Con una cómplice, que está prófuga, le vendieron a una familia una casa que luego les obligaron abandonar a fuerza de amenazas y tiros
La propiedad de Barra 3350 que le vendieron a una quiosquera y que luego debió abandonar bajo amenazas de un preso.
Ismael Edgardo González tiene 41 años y desde hace más de una década está preso en la cárcel de Piñero, donde cumple una pena de 23 años por un asesinato ocurrido en 2010. Ahora sumó una nueva condena por participar desde prisión de una estafa a una mujer a la que le vendió una propiedad para luego usurpársela. Su cómplice en la calle fue una mujer que está prófuga.
El 12 de noviembre de 2022 una mujer le compró a otra una casa de Barra 3350 mediante un boleto de compraventa y la entrega inicial de 1.300.000 pesos. Menos de dos meses después comenzaron las amenazas, seguidas de un ataque a balazos y más intimidaciones por las cuales finalmente la víctima terminó abandonando la vivienda.
El fiscal Pablo Socca le atribuyó a González haber participado desde la cárcel de esta maniobra, para la cual contó con una mujer que está prófuga de la Justicia. La pena acordada en procedimiento abreviado fue de 7 años por el delito de amenazas con el fin de compeler a la víctima a que abandone su residencia habitual, agravada por la utilización de arma de fuego.
El trasfondo de esta nueva condena para González, cerrada en un juicio abreviado el viernes pasado, se remonta a fines de 2022. Todo comenzó el 12 de noviembre de ese año, cuando una mujer le compró a Daniela Carla Rubio, hoy prófuga, la casa de Barra al 3350. Entonces pasó desapercibida una irregularidad que luego se conocería en la investigación: la vendedora había cambiado su identidad al momento de firmar el boleto de compraventa.
Algunos días después del pago inicial de 1.300.000 pesos, la nueva dueña de la casa terminó de pagar los 200.000 restantes por el valor total de la vivienda. Ya para fines de enero comenzaron las intimidaciones por las cuales, para comienzos de marzo, la mujer y su familia abandonaron la casa.
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La madrugada del 28 de enero la víctima estaba con su pareja e hija en la casa cuando escucharon unos piedrazos sobre la casa y otros golpes sobre la ventana. Al asomarse, la mujer vio sobre la vereda a dos jóvenes en una bicicleta cada uno. Pero no fue hasta el amanecer que la familia entendió la extraña presencia de esas personas que habían rondado la casa. Colgada en el picaporte había una bolsa que dentro tenía un papel con un mensaje: "Deja la casa en 24 horas te damos tiempo hasta mañana sino plomo a tu familia".
Ya entrada la noche de aquel 28 de enero, sin que se cumplieran las 24 horas de advertencia, la amenaza escaló a un ataque a tiros contra la vivienda de Barra al 3300. Fue cerca de las 22.40 cuando dos hombres dispararon desde una moto. Fueron cinco balazos que quedaron estampados en el frente de la casa.
Por esa intimidación la familia se fue de la casa. Pero cinco días más tarde, al intentar regresar, volvieron a encontrar una nota amenazante. "Tomatela. No vengan más porque la próxima que vea a alguien lo mato. Dejen la llave", decía el mensaje.
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Diez días después, cuando volvieron a pasar por la casa, notaron que ya había sido usurpada. Los nuevos dueños habían pintado el frente de otro color y habían cambiado la cerradura. Con la denuncia ya realiza y la investigación en marcha, a los tres días la policía realizó un allanamiento en el cual no encontraron a nadie dentro de la casa.
Luego del operativo la víctima pudo recuperar la vivienda, pero los problemas continuaron un día después. La mujer recibió un llamado telefónico de un hombre que le aseguró que la casa era de él, que tenía la escritura, que le quitara el candado que había puesto y se fuera. Fue la última advertencia para que la familia abandonara definitivamente la casa.
Durante la investigación se determinó que esa última llamada la había hecho desde prisión Ismael González. Para entonces la mujer que se había ocupado de la venta de la casa ya había sido identificada como quien lo visitaba en la cárcel de Piñero.
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La cómplice figura como prófuga de la Justicia por esta causa, que también tiene bajo investigación a otras personas que no fueron identificadas y participaron de las intimidaciones. Así, la única acusación formal recayó contra el recluso Ismael González condenado el viernes pasado.
La pena de 7 años que aceptó en el procedimiento abreviado se unificó con la condena anterior a 23 años por un homicidio ocurrido en 2010. Se trata del crimen de Arturo Beltrán Correa, asesinado en el barrio Tío Rolo cuando intentó evitar el robo de una moto en la que iba como acompañante.
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