El hecho fue en enero de este año. El detenido tenía 35 años y falleció mientras estaba bajo custodia estatal. La autopsia reveló que tenía una costilla rota
La seccional 8ª, a la que llegó la víctima para quedar detenido
Seis policía fueron detenidos e imputados en la ciudad de Santa Fe por su probable implicancia en la muerte de un hombre en la comisaría 8ª. Cinco de ellos pertenecen al Comando Radioeléctrico y uno al Cuerpo Guardia de Infantería. La víctima, Mauro Daniel González, de 35 años, falleció mientras estaba bajo custodia estatal en la seccional.
La detención de los efectivos fue a partir de una investigación impulsada inicialmente por la familia del hombre fallecido que, por medio del abogado Rodolfo Mingarini, denunció el suceso ante la Justicia.
La muerte de González fue el sábado 17 de enero de este año, cuando el hombre, oriundo de barrio Yapeyú, fue detenido en la puerta de su casa luego de que alguien llamara al 911 para denunciar que había una persona que provocaba disturbios en la calle. Tras su arresto, fue llevado a distintas sedes policiales y luego terminó alojado en un calabozo de la Octava, en donde se dio el desenlace fatal.
Horas después de su arresto, el fiscal que se encontraba de turno aquel día le dio la libertad al hombre. Sin embargo, la liberación se dio en horas de la madrugada del 18 de enero, y cuando los agentes de la comisaría fueron a notificarlo, González no respondía a ningún estímulo. Desde entonces, se inició una investigación, motorizada por la querella y que ahora sumó un paso trascendental.
El hecho fue caratulado inicialmente como "muerte dudosa" y se activaron los protocolos de investigación para casos de personas bajo custodia estatal.
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La audiencia imputativa estuvo a cargo de la jueza Cecilia Labanca y el fiscal Ezequiel Hernández expuso formalmente las imputaciones a los uniformados detenidos esta semana.
La investigación se rige bajo el Protocolo de Minnesota, diseñado específicamente para indagar muertes ocurridas bajo responsabilidad estatal, buscando determinar si existió un uso desmedido de la fuerza o negligencias graves en el deber de cuidado.
La reconstrucción de los hechos que presentó la fiscalía sitúa el inicio del conflicto en la tarde del 17 de enero en el barrio Yapeyú. Tras un llamado al 911 por presuntos disturbios, una cantidad desproporcionada de móviles policiales -se estima entre ocho y nueve patrulleros- acudió al lugar para reducir a González delante de sus padres y vecinos.
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Según la querella, representada por Mingarini, la aprehensión fue violenta e ilegal desde su origen. Denuncian que uno de los efectivos le habría provocado la fractura de una costilla a González al arrojarse sobre él durante la aprehensión. Testigos y registros de cámaras de seguridad serán piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido aquel día. La querella sostiene que durante el camino del patrullero hasta la dependencia policial, realizaron diversas paradas, prolongando el trayecto. En ese tiempo, la salud del detenido se habría deteriorado.
Cuando fue entregado formalmente a la comisaría 8ª, cerca de las 20, González "no respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido", indicó Mingarini. De acuerdo con el expediente, el fiscal de turno había dispuesto que el aprehendido fuera liberado, instrucción que fue comunicada a la seccional a las 22.40 de ese 17 de enero. Sin embargo, el hombre permaneció encerrado hasta la madrugada del 18, cuando los guardias acudieron a notificarle su liberación y descubrieron que ya no presentaba signos vitales.
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