El juicio contra Esteban Lindor Alvarado, iniciado el 21 de febrero pasado, va entrando en la recta final. Tras cuatro jornadas los fiscales de la Agencia de la Criminalidad Organizada y Delitos Complejos Matías Edery y Luis Schiappa Pietra cerraron ayer sus alegatos con el pedido de penas de prisión perpetua para Alvarado y otros cuatro integrantes de su banda. En tanto, para los otros dos acusados que llegaron al banquillo solicitaron condenas de 6 y 8 años de cárcel respectivamente. Vale recordar que en procesos abreviados, por distintos vínculos con la banda ya fueron condenadas 22 personas, entre ellas siete policías.
Al abrir sus alegatos de cierre el lunes pasado, los fiscales sostuvieron que “la organización de Alvarado es una estructura de poder que creció gracias a los resquicios de legalidad que dejó el Estado y contó con el apoyo de funcionarios por acción u omisión”. Y a lo largo de cuatro jornadas desplegaron sus exposiciones con un soporte en pantalla de gráficos, fotos, audios y videos que componen la evidencia. En ese marco, más de una vez los representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que el juicio serviría para entender las últimas dos décadas de criminalidad en una ciudad como Rosario, que desde hace al menos diez años triplica la media promedio de homicidios en el país.
“Los juicios tienen un rol social de contar cómo se consolidaron las tramas criminales”, expresó este viernes el fiscal Schiappa Pietra. Quizás, al conocerse los fundamentos de la sentencia del juicio y al cruzar esos datos con el juicio sobre el núcleo duro de Los Monos quue concluyo en abril de 2018, se pueda trazar una historia completa de cómo fue tomando forma la criminalidad organizada rosarina en el nuevo siglo.
La única jornada de la semana en la que el juicio tuvo un receso fue el jueves, aunque la misma estuvo signada por el homicidio de Rubén Horacio Avila, padre de Matías “Negro” Ávila, uno de los siete acusados en este juicio. El hombre fue asesinado de un balazo en el pecho en Pasaje 6 al 2400, en el barrio Coronel Aguirre de Villa Gobernador Gálvez y los investigadores no descartan que haya sido un mensaje en medio el proceso que se lleva adelante en el Centro de Justicia Penal.
Previo a sus alegatos de cierre, Edery y Schiappa Pietra brindaron una rueda de prensa en la cual ratificaron su decisión de elevar ante el Consejo de la Magistratura “registros de las audiencias en las que investigadores y funcionarios federales contaron sobre las omisiones” en las que habría incurrido la Justicia Federal en investigar a la banda de Alvarado. La idea de los fiscales provinciales es que el máximo órgano constitucional de selección y control de los magistrados federales, evalúe la conducta de quienes, a su entender, omitieron medidas judiciales para profundizar la investigación sobre Alvarado como jefe narco en los años 2013 y 2014 a partir de información suministrada por el fiscal de San Isidro Patricio Ferrari. “En aquel momento ya había mucha información que vinculaba a Alvarado con el tema drogas”, explicó en la rueda de prensa Matías Edery.
Pedidos de pena
A la hora de pedir penas, los fiscales solicitaron la prisión perpetua para cinco de los siete acusados. En ese sentido, para Alvarado solicitaron la pena máxima como instigador del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido premeditado con la participación de dos o más personas del prestamista Lucio Maldonado, cuyo cuerpo apareció el 13 de noviembre de 2018 al costado de la avenida Circunvalación, a 200 metros del Casino City Center. Además reclamaron otros 10 años de pena por cada uno de tres hechos de amenazas coactivas calificadas con la intención de obtener una medida o una concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos: enviarle una cabeza de perro a la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación Marina Marsili el 14 de enero de 2019, ordenar balear la casa de la misma el 31 de enero de 2019 y los ataques a tiros contra los edificios de los Tribunales y el Centro de Justicia Penal perpetrados en diciembre de 2018 y enero de 2019.
También se le endilgó a Alvarado ser jefe de una asociación ilícita y autor del delito de lavado de activos agravado como integrante de una asociación ilícita o banda conformada para la comisión de hechos de esta naturaleza en cinco casos. En este sentido se refirieron a propiedades adquiridas con dinero ilícito por el acusado en avenida Fuerza Aérea 2350, en el barrio Funes Hills; los lotes 5,148 y150 de Puerto Roldán; un departamento y dos cocheras en el Condominio del Alto ubicado en cercanían del shopping Alto Rosario, un terreno en la localidad de Coronel Bogado y una casa de Misiones 865, en Tierra de Sueños de Roldán que Alvarado le quitó al testigo protegido Rodrigo Ortigala. Por esos delitos los fiscales pidieron 25 años de condena y una multa equivalente a cuatro veces el valor real de las operaciones en las que intervino, lo que se estima en 758 millones de pesos.
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Para Mauricio Jesús Laferrara, considerado como uno de los sicarios y laderos de Alvarado, los fiscales solicitaron prisión perpetua como participe primario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por haber sido premeditado con la participación de dos o más personas del prestamista Maldonado. También pidieron 25 años por el homicidio simple de Cristian Enrique, cuyo cuerpo apareció el 10 de noviembre de 2018 a la vera de la ruta provincial 14, en jurisdicción de Soldini. Y 10 años de pena como miembro de la asociación ilícita.
Para Facundo Fabián “Lapo” Almada, requirieron la prisión perpetua por homicidio agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o mas personas de Maldonado y 7 años de pena como participe de la asociación ilícita.
También pidieron perpetua para Matías “Negro” Ávila y Germán Facundo Fernández como participes primarios del crimen agravado por el uso de arma de fuego por el concurso premeditado de dos o mas personas de Lucio Maldonado.
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En tanto, para Miguel Greci Hazzi, conocido como “el arquitecto” que hacía construcciones y reformas para el clan Alvarado, los fiscales requirieron 8 años de prisión como miembro de una asociación ilícita y dos hechos como coautor de lavado de activos agravado como miembro de una asociación ilícita o banda conformada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza (los lotes de Puerto Roldán y el departamento y las cocheras de Condominios del Alto). También solicitaron el pago de una multa equivalente a tres veces el valor real de las operaciones de lavado de activos en la que intervino con un cálculo de unos 408 millones de pesos. Finalmente, para Daiana Gusta Ghirardi, acusada por un hecho de lavado de activos (el departamento y las cocheras de Condominios del Alto) pidieron 6 años de prisión.
Los fiscales también presentaron una solicitud de decomiso de 8 inmuebles y 17 vehículos. El lunes, con la defensa de Esteban Alvarado, comienzan los alegatos de las defensas de un juicio cuyo fallo se espera conocer el próximo jueves 26 de mayo.
