El único detenido por la causa de lavado de activos y uso de tarjetas de débito con fines defraudatorios hallado en una "cueva financiera" de la ciudad de Santa Fe fue indagado en una audiencia que se realizó en los tribunales del Juzgado Federal N°2 en Santa Fe. Tras la misma, la Justicia dispuso que permanezca detenido Ángel "Turco" Benavídez, un exfuncionario municipal de la gestión del ex intendente y actual diputado provincial electo José Manuel Corral. En la vivienda de Benavidez la policía halló 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, sumado al registro de transferencias y depósitos con 39 tarjetas de débito encontradas en el lugar. Lo que cobró suma relevancia en la investigación fue el hallazgo de un cuaderno repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que sirve a la fiscalía para profundizar la investigación.
Benavidez fue trasladado al Juzgado Federal de Santa Fe a bordo de un móvil de Gendarmería Nacional. Con casco y chaleco antibala puesto, el imputado escuchó la acusación que pesa sobre él (lavado de activos, defraudación mediante el uso de tarjetas de débito e intermediación financiera no autorizada de moneda extranjera) y se negó a declarar. La Justicia dispuso que siga detenido.
El hallazgo de una cueva financiera en un departamento del puerto santafesino acaparó la atención social y mediática de la capital provincial en lo que fue una semana movilizada por el devenir del caso que sigue su curso en la Justicia federal.
Con casco y chaleco antibala puesto, el imputado y detenido Angel Benavídez fue trasladado por Gendarmería a los tribunales federales de Santa Fe.
Con el único detenido hasta el momento ya imputado por los cargos de lavado de activos y defraudación mediante el uso de tarjetas de débito, la fiscalía federal sigue con las investigaciones en la búsqueda de determinar si hubo más actores implicados en la maniobra delictiva.
Para entender de forma integral lo que rodea a la causa cabe realizar una cronología de cómo fueron los hechos sucedidos hasta este domingo 17 de septiembre, en la previa de una semana en la que se esperan novedades en el desarrollo de la investigación.
Todo surgió luego de un allanamiento por un conflicto entre un propietario y su inquilino en un lujoso edificio del puerto de Santa Fe que derivó hacia una investigación de la Justicia Federal ya que los policías hallaron una "cueva financiera", con 45 millones de pesos y moneda extranjera.
El origen estuvo en lo que hasta ahora postularon como un hallazgo casual todos los actores de la causa, al momento que un ciudadano chileno que había alquilado un departamento "de palabra" con una mujer santafesina dueña del inmueble se presenta luego de largos meses hacer presencia en el lugar. Allí se da cuenta que había sido cambiada la cerradura y no podía acceder al departamento en el que aún tenía electrodomésticos propios, entre los que había dos televisores LED.
Paso siguiente realiza la denuncia ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y en el marco de un permiso de allanamiento solicitado por el fiscal del MPA que tomó esta causa primaria, Arturo Haidar, otorgado por el juzgado federal se realizó el allanamiento en el departamento del piso 12 del edificio Amarras II. El permiso al juzgado federal se debe a que dichos terrenos del puerto local no se encuentran escriturados dado que son de jurisdicción federal. La dueña del inmueble había subalquilado el mismo y se había apropiado de los electrodomésticos que retuvo del anterior locatario producto de una supuesta falta de pago por un lapso de tiempo de dos años.
Al momento que oficiales de la Policía irrumpen en el inmueble es cuando se encuentran con la presencia del único imputado de la causa en el departamento, Ángel Yamil Benavidez, de 40 años, quien era el individuo que subalquiló el departamento.
La sorpresa fue el hallazgo de la suma millonaria de 45 millones de pesos, 85.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales, además de 39 tarjetas de débito emitidas todas por Banco Santander. Lo que cobró suma relevancia en la investigación fue el hallazgo de un cuaderno repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que sirve a la fiscalía para atar cabos.
A raíz de esto se abrió una nueva causa en el marco del hallazgo en el departamento del puerto santafesino, al frente de la fiscalía federal Nº2 a cargo del fiscal federal Walter Rodríguez, donde inicia la investigación y se ordenan las primeras diligencias.
En el marco de la investigación, hasta el pasado jueves se desarrollaron un total de 10 allanamientos a distintos domicilios y entidades bancarias. Siete de ellos se llevaron a cabo el día miércoles 13 de septiembre, entre los que se encuentran el domicilio del acusado ubicado en el country Los Molinos, otros domicilios particulares vinculados a la persona y un local comercial de telefonía celular.
