Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital
Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery pidieron prisión perpetua para Esteban Lindor Alvarado.
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Al menos 130 testigos participarán del juicio contra Esteban Lindor Alvarado y parte de su banda, que comenzó la mañana de este lunes en medio de un operativo de seguridad muy fuerte que cercó al Centro de Justicia Penal. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra aseguraron que las evidencias que se expondrán en el debate demostrarán cómo actuaba la organización criminal. Para Alvarado pidieron la pena de prisión perpetua y una multa de 758 millones de pesos.
Desde lo que se considera una asociación ilícita, que funcionó entre 2012 y 2019, la banda estuvo detrás de homicidios, atentados a edificios del Poder Judicial, maniobras económicas para lavado de activos y cruce de información con funcionarios policiales que, mientras pudieron, garantizaron impunidad. En ese marco se ventilarán también pormenores de la disputa del clan Alvarado con Los Monos, que no solo comprende hechos violentos sino también acciones dirigidas a que la banda liderada por los Cantero fuera incriminada por delitos concretados por el grupo ahora juzgado.
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Desde muy tempranas horas del lunes el Centro de Justicia Penal quedó cercado por vallas y vigilado por efectivos de la Prefectura y la policía de Santa Fe en un operativo acorde a la magnitud del juicio. Es que Esteban Lindor Alvarado es considerado el líder de una de las principales bandas criminales de la ciudad que, junto a Los Monos, estuvieron detrás de las disputas motivadas por los intereses de cada grupo que repercutieron con violencia en las calles de la ciudad a través de balaceras y homicidios. Pero que, a su vez, hicieron crecer a la sombra los patrimonios económicos de sus integrantes.
La primera jornada del juicio consistió en la exposición de los alegatos de apertura en la que los fiscales Edery y Schiappa Pietra destacaron la importancia de contextualizar el inicio de las investigaciones que condujeron a la detención de Alvarado y la exposición del funcionamiento de la asociación ilícita que lideraba. En ese marco se remontaron a los días que transcurrieron entre mayo y agosto de 2018 cuando se llevaron a cabo al menos 18 ataques a balazos contra sedes judiciales y viviendas de funcionarios que habían participado de la investigación y juicio a Los Monos.
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A raíz de esos atentados el fiscal general Jorge Baclini dispuso la creación de un equipo de investigación especializado, en el cual entre otros fiscales estaba Edery e integrantes del Organismo de Investigaciones. Entre ellos un policía: Pablo Báncora, quien tiempo después fue descubierto como colaborador del clan Alvarado. Cuando “Guille” Cantero y compañía fueron imputados por los atentados judiciales faltó un hombre: Leandro “Chulo” Olivera, que estaba prófugo. Entonces el policía Báncora, en contacto con la jefa de una comisaría de Granadero Baigorria que luego también fue condenada, pusieron a disposición de Alvarado información reservada sobre el prófugo de Los Monos que tenía su línea telefónica intervenida.
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La intención era que los ataques a sedes judiciales efectuados entre diciembre de 2018 y enero de 2019, que fueron ordenados por Alvarado, fueran incriminados a “Chulo” Olivera a fin de continuar acorralando a Los Monos. Lógicas de la competencia entre bandas que iban más allá de las disputas a balazos. “La organización de Alvarado montó estos hechos cometiendo una serie de delitos tratando de que se acuse a Los Monos”, explicó Edery en su alegato. Un detalle de esos episodios fue el cartel con la leyenda “Con la mafia no se jode”, que había sido una marca registrada de la banda de los Cantero y el clan Alvarado utilizó par despistar a los investigadores e incriminar a sus rivales.
Pero en ese contexto Alvarado estuvo detrás de otros episodios que terminaron por exponerlo. Fueron los secuestros y asesinatos de Cristian Enrique y Lucio Maldonado. El primero ocurrió el 23 de octubre de 2018, cuando Enrique fue secuestrado en el barrio Cabín 9 de Pérez, asesinado y luego descartado a la vera de la ruta provincial 14. Semanas después fue el turno de Maldonado, un prestamista ligado a Alvarado que el 13 de noviembre de aquel año apareció asesinado a 200 metros del casino City Center, en una colectora de la avenida Circunvalación, con las manos atadas a la espalda, cuatro tiros en la cabeza y encima del cadáver un cartel con la ya clásica frase “Con la mafia no se jode”.
En ese entonces el fiscal de turno en la unidad de Homicidios era Luis Schiappa Pietra, quien con el avance de ambas investigaciones comenzó a tender los vínculos con Alvarado. Los fiscales anticiparon que en este juicio allegados a Maldonado acreditarán el vínculo con el líder de la banda juzgada, aunque el propio Alvarado lo haya negado. Así como también comprobarán cómo se planearon y ejecutaron ambos crímenes.
