Un joven de 26 años que es hijo de un ex policía y está preso en Coronda sin tener antecedentes por infracción a la ley de drogas, dos teléfonos intervenidos judicialmente, una estructura de carácter familiar organizada extra muros y la connivencia de al menos cinco policías del Comando Radioeléctrico. Esos ingredientes daban forma a la banda desbaratada entre la noche del jueves y las primeras horas del viernes acusada de raptar menores bajo avisos engañosos para obligarlas a vender drogas y prostituirse. La valiente denuncia en medio de dos chicas de 16 y 17 años, ambas radicadas en un ambiente de extrema vulnerabilidad social, fue lo que proporcionó la hoja de ruta para ponerle fin al grupo que vendía poco pero que se había profesionalizado.
Las dos adolescentes que permitieron destapar la historia, una de ellas madre de un bebé, estuvieron al menos 15 días en el limbo burocrático estatal (nacional, provincial y municipal), tal lo resaltado por los investigadores federales, que se tradujo en el destrato, la revictimización y la falta de contención. Y sobre todo, en una falta de definición de quién las debía proteger. Otra postal del hilo que separa la vida y la muerte en la periferia de Rosario.
La declaración en contexto de trata de personas de las dos adolescentes recayó en manos del fiscal federal Claudio Kishimoto y del fiscal auxiliar Franco Benetti, quienes comenzaron a desandar el camino que los colocó ante una banda con una estructura familiar sólida que acopiaba droga en un lugar, que la fraccionaba en bidones (o paquetes con el estupefacientes fraccionado) y que tenía varios puntos de recaudación y de venta que iban rotando. Aunque queda claro en la investigación que el quiosco madre estaba en Beatriz Vallejos 3325 del barrio Nuevo Alberdi, en la zona noroeste rosarina.
Lautaro, el Isma
Para los investigadores el líder de la banda es Lautaro Walter “Isma” G., quien regenteaba al grupo desde el pabellón 4 de la cárcel de Coronda donde está preso por una causa de robo calificado. Hasta ahora no tenía imputaciones ligadas al mundo de las drogas. Por debajo, como mandos medios, están su madre, Gladis Noemí “Lali” P.; su pareja, Irina Micaela M.; su prima, Andrea Elisa A.; y su suegra, Valeria G. Uno de sus hermanos, en tanto, ocupaba el rol de recaudador de los vendedores y le rendía cuentas a Andrea. Y había una decena de soldaditos identificados por sus apodos.
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Los vendedores comenzaban trabajando gratis y con el tiempo pasaban a ganar mil pesos por cada 20 dosis de cocaína que vendieran. Y además recibían dos dosis para consumir con el fin de mantenerse despiertos en horario de trabajo. Cada bidón o paquete debía rendirles 12 mil pesos. Y en ese marco la banda mantenía sus puntos de venta bajo el sistema de “cama caliente”, es decir que se trabajaba 24 horas. Un grupo lo hacía de noche mientras el resto dormía y luego eran reemplazados por los que habían descansado.
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Efectivos de ACP con el apoyo de la PSA detuvieron a una dotación del Comando Radioeléctrico que está siendo investigada.
Al ser desbaratada, indicaron los investigadores, la banda usaba un departamento de un tercer piso de Pueyrredón al 900, en el macrocentro de la ciudad, para fraccionar la droga. Y según documentación secuestrada, el grupo en un fin de semana recaudó en un solo punto de venta más de medio millón de pesos.
Según explicaron en su denuncia las adolescentes corondinas raptadas para el negocio y explotadas sexualmente, “la policía corrupta pasaba los domingos (por el búnker puesto bajo la lupa) y se llevaba 50 mil pesos”. También dijeron que los uniformados mejicaneaban más dinero y droga y hasta abusaban de ellas.
Los policías observados se movían en dos móviles del Comando, el A9506 y el C10076, y eso motivó la detención el viernes del suboficial Francisco José G.D., el oficial Marcos Darío N., la suboficial Roxana Elizabeth A. y la suboficial Fiama Guadalupe N. En tanto, en su casa de la ciudad de Santa Fe fue apresado el suboficial Miguel Angel P.R., quien ayer fue traído a Rosario para ser indagado junto a sus pares.
