último momentoA las discrepancias en cuanto al marco legal de la normativa se sumó la postura "técnica y política" del ministro de Seguridad Pablo Cococcioni. Cómo sigue el tratamiento
Foto: Leonardo Vincenti / La Capital
El rol de los cuidacoches, en debate
La Cámara de Senadores de la provincia postergó el tratamiento del proyecto de la prohibición total de cuidacoches, que se aprestaba a convertirse definitivamente en ley en la sesión de este jueves. La falta de consenso dentro de la bancada oficialista de Unidos dejó el debate para la próxima sesión ordinaria, que se desarrollará luego del receso invernal en la Legislatura.
Justo cuando el Senado se aprestaba a insistir con el proyecto original y rechazar, a su vez, las modificaciones introducidas por Diputados, las diferencias internas al proyecto original presentado por el senador del departamento Rosario Ciro Seisas (Unidos) le pusieron un freno de mano al debate y obligaron a dar marcha atrás para buscar una nueva instancia de negociación política entre el ala socialista de Unidos y el sector cercano al intendente Pablo Javkin, afín al proyecto presentado por el exconductor televisivo.
La iniciativa proponía la incorporación de figuras contravencionales para prohibir la actividad de los cuidacoches. Establecía sanciones que iban desde trabajo comunitario hasta la detención por reincidencia en el nuevo delito, entre otros agravantes de la pena en caso de amenazas, violencia o la práctica de la actividad ilegal en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o durante la noche.
No obstante, desde el sector de Seisas aclararon que el proyecto ingresado, que cuenta con media sanción, tiene un componente social, tal como lo reclamaron desde el socialismo y el peronismo en ambas Cámaras.
De esta manera, el proyecto contempla que aquellos que no cuentan con antecedentes penales pueden acceder a capacitaciones y reubicaciones en empleos formales, ya sea a través de programas provinciales, municipales y convenios entre la articulación público privada.
Sin embargo, la Cámara baja modificó ese proyecto original a partir de los cuestionamientos planteados por la Iglesia, organismos de derechos humanos y sectores del oficialismo, que reclamaron un abordaje integral y social para erradicar la problemática.
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En síntesis, el texto aprobado por Diputados incorpora el artículo 66 bis al Código de Convivencia y limita la aplicación de sanciones a quienes desarrollen la actividad sin autorización y únicamente en lugares donde exista una prohibición establecida por normativa local.
No obstante, mantiene sanciones para quienes exijan o soliciten de manera intimidatoria una retribución económica por permitir estacionar o por realizar tareas de cuidado, lavado o limpieza de vehículos en espacios públicos.
Prevé, además, la prohibición de concurrencia al lugar donde se cometió la infracción por hasta 60 días, plazo que puede extenderse de 60 a 120 días cuando la conducta ocurra en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos o exista aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el género, la edad o la discapacidad.
A ese debate por la reforma del Código de Convivencia se sumó una voz de peso técnico y político del ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, quien pidió evitar "un gastadero de plata" y articular "formas más baratas" para resolver la erradicación de trapitos en la calles de Rosario y otras aglomeraciones urbanas.
"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", argumentó de forma tajante Cococcioni, apuntando sus críticas implícitas a la estructura judicial que se anexó en el debate de la Cámara baja.
Sin embargo, desde la bancada de Seisas aclararon que el proyecto inicial no prevé la creación de dos juzgados, tanto en Rosario y en Santa Fe, puesto que esa modificación (prevista en el artículo 1) fue introducida en Diputados.
El funcionario definió la problemática sin rodeos: "Entendemos que el tema cuidacoches puede ser un factor criminógeno que aumente el nivel de riesgo. Es una situación que provoca un contacto social no solicitado por la persona y, en principio, es un factor de riesgo".
Cococcioni matizó que las realidades son disímiles según la geografía de la provincia, recordando que existen municipios pequeños o medianos que otorgan tiqueteras oficiales a los cuidacoches en lugar de implementar un sistema de estacionamiento medido por aplicación móvil.
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Por este motivo, el ministro coincidió en que la estrategia estatal debe ser penalizar la actividad específicamente en aquellos distritos donde los gobiernos locales la hayan prohibido de manera taxativa mediante sus propias normativas y ordenanzas.
El eje principal de la advertencia ministerial se centró en la sustentabilidad económica y operativa de la reforma que se debate en la Legislatura. Para la cartera de Seguridad, destinar recursos de los ministerios públicos, defensores oficiales y jueces para tramitar un proceso penal tradicional contra un cuidacoches resulta inviable y satura las comisarías con burocracia administrativa.
Por este motivo, desde la cartera de Seguridad provincial detallaron cuál es la alternativa técnica que prefieren e intentan consensuar con los legisladores, orientada a la aplicación de sanciones contravencionales de resolución inmediata que no impliquen necesariamente la privación de la libertad:
Poder de policía directo: dotar de facultades normativas claras al personal de calle de la Policía de Santa Fe para intervenir ante la mera denuncia o detección del cuidacoches no autorizado, procediendo a su retiro del espacio público de manera inmediata.
Prohibición de concurrencia: implementar la herramienta jurídica de un "decreto penal contravencional de prohibición de concurrencia". Este mecanismo permitiría retirar al infractor mediante el uso legítimo de la fuerza policial y restringir, bajo apercibimiento legal severo, su reingreso físico a la zona comercial o gastronómica afectada.
Foco en la disuasión rápida: evitar la apertura de expedientes judiciales engorrosos, priorizando la recuperación del espacio público en tiempo real y resguardando la tranquilidad del conductor en las zonas críticas.
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