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Estos dos homicidios son en sí mismos hechos que serán juzgados en este juicio, pero a su vez son dos de las tantas piezas que además configuran las actividades de la asociación ilícita de la cual Alvarado está acusado de liderar.
Esteban Alvarado está preso desde el 1° de febrero de 2019, cuando fue detenido en un camping de Embalse Río Tercero. Cuando vio que la policía llegó al lugar corrió hasta la orilla de un lago y, sabiéndose acorralado, solo atinó a arrojar al agua a su celular, un I-Phone 7. Un policía que se tiró al lago pudo recuperar el aparato, del cual se extrajeron unos 4.500 audios que ahora serán pruebas durante el debate.
A este juicio se llega con 21 personas – entre ellas 7 policías- ya condenadas en juicios abreviados a penas de prisión y multas millonarias, decomisos de vehículos e inmuebles. Ahora, además de Alvarado, otras seis personas serán juzgadas por una serie de delitos.
Este lunes el primero en presentarse ante el tribunal -integrado por los jueces Alejandro Negroni, Patricia Bilotta y María Isabel Mas Varela- fue Alvarado, quien al momento de responder a la pregunta sobre su ocupación dijo ser “comerciante”. Luego contó que apenas concluyó los estudios primarios y que actualmente tiene domicilio en Rosario. Aunque al especificar la dirección dijo Constitución y Richieri, calles que son paralelas.
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El resto de los imputados se divide en los distintos delitos por los que son acusados. A Mauricio Laferrara, señalado como uno de los principales sicarios de la banda, Matías Ávila y Germán Fernández les endilgan el delito de homicidio calificado por ser planeado por al menos por al menos tres personas, junto con Alvarado, para quienes la fiscalía pidió la pena de prisión perpetua.
En tanto hay otras personas con roles secundarios. Uno de ellos es Facundo “Lapo” Almada, un cuidador de caballos que ante el tribunal se confesó analfabeto y aseguró no saber ni siquiera su fecha de nacimiento. Esta persona fue quien habilitó el ingreso de los asesinos de Lucio Maldonado al paraje Los Muchachos, propiedad a nombre de dos hijos de Alvarado y ubicada a poca distancia de donde apareció el cadáver del prestamista.
Los otros dos son Miguel Grecci Hazzi y Silvina Ghirardi, sindicados como parte del eslabón comercial de la banda, encargados de maniobras de lavado. Para ellos la fiscalía pidió 8 y 3 años de prisión.
Los hechos que se juzgarán son los crímenes de Maldonado y Enrique, las balaceras contra el Centro de Justicia Penal y el edificio de tribunales provinciales en diciembre de 2018; los atentados contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación a quien le balearon la casa y días previos le arrojaron una cabeza de perro en la vivienda. A su vez estos delitos comprenden otro: la asociación ilícita que lideró Alvarado desde 2012 hasta su caída en 2019.
Aunque, tal como lo confirmó el fiscal Edery, las actividades del líder de la banda no cesaron tras su ingreso a la prisión. “La red de sociedades y circulación de bienes Alvarado la empieza a construir estando detenido”, explicó el fiscal. Además adelantó que durante el debate se expondrá “el vínculo de Alvarado con gran parte de la criminalidad organizada de Rosario”. Ese aspecto, sostuvo el fiscal, se confirmó por las visitas que el líder de la banda recibía en prisión. Entre algunas personalidades reconocidas en el mundo narcocriminal Edery mencionó al asesinado Emanuel “Pimpi” Sandoval y al ex líder de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte.
Los fiscales Schiappa Pietra y Edery sostienen que durante el juicio se ventilará cómo está compuesta la banda criminal. En ese sentido la investigación detectó al menos tres estamentos. Uno, compuesto por al menos siete personas de las cuales cinco ya fueron condenadas, es el segmento operativo y logístico dedicado a cometer delitos violentos como robos, usurpaciones, amenazas, privación de la libertas y homicidios.
El segundo estamento estaba conformado por personas dedicadas a administrar, organizar y gestionar el funcionamiento económico de la banda mediante el nexo con firmas comerciales. Mientras que el tercer y último nivel sería el de funcionarios y policías que brindaron “un permiso estatal contrario a la ley” para lograr la impunidad de la banda.
“Creemos que llegamos a casi toda la estructura de una organización criminal grande como lo es la de Alvarado. Digo casi porque evidentemente, y siempre, para que subsistan en el tiempo tiene que haber un vínculo político que en este caso no pudimos encontrar”, indicó el fiscal Edery luego de la audiencia del lunes. En tanto su par Schiappa Pietra indicó que durante el debate se explicará “parte de la historia criminal rosarina”.
Por María Laura Cicerchia