El clima de temor y sobresalto institucional que causó la saga de atentados a edificios del Poder Judicial en 2018 se recreó este martes en la sala del juicio a siete acusados por los ataques, con Ariel “Guille” Cantero a la cabeza. “Temíamos por la vida de los magistrados y de otras personas. Sentíamos que estas balaceras no tenían una lógica clara de a quién se podía atacar”, evocó el desconcierto de aquellos días el ex ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro, quien estimó en “6 o 7 millones de pesos” el gasto que insumieron los operativos de custodia. La gravedad del cuadro descripto por el actual diputado provincial contrastó con las asépticas declaraciones de cuatro jueces que fueron víctimas de esos hechos, quienes se limitaron a ratificar que alguna vez vivieron en los domicilios baleados.
Ese balance dejó el día en el que se esperaban los aportes más jugosos en el juicio iniciado hace doce días en el Centro de Justicia Penal. El comienzo del debate estuvo precedido por una balacera que se concretó 36 horas antes contra el mismo edificio. Un incidente calcado a uno de los catorce atentados que se tratan en el juicio oral: balaceras cometidas entre mayo y agosto de 2018 contra edificios del Poder Judicial o domicilios donde vivieron jueces y policías que investigaron a la banda de Los Monos.
La saga se desató en mayo de 2018, a un mes y medio de que Guille Cantero recibiera 22 años de prisión como jefe de una asociación ilícita con otras 18 personas condenadas por integrarla. En este nuevo juicio está acusado de haber instigado siete ataques a tiros a blancos judiciales. Otras seis personas están acusadas de haber actuado a sus órdenes. Para los fiscales, esas balaceras estaban dirigidas a amedrentar a jueces que debían revisar su condena o un reciente traslado a la cárcel federal de Resistencia.
“Fue un momento de máxima tensión donde nosotros como parte del Estado, del Poder Ejecutivo, sentíamos que se atentaba contra las instituciones democráticas de la provincia de Santa Fe”, consideró Pullaro, por entonces ministro de Seguridad del fallecido gobernador Miguel Lifschitz, al que recordó en varios pasajes de su declaración. Dijo que “estaba sumamente preocupado” por los incidentes. “Cuando comenzó la seguidilla fueron contra diferentes domicilios. Estábamos en un momento de mucha confusión porque no sabíamos a quién teníamos que proteger, no encontrábamos una lógica”, dijo.
El desconcierto duró “cien días” hasta dar con los primeros detenidos tras un ataque a la sede de la Fiscalía en Montevideo 1968, la punta de un hilo para llegar hasta el grupo ahora en juicio. “Atravesamos momentos muy duros hasta que se logró dar con quienes entendimos que fueron los responsables”, dijo el actual legislador.
Hasta entonces, según dijo, el nivel de temor instalado por las balaceras “trajo un perjuicio muy importante para el Estado de la provincia por la cantidad recursos operativos, logísticos y económicos destinados a prevención y custodia”. Primero se le asignó vigilancia a los domicilios de fiscales y jueces en “tres turnos de ocho horas con dos personas por móvil, es decir seis personas por día en cada domicilio”. Pero los objetivos a cubrir fueron creciendo.
En esos tres meses, en los que “los ataques eran tan esporádicos y sin lógica que podrían haber matado a una persona”, llegaron a instalarse veinte custodias fijas, doce esporádicas, otras siete ejercidas por fuerzas federales y quince de traslados de personas que llevaba adelante la Tropa de Operaciones Especiales. Esto implicó asignar a más de 300 empleados policiales a esas tareas, adicionales a la prevención en la calle, que se cumplían con horas extra. Otros cien hombres se turnaban para custodiar edificios.