En uno de éstos domicilios fueron hallados elementos compatibles con infracciones aduaneras, por lo que se dio conocimiento a las autoridades correspondientes. Sobre esto, el fiscal Rodríguez pidió colaboración a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Los otros tres fueron ejecutados el pasado jueves, luego de que por orden del fiscal federal N°2 Walter Rodríguez, se procediera a allanar tres sucursales distintas del Banco Santander, entidad que emitió todos los plásticos hallados en la "cueva" del puerto. Dos de las tres sucursales allanadas tienen sede en la ciudad de Santa Fe, la primera de ellas sobre Bv. Gálvez y Belgrano, y la segunda ubicada en la esquina de Peatonal San Martín y Tucumán. La restante entidad allanada es la del Banco Santander de la ciudad de Esperanza.
Fueron secuestrados al menos dos vehículos por disposición del fiscal. "El vínculo es haber sido utilizado como instrumento del delito y de haber sido utilizado como provecho del delito, siendo adquiridos con fondos provenientes de la actividad delictiva", afirmaron desde la fiscalía federal.
El pasado jueves a las 9 estaba citada en el juzgado federal de la ciudad de Santa Fe la audiencia indagatoria contra el único detenido en la causa hasta el momento, aunque se terminó postergando y celebrando finalmente el viernes 15 de septiembre en horas del mediodía.
Allí el acusado se negó a prestar declaración por recomendación de su abogado y quedó imputado bajo los delitos de utilización de tarjetas de débito con fines defraudatorios y el lavado de activos agravado. El fiscal Walter Rodríguez se retiró previo al inicio de la audiencia, dejando en manos de un fiscal adjunto la presencia de la fiscalía en la indagatoria.
Robo de identidad
Lo que trascendió desde fuentes vinculadas al caso es el modus operandi con el que el acusado habría actuado durante un lapso no menor a 3 años desde el año 2020. En la investigación de la fiscalía se logró el contacto y entrevista con una "buena cantidad" de las 39 personas que figuraban como titulares de las tarjetas de débito halladas, con puntos que vinculaban desde varios aspectos a dichas personas.
Lo más llamativo aparece cuando se nombra que en la mayoría de las personas entrevistadas provienen de barrios carenciados de la ciudad de Santa Fe y de otras localidades, de donde en primera instancia el imputado recababa datos de diferentes personas, robándole su identidad mediante la captura fotográfica de su DNI y posterior escaneo.
De esa forma creó las cuentas bancarias a nombre de estas personas que habrían desconocido su accionar según la hipótesis manejada desde fiscalía hasta la actualidad. El alta de estas cuentas fue activado "por tandas" según expuso el fiscal a cargo de la causa. "A las cuentas se accedía a través de nombres de terceros para canalizar vía bancaria un producto y mal utilizarlo, es decir, que se convierta en un producto financiero ya que el detenido fue solo el que las expidió", afirmó Rodríguez.
"De las diligencias que se produjeron este jueves en la entidad crediticia obtuvimos información que da cuenta de movimientos bancarios entre cuentas de considerables sumas de dinero, cuyo flujo corría por el sistema financiero", afirmó Rodríguez en el marco de los allanamientos a tres sucursales del banco Santander, dos en la capital provincial y la restante en Esperanza.
"No estarían al tanto. Estamos hace dos o tres días trabajando porque es un colectivo importante de gente", afirmó en el marco de la indagatoria el fiscal Walter Rodríguez, a la vez que afirmaba que muchos de ellos eran "vecinos o parientes" entre si.
Lo que resta revelarse es el contenido de las anotaciones en el nombrado cuaderno con determinadas cifras, números y direcciones. Sobre esto, Rodríguez se explayó: "No quiero hacer un juicio de valor prematuro porque hay que hacer una interpretación producto de la extracción de datos que se realizó el jueves, respecto a un aparato telefónico en donde están graficadas las operaciones". El celular que menciona el fiscal pertenecía a la persona detenida.
"La fiscalía continuará revisando documentación y un caudal enorme de información que tenemos. Va a ser un trabajo importante por delante a partir del próximo lunes", concluyó el fiscal Rodríguez. La fiscalía busca saber si hubo más personas involucradas en la maniobra delictiva.
