Ismael Edgardo González tiene 39 años y desde 2013 purga una condena a 23 años de prisión en la cárcel de Piñero tras ser hallado culpable de varios delitos, entre ellos el asesinato de Arturo Beltrán Correa durante un asalto ocurrido en 2010 en el barrio Tío Rolo del suroeste rosarino. Pero el estar tras las rejas no le impide al hombre seguir delinquiendo y tiene tiempo de sobra para pensar cómo hacerlo. Además cuenta con apoyo extramuros para llevar adelante sus tropelías. Lo hacer a través de su pareja, una joven que hoy está prófuga de la Justicia pero que tiene la suficiente valentía para cumplir sus órdenes reclutando soldaditos. La semana pasada, el recluso sumó una nueva imputación. Esta vez por pergeñar una estafa con la venta de una humilde vivienda del barrio Triángulo y Moderno a cuya compradora después amenazaron y le balearon la casa para que la abandone y de esa manera volver a venderla, aunque no hicieron tiempo porque la Justicia les ganó de mano.
Todo empezó en noviembre de 2022 cuando Mirna, una quiosquera paraguaya, compró unas propiedad de calle Barra 3350 tras verla ofrecida en Marketplace, el sitio web de compraventas de Facebook. La mujer contó a la Justicia que para concretar la operación se reunió con “Carla Ruíz”, quien luego se supo se llama en realidad Daniela Carla R., a quien le pagó 1,5 millón de pesos en dos cuotas: primero fueron 1.3 millón que abonó el 12 de noviembre del año pasado y el 30 de diciembre canceló la adquisición con 200 mil pesos restantes. Todo ello quedó asentado en un boleto de compraventa que no fue legalizado. “Me dijo que vendía la casa porque le quedaba grande a ella e iba a comprar una mas chica”, declaró Mirna en su denuncia. Y contó que una vez concluida la operación, la vendedora la había bloqueado de sus contactos de WhatsApp.
Un mes después, más precisamente el 28 de enero de este año, para Mirna empezó lo que sería un verdadero calvario. La madrugada de aquel día escuchó que le tiraban piedras contra el frente de la casa y a la mañana siguiente, al levantarse, encontró debajo de la puerta una nota amenazante en la cual la conminaban a abandonar la propiedad porque si no la atacarían a balazos: “Dejá la casa en 24 hs te damos tiempo hasta mañana sino plomo a tu familia. Corta” (sic).
Cena y tiros
La mujer, aunque asustada, ese día no hizo nada y le restó importancia a la advertencia. Pero a la noche, cuando “estaba cenando en la vereda con toda mi familia y mi hermano pasó una moto en la que había dos pibitos y nos tiraron. Fue el mismo día que me dejaron una nota, que fue en la madrugada, y a la noche nos balearon”, recordó la mujer en la denuncia. En el lugar los peritos levantaron cinco vainas servidas en la calle y dos plomos (uno adentro del domicilio y otro en la vereda) además de cinco impactos en las paredes de la fachada.
Ese tiroteo, en el cual nadie resultó herido, llevó a que Mirna tomara la decisión de dejar la propiedad. Las balas pudieron más que el millón y medio de pesos que había pagado a Carla Ruiz, una mujer a la que definió como “flaquita, rubia, que me dijo que tenía 26 años aunque parecía de más y tenía una hija. La vi a la nena el día que hicimos la entrega de la plata porque yo le pagué en dos veces. Supuestamente ella vivía antes ahí, pero su dirección actual nunca me la dijo”, denunció Mirna.
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Nada terminó ahí. El 3 de febrero al mediodía Mirna encontró en la ventana de su casa una nueva nota intimidatoria. “Tomatela no vengan mas xque la próxima que vea a alguien lo mato. Dejen la llave” (sic) decía el papel. Y eso la asustó más. Algunos días más tarde, el 14 de febrero, al pasar frente a la propiedad observó que el frente del domicilio se encontraba pintado de otro color y comprobó que además le habían cambiado la cerradura por lo que su intento de ingresar fue imposible y radicó la denuncia a la policía.