Una banda pequeña
La banda de Lautaro tenía a mal traer a una zona de los barrios Nuevo Alberdi y Fontanarrosa, la ex Zona Cero. Tras la denuncia de las dos chicas por trata de personas, los efectivos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) comenzaron a trabajar sobre el territorio poniendo bajo la mira la vivienda de Beatriz Vallejos 3325, el principal objetivo de la investigación. Así las cosas, el viernes en el marco de 26 allanamientos se produjeron 19 detenciones.
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En la fachada del quiosco en cuestión pueden verse varios impactos de bala producidos, según una investigación de la fiscal Valeria Haurigot, el 9 de febrero pasado. Aquel día María del Carmen P. fue herida y ese nombre concuerda con los datos brindados por las jóvenes denunciantes y coloca la fecha como el día en que ellas comenzaron a ser esclavizadas en ese lugar.
Puntos rotados
Hasta allí las chicas habían llegado engañadas por un aviso de la red social Facebook que ofrecía trabajo para cuidar niños en Rosario. Y ante la necesidad llegaron a la ciudad desde sus humildes casas en Coronda. Aquí las esperó un grupo de mujeres en la terminal de ómnibus que las trasladó al quiosco donde se encontraron con varios varones y finalmente supieron que su destino sería otro. Les mostraron un video en el que hablaba Lautaro G., quien les indicó que iban a trabajar para él y en caso de negarse les advertía: “Les voy a pegar un tiro en las piernas, vivas no van a salir”. Y desde entonces, ambas eran obligadas a tomar cocaína para no dormirse y a prostituirse, incluso con los policías que pasaban a cobrar las coimas o a robarles dinero y drogas.
En el devenir de la pesquisa los investigadores se percataron de que cuando no había disponibilidad de droga en el punto de venta apuntado, la movida se trasladaba a una casa de Polledo al 3500, a unas tres cuadras y media del otro quiosco. Y por escuchas judicializadas pudo saberse que el lugar de acopio de la “mercadería grande” no era el mismo que donde se armaban los paquetes con las 22 dosis de cocaína fraccionada para la venta. En ese sentido, los investigadores consideraron que si bien la banda es de baja escala en cuanto a volúmenes de venta de drogas, están profesionalizados respecto de la contrainteligencia que debían efectuar para evitar ser investigados.
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En un informe policial del 18 de mayo quedó expuesto que el puesto de Polledo al 3500 no estaba activo y que allí había un soldadito que redirigía a los clientes a Héctor Palacios al 3800. Ese “nuevo” punto está en un pasillo que termina en las vías y podría tratarse de un lugar de acopio denominado entre los vendedores como “los rieles”. Ese sitio tiene a la altura del piso un hueco que podría haber sido por donde se realizaban las transas que los investigadores registraron con drones oficiales.
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El 24 de enero último la casa de la tía del principal investigado y un Audi A3 estacionado fueron blanco de una balacera en Galileo y Paunero.
La investigación también comprobó que Lautaro G. no sólo rotaba los puntos de venta sino también los lugares donde rendir cuentas. En una escucha de hace tres semanas dirigió por celular a una persona que debía rendir la venta a una “casa de puerta amarilla” de Galileo y Paunero “justo en la esquina en la que hay un Audi negro”. Le dijo que preguntara por “Ana” y que le entregara la plata. En ese domicilio vive Ana Velia G., tía de Lautaro y madre de su prima Andrea Elisa A.
Tanto esa casa como el Audi A3 1.9 TDI modelo 98 que sirvieron como guía para el vendedor habían sido atacados a balazos la madrugada del 24 de enero último por dos jóvenes en moto. El frente de la vivienda recibió cuatro impactos y el auto estacionado enfrente fue perforado por otros siete proyectiles. En la escena los pesquisas secuestraron nueve vainas servidas calibre 9 milímetros.
