Todo comenzó cuando en enero pasado los investigadores de una serie de extorsiones notaron que uno de los implicados, ligado en forma directa a la Banda de Los Monos, recibieron información salida desde el Centro de Justicia Penal de Rosario. Más precisamente de una fiscalía. Seguir el hilo de esa filtración derivó en una consecuencia inesperada y extravagante: la que llevó a sentar en el banquillo de una audiencia judicial a quien fue hasta hace ocho días el fiscal Regional de Rosario, Patricio Serjal, por una serie de delitos que lo ponen en la presumible perspectiva de quedar preso.
Los acusadores sostuvieron que Serjal participó de la misma empresa criminal que la semana pasada implicó que el fiscal Gustavo Ponce Asahad, considerado su mano derecha, quedara preso. El propósito adjudicado era ejecutar un plan delictivo para recibir dinero de un empresario de juego que tenía casinos ilegales, Leonardo Andrés Peiti, a cambio de transmitirle información reservada, no investigar hechos que podrían constituir delitos y retardar acciones propias con el fin de dar cobertura a Peiti.
Serjal aceptó declarar, pero no responder preguntas. “Quiero manifestar mi inocencia, pero yo voy a hablar por mí”, estableció.
“Que yo tenía conocimiento de lo que hacía Ponce es totalmente falso. No tenía conocimiento, si es que los fiscales dicen se realizó. Hay un montón de cruces, pero no conmigo. No conozco al señor (el empresario del juego clandestino que lo involucró con su declaración, Leonardo) Peiti. Lo vinculan por este encuentro. Yo ese día estuve alojado en el hotel. Cené con una persona con la que quería cerrar un convenio para investigar delitos informáticos y fraude de los cajeros. A eso fui a Buenos Aires”.
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“Me vinculan con que tengo que ver con una organización criminal. Yo como fiscal regional no tenía implicancia en esa causa. Siempre les dije a mis fiscales que no quería saber ni nombres ni domicilios. Tampoco es cierto que me metí en una causa de Melincué”, dijo. Explicó que llamó al fiscal regional de Venado Tuerto Alejandro Sinópoli para advertirle de que fiscales de Rosario podían pisarse con las investigaciones de Melincué.
Respecto de la información filtrada desde fiscalía sostuvo: “Yo nunca manejé las causas. De qué manera puedo interferir en ese tipo de investigaciones”, señaló.
“Fui al Organismo de Investigaciones porque tenía una reunión con (la funcionaria) Debora Cotticcini, pero no estaba allí por estar resfriada. Es erróneo que yo dije que Peiti era una víctima. Los felicité por la causa y en eso concluí”, sostuvo en su declaración.
Y enseguida agregó el fiscal destituido: “Me comentó Ponce que tenía una causa por extorsión que le parecía rara y que le querían sacar mucho dinero. Hablé con el director del Organismo de Investigaciones Víctor Moloeznik. Los puse en conocimiento para que supieran que había una investigación".
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Sobre la presencia de Leonardo Peiti en el mismo hotel y el mismo día que él en Recoleta, Serjal afirmó que "Peiti pudo haber estado por casualidad en ese hotel. Pero todo el mundo en Fiscalía sabía que yo me alojaba en ese hotel. El 18 de noviembre Jorge Baclini me dijo que tenía que renunciar porque había un problema con una compra mía de dos autos. ¿Fue casualidad que estuviera Peiti ahí o me quisieron hacer una cama de verdad? ”Me dije «evidentemente me quieren sacar del medio, por qué motivos no lo sé». Pero por eso quieren que renuncie. Y eso hice y me presento aquí sin fueros”.
“Se dijo que hice pactos por dinero. Pero el dinero del que hablan, ¿dónde está?", se preguntó el exfiscal, quien enseguida amplió el concepto: "Lo poco que hemos hecho con mi esposa fue con el dinero que ganamos. Mi señora y mis hijas se han ido a la casa de sus padres porque en este momento me encuentro desempleado. Ni siquiera puedo cumplir con mis obligaciones. Allanaron mi casa y la de mi madre. ¿Y dónde está el dinero? Se habla, pero en modo alguno están pudiendo probar los hechos que endilgan. Esto es una locura. Quiero transmitir señoría que yo estuve siempre a disposición del proceso. Me podría haber ido, y no me fui. Si tuviera el dinero que dicen cuando Ponce quedó preso me habría ido. Sin embargo estoy acá frente a ustedes. Lo que hacen los fiscales está muy bien, pero no se compadece con la realidad".