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Según el actual candidato a senador nacional por Juntos por el Cambio, esos recursos en un momento no alcanzaron y se sumó personal de otras unidades regionales. De las tareas de vigilancia participaron 150 empleados de la Brigada de Orden Urbano, el Cuerpo Guardia de Infantería, la Brigada de Acción Táctica y la Policía Comunitaria. “Eran tantos los recursos del Estado y asimismo no alcanzaban, no sabíamos para qué lado tomar”, sinceró. Con un costo de le hora Ospe (adicional) que oscilaba entre 124 y 160 pesos y a unos 200 mil pesos mensuales por cada patrullero, según calculó, “se destinaban alrededor de 6 o 7 millones de pesos por mes para garantizar la seguridad”.
Pero además de ese gasto, Pullaro recordó que “cada una de las balaceras generaba muchísima tensión entre los poderes del Estado. Entre la Justicia, el presidente de la Corte, el Colegio de Magistrados. Nos pedían que los cuidemos porque estaba en juego su vida. Recuerdo que cuando disparan contra un domicilio del doctor (Ismael) Manfrín la bala pasó cerca de una nenita que vivía en ese domicilio. Era un reclamo justo el que hacía la Justicia. Pero había un diálogo institucional prácticamente quebrado porque no lográbamos dar respuesta. No encontrábamos la punta del ovillo”.
En cambio, los reclamos febriles de aquellos días _expresados en tensas reuniones que según Pullaro “no eran buenas”_ no afloraron las declaraciones previas que prestaron en el juicio cuatro magistrados de primera y segunda instancia. Ellos fueron las víctimas “simbólicas” de las balaceras, ya que según la teoría de la acusación los ataques estaban dirigidos a amedrentarlos aunque ya no vivieran en los domicilios atacados.
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Los fiscales Matías Edery, Aníbal Vescovo, Miguel Moreno y Gastón Avila se turnaron para formular interrogatorios escuetos y medidos a los magistrados que, apenas iniciada la jornada, ingresaron a la sala de audiencias para ocupar esta vez el asiento de los testigos. El primero fue Ismael Manfrín, quien integró el tribunal que condenó a Los Monos. A este magistrado estuvieron dirigidos los primeros dos atentados simultáneos de la noche del 29 de mayo de 2018: a una casa de Italia al 2100 y a un edificio de Montevideo 1040.
Le siguió Marisol Usandizaga, también miembro de ese tribunal y actual jueza en Villa Constitución, quien sufrió más ataques con cuatro balaceras en total a inmuebles que habían habitado ella o sus familiares. Las camaristas Gabriela Sansó y Carolina Hernández también recibieron ataques tras ser sorteadas para integrar el tribunal de apelación que revisaría la condena a Los Monos. Los jueces se limitaron a explicar en pocos minutos qué tipo de intervención tuvieron en el trámite de la causa Monos y a ratificar que los domicilios atacados estaban relacionados con ellos.
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Ni fiscales ni defensas ahondaron en preguntas por fuera de cuestiones formales. ¿Cuál fue la reacción de los funcionarios al enterarse de los ataques? ¿Se sintieron intimidados? ¿Debieron tomar medidas de resguardo personal? ¿Cómo sobrellevó la situación su círculo familiar? ¿Qué gestiones institucionales realizaron tras los atentados? Fueron todas preguntas ausentes en la sala, donde recién tras el desembarco del ex ministro se abordó la dimensión del “miedo” que dejaron flotando en el aire los atentados.
Esas preguntas no eran necesarias por una cuestión de curiosidad pública sino porque hacen al nudo de la teoría acusatoria. Los siete acusados no están en juicio por simples abusos de arma o por efectuar tiros al aire. Los acusan de disparar para obtener concesiones de un poder público _encarnado en los jueces_ por vía de la intimidación.
Sobre el final de la jornada de ayer, cuando Pullaro terminaba su exposición, el defensor Fausto Yrure solicitó un breve receso ante la intención de su cliente “Guille” Cantero de trasladarle preguntas al ex ministro desde su lugar de detención en la cárcel federal de Marcos Paz. Sin embargo, al reanudarse el trámite, desistió de hacerlo y tal cosa no ocurrió. El juicio se reanudará esta mañana en un Centro de Justicia Penal con vigilancia redoblada y circulación cortada en todo el perímetro.