Finalmente, el 17 de marzo con una orden de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola, efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) irrumpieron en la vivienda sin encontrar moradores en su lugar y se la restituyeron a Mirna. Pero su estadía en el lugar duró poco. Un día más tarde, el ahora imputado Ismael Edgardo González la llamó por teléfono y le dijo que esa era su casa, amenazándola nuevamente para que la dejara o iba a ser atacada a tiros. A Mirna no le quedó otra que irse.
La pesquisa
La investigación que llevaron adelante los fiscales Rébola y Carbone, de la Unidad Fiscal de Balaceras, se centró principalmente en las escuchas telefónicas judicializadas a partir de la denuncia de Mirna y todos los mensajes que recibió en su teléfono celular. Así las cosas, se supo que las amenazas partían de un teléfono que se activaba a través de las antenas colocadas en torno a la cárcel de Piñero y la localidad de Álvarez por lo que supusieron que era un interno del penal quien estaba llevando adelante la maniobra.
Con una orden del juez Nicolás Foppiani se procedió a interceptar el celular del sospechoso, a quien se llegó por las visitas que le realizaba su pareja, es decir la mujer que le había vendido la casa a Mirna, y se detectó que el recluso hablaba con su hija, con un menor (tiratiros) y con su propia pareja, la prófuga Daniela Carla R., con domicilio en Villa Gobernador Gálvez.
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En ese sentido, entre las tantas escuchas interceptadas y que los fiscales presentaron en la audiencia imputativa, hay una en la cual el preso ahora acusado habla con quien sería un menor de edad al que le ordena ir a balear y amenazar a los ocupantes de la casa en cuestión. Un informe de los pesquisas a cargo de las escuchas dice que en el audio “se escucha a un tal «Ismael», que por las antenas de su teléfono se presume que se encuentra detenido en la Unidad 11 de Piñero, que se comunica primero con un menor que parece encontrarse en movimiento por los ruidos de fondo y que en medio de la conversación asegura a su interlocutor: «llegamos». En esa conversación Ismael le dice al niño que se encuentra acompañado de un hombre (que parece ser mayor de edad) que se presenten en el domicilio (bajo investigación) y les digan a las personas que se encuentren allí que tienen que irse y que luego, antes de irse, disparen varios balazos contra el frente”.
Propiedad con historia
En 2017, la propiedad de Barra al 3350 apareció en las crónicas policiales cuando fue allanada por la Policía Federal Argentina (PFA) en el marco de una causa oscura: la desaparición de un hombre llamado Sergio Ramos, quien había sido visto por última vez allí cuando en el lugar funcionaba un almacén.
Por entonces Ramos fue víctima de un episodio violento: fue golpeado y baleado dentro del comercio y estuvo una semana en coma. El 25 de febrero, supuestamente recuperado, Ramos desapareció sin dejar rastros y una de sus hijas denunció a la pareja del hombre por la desaparición y señaló que la mujer vendía drogas.
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En un allanamiento realizado en octubre del mismo año 2017, los federales encontraron que en el lugar funcionaba un quiosco de venta de drogas y que también funcionaba un templo umbanda en el que un perro adiestrado detectó manchas de sangre. Los detectives se llevaron demorada entonces a Adriana T., la ex pareja de Ramos y propietaria del local donde incautaron medio kilo de cocaína, 68 mil pesos, 100 dólares, veinte celulares, handys, siete videocámaras, balas 9 milímetros, una cuchilla, una espada tipo katana y un Chevrolet Astra.
Ya para ese entonces, en junio de 2017 había aparecido un cadáver en un descampado de Cabín 9, en Pérez. Pero pasaron casi dos años hasta que en mayo de 2019, y luego de un tardío análisis de ADN, al fin llegaron las pruebas finales: era el de Sergio Ramos.
