Nicolás Toloza acordó 11 años por hacer matar a Alejo Bravo, de 19 años. Su historia resume la de muchos jóvenes presos que desarrollan carreras delictivas desde la cárcel
Sebastián Suárez Meccia
La mamá de Alejo Bravo sosteniendo una remera con una foto de su hijo de 19 años, asesinado en abril de 2021 y arrojado aun camino rural.
Un preso de Piñero sumó una condena a su estancia tras las rejas por haber instigado el asesinato de Alejo Julián Bravo en abril de 2021. Se trata de Nicolás Alejandro Toloza, quien aceptó en un juicio abreviado once años de cárcel que se unificaron en 24 años con la pena que cumplía como coautor de un crimen fallido.
El procedimiento presentado por la fiscal María de los Angeles Granato y aceptado por la defensa fue homologado por la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera en una audiencia celebrada el lunes en el Centro de Justicia Penal (CJP). Detrás de este caso, uno más en la extensísima saga de homicidios instigados desde las cárceles de la región, puede verse una larga historia de repeticiones que conforma la trama de la criminalidad rosarina de la última década.
El fallecido fiscal Ademar Bianchini había imputado a Toloza de un hecho ocurrido el 5 de abril de 2021 cuando Toloza se comunicó por teléfono desde su celda en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero con Julián Aguirre, un joven que tiempo después también ingresaría a ese penal para desarrollar una importante carrera delictiva como uno de los cabecillas de una violenta banda de barrio Ludueña a la que se le atribuyeron cuantiosos homicidios por esos años. La videollamada terminó con la orden de Toloza para que Aguirre le disparara dos veces en la nuca al chico de 19 años que estaba con él en ese momento: “Pipi” Bravo.
Domiciliado en Empalme Graneros, Pipi había conocido a Toloza en la cárcel donde había estado preso por hechos de robo que acumulaba desde que era menor de edad. Y cuando salió en libertad, según estableció entonces la investigación, empezó a trabajar para Nicolás que le aportó una moto Honda Titán y una pistola calibre 9 milímetros.
La pistola que Toloza le había proporcionado a Bravo fue secuestrada en un allanamiento. Sin embargo Toloza no le creía esa versión a Pipi y lo acusaba de haberle dado el arma a otra persona. Fue en ese marco que mandó a Aguirre a apretarlo para que dijera dónde estaba el arma. En algún lugar de la ciudad se juntó con el joven y entablaron la comunicación por videollamada.
Bravo insistió en que le habían secuestrado el arma que le reclamaban pero Tolosa no le creyó y en algún momento le ordenó a Aguirre que lo ejecutara, se estima que pasadas las 15 de ese 5 de abril. Menos de una hora después, sobre las 16, el cuerpo de Bravo apareció en un descampado de Uriburu y Las Palmeras. Un vecino vio cómo un auto frenaba en el lugar y segundos después seguía viaje dejando un bulto en la escena.
El hombre llamó a la policía y el hallazgo se transformó en una noticia para el noticiero de las 20. Entonces la preocupación de la madre de Pipi por no tener noticias de su hijo, que al salir de la casa al mediodía le había pedido que le preparara el calefón porque volvería a bañarse minutos después, se transformó en desesperación: “Vi un pedacito de la ropa, porque mucho no enfocaron, no sé qué me agarró, un presentimiento de madre. Empecé a llorar, le dije a mi hija que su hermano no había vuelto porque era ese chico que estaba ahí”, contó por entonces la mamá de Alejo a este diario, luego de haber confirmado su presentimiento en el Instituto Médico Legal (IML).
Más de cuatro años después el crimen Pipi se resolvió en un procedimiento abreviado. Toloza sumará once años de condena que extenderá a al menos 24 años su estadía en prisión. Había sido capturado en 2020, cuando todavía estaba en libertad condicional cumpliendo una condena a seis años. Cinco meses después de haber salido de la cárcel, un día recibió una oferta de su hermano “Gordo Brian” González, que cumplía en Piñero una condena por el asesinato de una joven en Capitán Bermúdez.
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El trabajo ofrecido a Nicolás consistía en ir a matar a un joven que al parecer trabajaba para una banda rival y vengar así el crimen de Lucas Daniel Coppola, baleado desde una moto mientras hacía un trabajo de albañilería en una casa de Cullen al 900. Al planificar el ataque, Brian le ofreció 100 mil pesos a un pibe preso para que le consiguiera un tiratiros.
