Gendarmería realizó 24 allanamientos simultáneos en las localidades de Venado Tuerto y Rufino por dos causas de narcotráfico. La pesquisa, que contó con la actuación de 150 efectivos, dio como resultado la incautación de estupefacientes, autos, armas, municiones y decenas de teléfonos celulares.
Se trata de dos causas delegadas desde su inicio en la Fiscalía Federal, una de ellas formulada a partir de la recepción de varias denuncias en el Buzón de la Vida del edificio municipal de Venado Tuerto y la restante por el producido de las intervenciones telefónicas de otra investigación.
Una de las causas refiere a una persona detenida que cumple condena en la cárcel de Coronda quien, a través de su hermana y su cuñado, y con la colaboración de otra mujer conductora de un vehículo de alquiler, transportaban el material estupefaciente para su distribución y venta en las localidades de Venado Tuerto, San Gregorio, María Teresa y Santa Isabel en Santa Fe, e Intendente Alvear, en La Pampa.
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La causa restante corresponde a una organización que distribuía y comercializaba estupefacientes en la ciudad de Rufino, principalmente a través una empresa de remises, siendo provistos por una persona de Rosario que en varias ocasiones viajaba hasta la ciudad de Rufino con dicho material.
Las tareas investigativas y los operativos fueron realizados por personal de la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Complejos “Venado Tuerto” de la Gendarmería Nacional, con la colaboración de otras 14 unidades y un total aproximado de 150 efectivos.
A raíz de los allanamientos, se produjo el secuestro de diversos tipos de estupefacientes (cocaína, marihuana y plantas), 13 vehículos, 6 armas de fuego, aproximadamente 200 municiones, $6.000.000 en efectivo y más de 50 teléfonos celulares.
Seis personas quedaron detenidas y fueron trasladadas a unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal para ser indagadas en los próximos días.
Los allanamientos fueron requeridos por la fiscalía federal de Venado Tuerto, a cargo de Javier Arzubi Calvo y Andres Montefeltro, y ordenados por el juez federal Aurelio Cuello Murúa.