A partir de una negociación que comenzó por una oferta en Facebook la policía llegó la semana pasada a cuatro personas que fueron acusadas este lunes por el crimen de Ariel Simoncini, el comisionista de Roldán emboscado con la venta de una moto por Internet y ejecutado a tiros en enero pasado cuando fue a concretar la compra a barrio Alberdi. Los acusados, entre ellos un interno de la cárcel de Coronda, quedaron en prisión preventiva mientras se realizan las pericias de doce teléfonos secuestrados en allanamientos a domicilios y en una celda de la unidad penitenciaria.
Ese fue el resultado de una audiencia imputativa que comenzó el viernes pasado y concluyó la mañana de este lunes en el Centro de Justicia Penal. La jueza Valeria Pedrana dispuso la prisión preventiva por el plazo legal de dos años para Emanuel David Villanueva, quien cumple condena por homicidio, y para Dalma Nerea A., a cuyo nombre estaba el chip usado en el celular con el que se contactó Simoncini. Con plazos de detención acotados a 90 días quedaron también detenidos José Luis G. y Melani A., pareja de Villanueva.
Los cuatro fueron acusados como coautores de un homicidio doblemente calificado: por la participación de más de tres personas y criminis causa, es decir, por estar conectado a otros delitos. En el mismo carácter les atribuyeron las figuras de robo calificado con un arma apta para el disparo y robo agravado en poblado y en banda. La pena para ese encuadre es la de prisión perpetua. La jueza dijo que en esta etapa inicial hay elementos de sospecha aunque la investigación debe profundizarse. Avaló la inspección de doce celulares, medida a la que los acusados no se opusieron.
Ariel del Luján Simoncini tenía 54 años, vivía en Roldán, se dedicaba a hacer fletes y comisiones y era padre de dos chicos de 18 y 4 años. El pasado 7 de enero, luego de pactar la compra de una moto por Marketplace —la tienda de compraventas de Facebook—, llegó alrededor de las 16 en su Utilitario Citroën Jumper hasta la esquina de Matheu y Zelaya. En ese lugar fue abordado por cuatro personas que se movilizaban en dos motos y probablemente un auto de apoyo, quienes le robaron 950 mil pesos y 3 mil dólares.
Había llevado ese dinero para la compra de una moto. Una operación que, tal como quedó registrado en su celular, había negociado a través de Facebook. Los atacantes realizaron dos disparos que impactaron en la frente y costado izquierdo del pecho de la víctima, que murió en el lugar. Tras los llamados de vecinos al 911 lo encontraron dentro del auto cerrado. Tenía su celular, lo que permitió reconstruir sus últimos contactos.
Según expuso en la audiencia el fiscal Adrián Spelta, así se pudo identificar un perfil de Facebook a nombre de una mujer con quien se había vinculado el comisionista. Efectivos de la Agencia de Investigación Criminal se contactaron de manera encubierta con ese perfil fingiendo interés en una casa de Roldán que se ofrecía en alquiler por la temporada de verano.
Tras un primer intercambio a través de la red social, a los policías les ofrecieron un número de celular para seguir negociando por esa vía. Así los efectivos detectaron que la persona que se comunicaba con ellos lo hacía desde un teléfono con el mismo número de Imei (una suerte de código de identidad del aparato), que el usado en la cuenta de Facebook. Desde esa plataforma se ofrecían todo tipo de productos, como licencias de conducir, compraventa de dólares, casas y motos. Se cree que todas eran ofertas engañosas para estafar a los interesados.
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Fue así que pactaron una “entrega controlada” del dinero por el alquiler de la casa. El encuentro se acordó en la estación de servicios de bulevar Seguí y Ayacucho. En el bar de la estación los agentes detuvieron a José G., de 24 años, quien había ido a retirar los 43 mil pesos del supuesto alquiler. Luego se realizaron allanamientos en él barrio 7 de Septiembre donde fueron detenidas Nerea A., de 29 años, y Melani A., de 31.
De acuerdo con la evidencia citada en la imputación, José Luis G. no era la persona con quien los policías encubiertos consensuaron la operación. Según los roles que les atribuyó el fiscal a los acusados, el “ideólogo” era Villanueva, quien desde su celda en Coronda “era el responsable de realizar las comunicaciones con la víctima, de acordar los montos, establecer el lugar de encuentro” y definir el modo de abordar y atacar las víctimas.
Villanueva, de 33 años, cumple una condena a 24 años de prisión por el crimen de Walter Barrios, cometido en Derqui al 7500 en agosto de 2016, y por un asalto en el que terminó detenido en octubre de ese año. Declaró en la audiencia y desligó al resto: dijo que su pareja no sabía de sus actividades y que al cobrador no lo conocía personalmente.
“Fue la primera vez que iba a buscar plata. Me mandó Ema. Me dijo que fuera a la estación y que me iban a recibir dos chicas vestidas de rosa”, dijo por su parte G., quien cumple una condena a 3 años de prisión condicional por la portación de un arma, y a quien el fiscal señaló como el “responsable de la ejecución material de los actos delictivos digitados por Villanueva”. La defensora pública Daniela Asinari planteó que no hay dudas de que participó del hecho que terminó con la entrega controlada, pero negó vinculación alguna con el crimen. El muchacho acusado ofreció las claves de su celular y pidió que lo periten.
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Como “responsable de la logística referente de las comunicaciones entre los coautores” y de transportar y ocultar celulares el fiscal ubicó a Dalma Nerea A., a cuyo nombre estaba el chip usado en las transacciones con Simoncini. Ella explicó en la audiencia que a ese chip lo usaba su novio, que estuvo preso en Coronda y lo perdió en una pelea con Villanueva tras la cual lo cambiaron de pabellón en 2021.
La chica estaba en prisión domiciliaria en una causa por infracción a la ley de drogas. Su defensor, Marcelo Argenti, consideró “excesivo que la acusen de responsable de la logística por tener un chip”. Pidió que siguiera presa en su domicilio por tener a su cuidado a su hijo de 9 años, pero el pedido no prosperó.
Por último Melani A. fue señalada como “responsable del aspecto financiero de lo recaudado”, que se depositaba en su caja de ahorros del Banco Nación. La mujer dijo que allí cobraba la asignación por hijo y que desconocía los usos que le daba a esa cuenta su pareja. A la jueza le pareció “llamativo” ese desconocimiento y por eso dispuso su arresto preventivo, en su caso por noventa días. Aunque dejó abierta la chance de que se le otorgue el arresto domiciliario por ser madre de tres chicos de 11 y 3 años y de un bebé al que amamanta —ahora al cuidado de su abuela materna, que cursa una grave enfermedad— una vez que se presenten los certificados correspondientes.