Esa oferta fue aceptada por Isaías Zenón, un pibe que había llegado a los 18 años a Piñero donde se dedicó a conseguir “mano de obra” para distintos hechos criminales pergeñados desde los pabellones. Así fue que llegó a ser mencionado en la logística empleada para el homicidio del pastor y exconcejal Eduardo Trasante. Para el trabajo ofrecido por Brian, Isaías consiguió a su padrastro Carlos “Tata” Araya.
Encargado de conseguir las armas, una moto y un auto, Toloza se juntó con Araya, quien se iba a encargar de disparar. Pasadas las 22 del 18 de julio de 2020 el dúo llegó en una moto Honda Wave y un Chevrolet hasta Garzón al 300 bis donde encontraron al blanco del ataque, un chico de 16 años llamado Rodrigo. El Tata gatilló y el pibe fue alcanzado por balazos en el tórax que lo dejaron parapléjico.
Dos meses después los agresores fueron detenidos. En septiembre de 2020 Nicolás fue imputado como coautor del hecho junto con Araya. Zenón fue imputado como partícipe primario y el Gordo Brian como instigador. En abril de 2021 Toloza aceptó en un juicio abreviado una condena a 16 años y tres meses de cárcel como coautor de la tentativa de homicidio de Rodrigo, acuerdo que incluyó una compensación de 500 mil pesos para la víctima. En octubre de ese mismo año aceptaron sus condenas Zenón, a diez años, y Araya, a once años de prisión.
Podría decirse que una parte de la historia que esta semana terminó con la condena de Nicolás Toloza tuvo su origen en noviembre de 2014 cuando dos chicas mantuvieron una discusión con otras personas en el boliche Stone de Capitán Bermúdez. Los patovicas del lugar sacaron del local a ambas, que se fueron con sus respectivos novios en una camioneta Toyota Hilux conducida por Brian González.
Los cuatro ocupantes del rodado dieron una vuelta y volvieron a pasar por el frente del boliche. Entonces Iván Galarza sacó un arma de fuego y disparó desde su asiento contra un grupo de personas entre las que estaba Any Riveros, una chica de 18 años que trabajaba como promotora en Stone y murió poco después en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
El Gordo Brian se entregó días después y en marzo de 2017 fue condenado en un juicio oral a 16 años de cárcel. Desde la prisión continuó con su actividad delictiva y en ese marco le ofreció en 2020 un trabajo de sicariato uno de sus hermanos, Nicolás Toloza. Así fue que Nicolás volvió a la cárcel acusado de intentar matar a Rodrigo V.
Menos de un año después, un mes antes de aceptar su condena por ese hecho, Toloza se encontró del otro lado del mostrador para encargarle a otro pibe que estaba afuera, Julián Aguirre, el asesinato de Pipi Bravo en abril de 2021.
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Meses después fue el turno de Aguirre quien también encontró en Piñero un lugar donde desarrollar una intensa actividad delictiva que ya le valió una condena a 20 años como uno de los jefes tras las rejas —junto con Andy Benítez y Matías César— de una violenta banda vinculada con Los Monos que asoló barrio Ludueña durante un par de años en los que sembraron las calles de balaceras extorsivas y asesinatos mientras se disputaban la venta de drogas al menudeo en la zona con la banda de Fran Riquelme, ligado a Esteban Alvarado.
Una historia donde los nombres van y vienen mientras los mismos roles son ocupados por nuevos actores. Una historia que parece clonada de otras o que, en realidad, podría mirarse como un capítulo de una sola historia común, más grande, que se viene escribiendo en Rosario desde hace más de una década con pibes que caen presos por delitos menores y en la cárcel han encontrado condiciones para generar mucho más daño. Una historia que acumula condenas a prisión perpetua por delitos gestionados tras las rejas en cuyas investigaciones, curiosamente, nunca aparece personal penitenciario entre los imputados.
La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para siete acusados de integrar una organización que operaba en el centro y macrocentro. Entre los golpes investigados figura una salidera de $28 millones y una serie de robos a automovilistas
Por Martín Stoianovich
