 45 minutos de alguna forma su hijo terminó arriba de un auto.
Una versión que llegó luego a oídos de la familia tenía relación con el crimen de Cristian Ángel Brulé, de 26 años, quien el 21 de noviembre de 2020 fue asesinado a balazos por tres personas en el pasaje 6 de Diciembre al 7300, en la puerta de su casa. Un día después de ese hecho la policía detuvo a Alejo Bravo, quien llevaba consigo un arma de fuego.
Lo buscaban porque Brulé había recibido amenazas de parte de la ex pareja de su novia. En esas amenazas se mencionaba a "Pipi", el apodo de Alejo. Sin embargo el chico no quedó vinculado al crimen porque el arma secuestrada no coincidió con la utilizada para matar a Brulé y además no hubo más evidencias para relacionarlo.
Sin embargo, según la imputación formulada por Bianchini, el crimen de Alejo Bravo se gestó en la cárcel. De acuerdo con la mecánica que explicó en la audiencia realizada por la mañana en el Centro de Justicia Penal, quien dio la orden de matar a Bravo fue Nicolás Toloza, un preso alojado en el pabellón 9 de la unidad penitenciaria de Piñero. Y quien la ejecutó fue Julián Aguirre, por entonces en libertad, con quien el preso se comunicó por videollamada en el momento de la ejecución, “dos disparos en la nuca que le provocan el fallecimiento a la víctima producto de heridas cráneo encefálicas”.
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De acuerdo con las evidencias, entre las que figura el relato de un testigo de identidad reservada, Bravo había estado un tiempo detenido junto a Toloza (el muchacho acumulaba causas por robo desde que era menor) y trabaron amistad. Cuando recuperó la libertad, de acuerdo con esa teoría, Bravo comenzó a trabajar para él: le dieron una moto Honda Titán y la pistola 9 milímetros que luego le secuestraron en un allanamiento.
Al parecer Tolosa no creyó la versión de que el arma había sido secuestrada y acusó a Bravo de haberle entregado la pistola a otra persona. Entonces mandó a Julián Aguirre a “apretarlo” para que dijera dónde estaba el arma. El chico insistió con que había sido incautada por la policía, lo que de hecho consta en un legajo judicial. Conectado por videollamada, Tolosa fue parte de esa conversación y según el fiscal en algún momento dio la orden de ejecutar al muchacho. No está claro dónde ocurrió eso. Por el momento se presume que lo mataron en otro lugar y en el descampado tiraron el cuerpo.
Julián Aguirre, de 23 años, se encuentra desde hace tres meses en prisión preventiva como uno de los jefes de una banda criminal de barrio Ludueña cuyo referente más conocido es Mauro Gerez. Una organización a la que se le atribuyen numerosas extorsiones y balaceras. Aguirre fue imputado en junio por el fiscal Pablo Socca como uno de los cuatro jefes de la banda. Para el fiscal Bianchini, este joven es quien al momento de la ejecución de Bravo tenía una pistola en una mano y el celular en la otra.
Nicolás Toloza, en tanto, está preso cumpliendo una condena a 10 años y 3 meses de cárcel como coautor del intento de homicidio de un adolescente de 16 años a cambio de un pago de 100 mil pesos ofrecido, también, desde la cárcel de Piñero. La condena se dictó en mayo del año pasado. El chico baleado quedó parapléjico a causa del ataque, por el que hubo otros tres imputados.
De acuerdo con la condena, el intento de asesinato de Rodrigo V. fue urdido desde la cárcel de Piñero por Brian “Gordo Brian” González, quien a su vez cumple una condena por el asesinato de Any Rivero en de 2014 en Capitán Bermúdez. El objetivo era vengar el homicidio de Lucas Daniel Coppola, baleado desde una moto mientras hacía un trabajo de albañilería en una casa de Cullen al 900 .
Con la idea de atacar a un soldadito de una banda rival, Brian ofreció 100 mil pesos para que un sicario ejecutara el hecho, por el que Toloza fue acusado de conseguir las armas, una moto y un auto.
Así, pasadas las 22 del 18 de julio de 2020 Toloza sorprendió a Rodrigo V. en Garzón al 300 bis junto a otra persona que le efectuó al adolescente dos disparos en el tórax. Sufrió lesiones graves en la columna por las cuales quedó parapléjico. Los agresores abandonaron la escena en esa moto y en un Chevrolet Corsa que hacía de apoyo.
