POLICIALES

La película de dos fiscales, una banda extorsiva y un empresario del juego

Los detalles de la historia que terminó con el fiscal Gustavo Ponce Asahad suspendido y preso y su colega Patricio Serjal renunciando a su cargo.

Domingo 09 de Agosto de 2020

La imagen granulada de una cámara de vigilancia muestra el interior de una cochera del barrio de Pichincha y revela que son las 21.35 del 23 de julio de 2020. Un hombre calvo y vestido de negro baja de un auto y deambula renqueando en busca de alguien. Como el playón es grande le pide ayuda al sereno, al que llama por su apodo: “«Schumacher», fijate si del otro lado me está esperando una persona pelada”. Es lo único que sabe de ese alguien. “Si entra avisame, yo espero de este lado”. Tras unos minutos, algo nervioso y con frío, el hombre evalúa cruzar al restaurante donde lo espera su familia para cenar. Pero su mirada se topa con un vistoso Jeep y lo observa mientras charla con “Schumacher”. Entonces entra caminando otro pelado. Vestido de negro, con capucha y barbijo.

   — ¿Gustavo? (pregunta el calvo).

   — ¿Rossini? (repregunta el encapuchado).

   Caminan unos metros a la par sin salir de la cochera mientras charlan unos diez minutos. Rossini es abogado de Leonardo Peiti, un sospechoso de manejar casinos clandestinos que estaba a punto de caer y le pidió encontrarse con Gustavo Ponce Asahad, el fiscal de la Oficina de Allanamientos con quien su cliente tenía cierto trato.

Fuera de serie

Más allá de que la Justicia deberá determinar la veracidad de las acusaciones y emitir su veredicto, la renuncia y destitución del ex fiscal regional Patricio Serjal y la detención de su viejo compañero de estudios y ahora suspendido fiscal Gustavo Ponce Asahad son parte de una historia que merece ser contada. ¿Verdad? ¿Ficción? ¿Realidad? ¿Fantasía? No parecen categorías relevantes por estos días en Rosario, donde no asombra pasar un mes sin colectivos por un paro ni el exterminio de fuego en las islas. Y donde ya parece una tradición aplicar métodos mafiosos violentos, burdos, cruentos, voraces e improvisados.

   Se podría convenir, no obstante, que una ciudad donde cada vez más pibes sueñan ser Tony Montana (protagonista de la película Scarface) y muchos adultos pretenden jugar a los Peaky Blinders (pandilla criminal de Birmingham, Inglaterra, sobre la que se hizo una serie), lo que pasa en Rosario merece su propio film. De ser así, la caída del fiscal regional contaría con todos los ingredientes de un policial con suspenso, intrigas políticas, emporios criminales urdidos tras las rejas, dinero sucio, juego clandestino, crímenes, armas, mensajes encriptados, funcionarios corruptos e investigadores carismáticos.

   En su primera temporada sobresalen tres protagonistas. Serjal, de 43 años y apodado “Pato”, quien fue designado en 2017 a pesar de cuestionamientos sobre su idoneidad. En tres años no movió el amperímetro ni aún cuando lo acusaron de comprarle, luego de cerrar una causa en su contra, dos autos a un empresario denunciado de vaciar un negocio. Otro sería Ponce Asahad, de 51 años, quien mandó a apresar a padres de niños que llamaban a escuelas con falsos avisos de bombas o arrestar a participantes de un torneo de truco por violar la cuarentena. El tercero es Peiti, de 46 años, quien por su redituable actividad como dueño de salas de juego legales y clandestinas quedó en la mira de dos organizaciones criminales: una red extorsiva que, según los investigadores, lo incorporó como miembro; y la empresa urdida por los fiscales para sacarle dinero a cambio de protección por lo ilícito de algunas de sus actividades.

   Como en toda serie, hay personajes secundarios pero no menos importantes. Como Maximiliano “Cachete” Díaz, de 30 años y alfil de la rama extorsiva de Los Monos, emprendimiento que activó desde la cárcel Ariel “Guille” Cantero. También habrá otros fiscales, políticos, abogados y empleados judiciales.

La tapa de las ollas

La escena inicial en la cochera se funde a otra en un flashback al 11 de enero de 2020. Esa noche un atentado contra el casino City Center ocasionó la muerte de Enrique Encino, un gerente bancario de 64 años alcanzado por una bala cuando fumaba en un balcón. “Ésto iba a pasar”, dijo el inconsciente colectivo de la ciudad donde siete años antes habían baleado la casa del gobernador y había cada vez más muertos como daños colaterales de balaceras para usurpar casas, exigir deudas, apretar a funcionarios judiciales o al Estado.

   Por eso no sorprendió la hipótesis sobre el crimen del casino: un acto para extorsionar, no asesinar. A los dos días cayó por eso “Cachete” Díaz, a quien le atribuyen la logística de las balaceras que pergeñaba “Guille” y recaudar a los extorsionados.

   La aparición de “Cachete” le daba nombre y apellido a una saga de balaceras bajo la marca “Con la mafia no se jode”. Captado en escuchas con “Guille” que referían un plan para “ir a hacer lo del casino”, a “Cachete” le endilgaron aportar el transporte y los tira tiros. La noche del 13 de marzo lo apresaron cuando llegaba en un Ford Ka negro al edificio donde vivía, en Mitre al 1700.

   Cuando allanaron el departamento se incautó dinero y documentación, aunque la Caja de Pandora se abriría días después cuando alguien halló en la vereda un celular a medio romper y se lo acercó a los investigadores. Era nada menos que uno de los teléfonos que usaba “Cachete”.

