En una audiencia que pasó a cuarto intermedio hasta el próximo 5 de marzo, el ex fiscal regional Patricio Serjal fue imputado este lunes de haber obstaculizado una causa por contaminación contra los empresarios Sergio Tasselli, su hijo Máximo y su yerno Matías Gallego, quienes eran directivos de Petroquímica Capitán Bermúdez cuando, en 2015, se determinó que su actividad implicaba una grave contaminación del ambiente. Junto con el entonces fiscal de Estado Gustavo Luzzini, Serjal fue imputado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento; en su caso también le atribuyeron el delito de omisión de persecución.
En rigor, la audiencia que se inició ayer a la mañana en los tribunales de San Lorenzo también estaba convocada para imputar a los empresarios del delito de contaminación. Sin embargo, los fiscales de Criminalidad Organizada Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sólo alcanzaron a leer las imputaciones contra los Tasselli y Gallego, porque cuando fue el turno de la defensa encabezada por el abogado porteño Mariano Cúneo Libarona planteó una resolución anterior del juez sanlorencino Juan José Tutau que extinguía la acción penal respecto de ello. Los fiscales argumentaron en contra de ese planteo y el juez Carlos Gazza resolvió dictar un cuarto intermedio hasta el próximo 5 de marzo, cuando la audiencia continuará para seguir discutiendo esa cuestión.
No es la primera vez que una audiencia por esta causa se topa con algún obstáculo. De hecho, una audiencia similar a esta pautada para el 23 de diciembre de 2020 fue suspendida un día antes luego de que el juez Eduardo Romanini planteara que no podía citar a los empresarios alegando un planteo similar.
Contaminaciones varias
La causa remite a un informe de 2015 de Medio Ambiente de la provincia sobre la actividad de la Petroquímica Capitán Bermúdez, que presentaba por esos días instalaciones deterioradas, sin mantenimiento y no aptas para la fabricación de sustancias como cloro o clorobenceno. El informe motivó a la Casa Gris a ordenar a Fiscalía de Estado a iniciar una investigación.
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En septiembre de 2018 se allanó el predio de Petroquímica Bermúdez y se verificaron graves problemas consignados en un informe preliminar: bombonas de cloro desgastadas a la intemperie, estructuras que contenían material peligroso para la salud deterioradas, tanques rotos donde se guardaban sustancias químicas como benceno, amianto y mercurio y derramamiento de estos elementos químicos en tierra.
Los fiscales de San Lorenzo hallaron suficiente material como para imputar por contaminación a Sergio Taselli, un empresario con inversiones en muy diversos rubros que controlaba la petroquímica; a su hijo Máximo, al momento del ilícito presidente de Petroquímica, y Gallegos, uno de los directivos de la compañía. Y en marzo de 2019 se disponían a formular las imputaciones, pero fue entonces que Serjal ordenó parar la acción y favorecer a los implicados con un criterio de oportunidad que extingue la acción penal.
El fiscal que tuvo que ejecutar esa orden de Serjal en una audiencia fue Juan Ledesma, quien no se mostró muy de acuerdo. Incluso, según publicara este diario meses atrás, el juez Juan José Tutau le preguntó reiteradas veces por qué cerraba el caso en el que parecía tener elementos para imponerse y el fiscal, esgrimiendo una instrucción escrita de parte del regional, respondió: "Es la instrucción de mi superior". El juez le insistió con la pregunta varias veces y siempre obtuvo la misma respuesta.
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Curiosamente esta causa se reactivó a partir de la destitución de Patricio Serjal como fiscal regional de Rosario tras ser acusado, primero de cobrar coimas de un empresario de juego ilegal y luego de actuar como organizador una red de casinos clandestinos. Preso desde agosto, Serjal quedó en la mira de otras investigaciones por actitudes similares consistentes en obstaculizar el avance de investigaciones o procesos judiciales.
Así, el 23 de diciembre pasado los fiscales Edery y Schiappa Pietra iban a imputar en audiencia a Serjal, Luzzini y los empresarios. Sin embargo, en esa oportunidad el juez Eduardo Romanini suspendió la audiencia alegando el fallo anterior de Tutau como cosa juzgada. Esto fue apelado y en segunda instancia el camarista Daniel Acosta sentenció que los delitos atribuidos son de tal gravedad que deben tratarse en una audiencia pública.
A partir de ese fallo se programó la audiencia que comenzó este lunes. Edery y Schiappa Pietra acusaron a Serjal y a Luzzini de realizar maniobras para beneficiar a los dueños de la Petroquímica y encubrir una gran contaminación ambiental. Por esas conductas les imputaron los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y también de encubrimiento, lo cual fue aceptado por el juez Gazza.
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Luego los fiscales avanzaron en la imputación contra los empresarios por contaminación dolosa, delito que indica que los acusados, tanto los dueños como los administradores, habrían operado a sabiendas del daño ambiental que generaban. Sin embargo, a la hora de realizar sus descargos los defensores alegaron que la resolución del juez Tutau había extinguido la acción penal.
Si bien los fiscales expusieron que la resolución alegada por la defensa no puede impedir las imputaciones que ellos estaban formulando, el juez Gazza decidió dictar un cuarto intermedio para que tanto las imputaciones como las correspondientes medidas cautelares se sigan discutiendo a partir del próximo 5 de marzo.
