La causa penal sobre un crimen transmitido por videollamada a la cárcel de Piñero llegó a este lunes a un punto cúlmine con la condena del autor material en un juicio abreviado. El tirador ya está preso y venía cumpliendo otra pena mayor como jefe de una banda dedicada al narcomenudeo en el barrio Ludueña.
El juicio abreviado determinó una pena de 13 años para Julián Aguirre por el homicidio de Alejo "Pipi" Bravo, un joven ejecutado mediante dos balazos en el límite de Rosario y Pérez. El veredicto unificado implica un plazo de 29 años tras las rejas, ya que suma el plazo dispuesto en otra causa sobre asociación ilícita y otros delitos.
La resolución cierra el círculo en torno a los principales responsables de la muerte del muchacho en menos de un mes y medio. A principios de agosto, Nicolás Toloza también aceptó su responsabilidad penal como instigador del asesinato mientras estaba en la Unidad Penitenciaria 11. La Fiscalía Regional de Rosario determinó que dio la orden de matar tras el reclamo de una pistola calibre 9 milímetros que la víctima había perdido a manos de la policía.
Un crimen ejecutado a través de una videollamada
Alejo Julián Bravo vivía en el barrio Empalme Graneros, pero su cadáver fue hallado cerca del cruce de avenida de Las Palmeras y Uriburu, en el extremo sudoeste de la ciudad. El lunes 4 de abril de 2021 almorzó con su madre y le avisó que volvería para ducharse. Unas horas más tarde, le dieron dos disparos en la nuca y falleció muy lejos del hogar de la mujer.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que Aguirre fue a apretar al joven de 19 años para recuperar la pistola que demandaba Toloza desde la prisión. Mientras estaba con la víctima se contactó con el recluso por videollamada en el pabellón 9 de Piñero y recibió la orden de matar al muchacho.
>> Leer más: Un preso y el acusado de liderar una banda de Ludueña, imputados por ejecutar un crimen y transmitirlo por videollamada
Pipi murió en el acto por destrucción de la masa craneoencefálica y el tirador escapó con su celular. Un año y medio después, el asesino ya estaba tras las rejas al igual que el autor intelectual y había organizado una banda narcocriminal desde Piñero en coordinación con Andy Benítez y Matías "Pino" César. En septiembre de 2022 lo imputaron por homicidio agravado y la portación ilegítima de un arma de fuego de guerra. El procedimiento abreviado que homologó la jueza María Trinidad Chiabrera sólo aplicó una sanción por el primer delito.
Previamente, la defensa de Toloza y la fiscal María de los Ángeles Granato cerraron un acuerdo similar con una pena unificada de 24 años de prisión. La sentencia por la muerte de Bravo se combinó con otra condena a 16 años y 3 meses por un intento de asesinato, dictada unas tres semanas después de la ejecución en Pérez.
La banda de Julián Aguirre
El crimen cometido en las afueras de Rosario fue el prólogo de un capítulo mucho más complejo en el historial judicial de Julián Aguirre. Cuando quedó detenido se convirtió en el jefe de una asociación ilícita que contaba con Mauro Gerez como el líder en las calles de los barrios Ludueña, Industrial y Empalme Graneros.
El MPA detectó que este grupo delictivo protagonizó una batalla sangrienta por el control del territorio para la venta de drogas. Los registros oficiales incluyen al menos 40 asesinatos perpetrados entre fines de 2021 y 2022 como consecuencia del enfrentamiento con la banda de Fran Riquelme, asociado al narcotraficante Esteban Alvarado.
Aguirre no sólo compartió pabellón con Benítez y César en la Unidad Penitenciaria 11. Los tres crearon una red delictiva que involucraba a personas menores de edad en extorsiones, usurpaciones, balaceras e intentos de homicidio, entre otras acciones violentas para sostener el negocio.