Relaciones peligrosas

El segundo episodio arranca con otro flashback a diciembre de 2018. Peiti y Ponce Asahad, que nunca se habían visto, charlan en un bar de bulevar Oroño y Mendoza. El fiscal lo llamó para contarle de una investigación del fiscal de Melincué Matías Merlo sobre garitos que Leonardo tiene en varios pueblos de esa zona. Y le asegura que sabe cómo parar ese problema: una cuota mensual de 4 o 5 mil dólares. Consciente de lo que implica ganar plata al margen de la ley, Peiti aceptó.

   Leonardo estaba bajo la lupa a partir de un allanamiento a un casino clandestino en Hugues. Un tal “Cacho Peiti” agendado en el teléfono de la dueña abrió la pesquisa: la mujer manejaba los garitos de Peiti en el sur y el norte provincial. Luego se supo que además Leonardo maneja salas de juego legal en Paraguay, Misiones y Formosa.

   En octubre de 2018 Merlo fue contactado por Ponce Asahad para saber de sus investigaciones sobre juego clandestino. “Nada parecía raro —diría Merlo— hasta que el 10 de diciembre nos contactamos con la Fiscalía Regional Rosario porque había que allanar domicilios de Peiti donde tenía máquinas de juego. Como Ponce Asahad se ocupaba de la oficina de allanamientos había que pasarle a él los detalles para que pidiera las órdenes. Entonces me dijo que la jueza no podía ordenarlos porque faltaba documentación. Eso no me cerraba porque somos muy detallistas”.

   Días después, quien recibió un llamado fue el fiscal regional de Venado Tuerto, Alejandro Sinópoli. El abogado Alberto Tortajada quería saber si había una investigación contra Peiti. Fue muy raro, contó Merlo, ya que entonces los únicos que sabían eso en Rosario eran Ponce Asahad o quien trabajara con él. Dos días después Tortajada visitó a Merlo y le preguntó si estaba investigando a su amigo Peiti.

   Al percibir la filtración de información, Merlo decidió no allanar porque no iba a encontrar nada. De pronto, una investigación mantenida un año en secreto parecía romperse. No obstante, el fiscal de Melincué consideró que la responsabilidad que podría atribuirle a Peiti según las escuchas no requería allanamientos y siguió adelante. En marzo de 2019 Tortajada volvió a visitar a Merlo y le ofreció entregar a Peiti, que fue detenido e imputado de juego clandestino por garitos en Wheelwright, Hugues, Venado Tuerto, Reconquista y Avellaneda.

   La situación generó el primer sacudón entre el fiscal y Peiti, quien al retomar dos meses después la relación, lo increpó: ¿Cómo pudo pasar ésto? ¿Para qué te pagaba? Ponce Asahad contestó que su jefe no manejaba esa regional, pero que en Rosario no pasaría. Más consciente aún de todo lo que implica ganar plata a un costado de la ley, Peiti siguió con el acuerdo: "Darle plata a Gustavo a cambio de que me garantizara de que no volvería a ser allanado". Poco duró la tranquilidad.

"Leo pagá"

Meses después Peiti sumó otra preocupación. El 11 de julio de 2019 balearon un edificio de Servando Bayo al 1000 y pintaron la leyenda "Leo pagá". Asustado, fue a pedir ayuda a quienes abonaba su cuota de protección. "Gustavo, quiero reunirme con tu jefe para solucionar ésto", pidió. La reunión se hizo en un bar de Dorrego y Mendoza. Conocer a Serjal le dio tranquilidad a Leonardo, que le preguntó qué hacer. "Te aconsejo que no denuncies porque no están dadas las garantías. Seguí dilatándolo y manejate con Gustavo por la cuota", le dijo "Pato".

Peiti accedió. Pero un mes después, cuando las amenazas llegaron a su teléfono, creció la preocupación y envió capturas de pantalla de las amenazas al celular de Ponce Asahad, a quien tenía agendado como "Aldo Lepa", un anagrama de "El Dolape".

Días después el fiscal le preguntó si solía viajar a Buenos Aires. Leonardo afirmó y Ponce le dijo que fuera tal día a hospedarse al hotel Etoile, en Recoleta, que se vería con "Pato". "A la mañana, cuando lo vi a Patricio, me acerqué, hicimos el checkout juntos. Estaba con un hombre rubio de pelo lacio un poco más alto que él que no participó de la charla. Le pregunté cómo veía el tema de las amenazas y siguió diciendo que no denunciara", recordó.

"Por tu seguridad manejate con Gustavo. Y fijate si se puede subir la cuota", recordó Peiti que le dijo Serjal. Leonardo sostuvo que era imposible: "Doctor, quedese tranquilo, todos los meses cumplí con quien usted me indicó y vengo cumpliendo".

Esa charla del 13 de noviembre de 2019, junto a facturas y comprobantes de gastos de "Pato" pagados por la Fiscalía Regional, se convertirían en evidencias sobre los delitos imputados a Ponce Asahad el 4 de agosto y que le imputarán a Serjal.

"Ustedes omitieron actos propios de sus funciones. A sabiendas de que Peiti era víctima de hechos violentos en los que Maximiliano Díaz o allegados le reclamaban dinero a cambio de no dañar a él o a su familia, no iniciaron una investigación. Tampoco aseguraron la integridad de víctimas y testigos de delitos conforme la ley se los impone", acusaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada que el propio Serjal había creado tiempo antes. Continuará.

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