Los fiscales Luis Schiappa Pietra, Gisela Paolicelli, María Eugenia Iribarren y Matías Edery acusaron a Serjal de delitos contra la administración pública. Puntualizaron que estuvo implicado en cohecho pasivo en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado, entre otros. El último ilícito atribuido implica el uso indebido de fondos estatales que están bajo custodia del funcionario que los usa en forma no lícita.
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“Si piden que lo dejen detenido nos vamos a oponer porque hay fundamentos más que suficientes para hacerlo. No debería quedar preso. Vamos a demostrar que no hay cohecho. No hay nada que pruebe una entrega de dinero que es el elemento que debe estar presente necesariamente para que se configure ese delito”, sostuvo al ingresar a la audiencia Hugo Lima, el abogado de San Nicolás que Serjal eligió como defensor. Jorge y Enrique Lima lo acompañaron en la audiencia.
Lima introdujo el planteo del complot. Dijo que detrás de la pesquisa, por la que la jueza Eleonora Verón ya dejó preso la semana pasada al fiscal Ponce Asahad, hay un propósito político. “El fiscal regional ocupa un cargo que es para una sola persona y es muy codiciado. Alguien quería ese cargo. Le hicieron una camita”, afirmó el abogado.
Los fiscales dijeron que Serjal cometió delitos contra la administración pública diversos. Iniciaron señalando que cuatro incidentes principales:
• En fecha 14 de noviembre de 2019 Serjal se alojó en el Hotel Etoile del barrio porteño de Recoleta, sitio donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar, entre 4 y 5 mil dólares mensuales, y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo el fiscal Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho acuerdo. Peiti concurrió al pasaje Rosales de la ciudad de Rosario y acordaron que serían entregados U$S 10.000 ese día, por la tarde. El hecho efectivamente se concretó cuando se reunieron a las 18 aproximadamente en el Círculo Argentino Arabe de Rosario.
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• El 16 de junio de 2020 Serjal fue al Organismo de Investigaciones (OI). Allí pudo observar un diagrama de la estructura criminal que era objeto de una investigación que tenía como sospechoso a Peiti. Al otro día Serjal fue con Ponce Asahad al OI, pidieron la investigación y sugirió reiteradamente que allí Peiti era una víctima. Dos semanas después, el 30 de junio, Ponce Asahad le informó a Peiti de la existencia de esa pesquisa que lo tenía como sospechoso. Le advirtió sobre posibles intervenciones de comunicaciones y le aconsejó que cambiara y rompiera todo. Eso motivó que Peiti dejara de utilizar la línea 3416403278 que se encontraba intervenida desde el 22 de junio de 2020. Además, Ponce le pidió U$S 100 mil para evitar que prosperase la investigación en su contra y dejarlo a él como víctima.
• El empleado de fiscalía Nelson Ugolini transmitió información a Peiti sobre causas en trámite en el MPA que resultaban de interés para el cumplimiento del acuerdo. La principal es una sobre dos detenidos con un arma de fuego el 9 de enero. Ese mensaje terminó en el teléfono de Maximiliano Cachete Díaz, acusado del atentado al Casino City Center del 11 de enero, que tuvo una víctima fatal. Hubo luego otros dos envíos de información.
• Otra cosa que le reprochan a Serjal fue omitir iniciar causas penales a sabiendas de que Peiti estaba siendo víctima de hechos violentos en los que Cachete Díaz y allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañarlo a él o a su familia.
Los fiscales también señalaron que Serjal tuvo influencia en obstruir una investigación contra Peiti que llevaba adelante por juego ilegal el fiscal de Melincué Matías Merlo. Lo que Serjal refutó en su intervención: aseguró que realizó una advertencia al jefe de la Fiscalía Regional de Venado Tuerto, al que se subordina el fiscal de Melincué, para que no se cruzaran investigaciones.