Este viernes comenzará el juicio oral y público a los acusados por una secuencia de hechos que no tiene antecedentes en la historia criminal de la Argentina. Se trata de una sucesión de atentados a balazos cometidos durante 2018 contra distintos objetivos del Poder Judicial directamente relacionados con el juzgamiento y la condena a una organización criminal, el grupo conocido como la “Banda de Los Monos”. El principal imputado es Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de esa estructura, para quien ya los fiscales del caso solicitaron 24 años de prisión, por atribuirle ser el ideólogo de estos hechos.
Estas balaceras sumergieron a la ciudad de Rosario en una crisis de seguridad pública, con un enorme impacto institucional en la provincia y con difusión amplia a nivel nacional e internacional. Según los fiscales que actuaron en las audiencias preliminares de este juicio, esos hechos fueron “una saga de atentados que se iniciaron el 29 de mayo (de 2018) y que tienen como denominador común haber sido dirigidos hacia inmuebles que son sede de dependencias oficiales del Poder Judicial, puntualmente el Centro de Justicia Penal y el Ministerio Público de la Acusación, y domicilios donde habían vivido funcionarios públicos del Poder Judicial y de la provincia de Santa Fe o sus familiares directos”.
Los objetivos atacados habían pertenecido a jueces o familiares de jueces que participaron del trámite en el que se condenó en febrero de 2018 por distintos roles a personas juzgadas como integrantes de la asociación ilícita de Los Monos. También a edificios donde funcionarios judiciales se desempeñaron.
Se trató en la mayoría de los casos de atentados nocturnos a balazos contra fachadas de viviendas o instituciones, cometidos por personas en moto, muy difíciles de individualizar. Al cabo de una pesquisa en la que fue determinante el análisis de contenidos de teléfonos celulares secuestrados en cárceles, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) fueron estableciendo las identidades de quienes para ellos estaban detrás de los ataques.
Los ocho juzgados están detenidos, en algunos casos por hechos distintos a los juzgados ahora. Se trata de Ariel Máximo Cantero (Complejo Penitenciario de Marcos Paz), Leandro Daniel Olivera (Unidad 11 de Piñero), Daniel Oscal Chávez (Unidad 11), Matías Nicolás César (Unidad 11), Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado (Unidad 11), Leonel Alejandro Fernández (Unidad 11) y Lucía Estefanía Uberti (Unidad 5 de mujeres de Rosario). Ninguno de ellos estará presente en el juicio. Todos los acusados seguirán las audiencias por zoom desde sus lugares de detención.
En total, se ventilarán los detalles de 14 atentados. El primero fue el 29 de mayo de 2018, con ataques a balazos a dos viviendas en las que había vivido el juez Ismael Manfrín, que fue juez del tribunal que condenó al grupo liderado por los Cantero, en Italia al 2100 y Montevideo al 1000.
También se considerará una balacera del 30 de junio de ese año, contra una vivienda ubicada en Braille al 1400 que perteneció a Ariel Lotito, ex integrante de la Brigada Operativa de Judiciales, que investigó por asociación ilícita a la banda de Los Monos.
Se suman balaceras del 26 de julio, los atentados contra dos viviendas, una de Zeballos al 2500 y la otra en Dorrego al 1600, vinculadas a la familia de la jueza Marisol Usandizaga, que integró el tribunal en el juicio oral y público contra Los Monos.
El 4 de agosto de ese año un departamento de un edificio de Libertad al 300 que hasta 2001 perteneció a la familia Usandizaga fue baleado. Horas más tarde se registró una balacera contra el Centro de Justicia Penal (CJP) ubicado en Sarmiento y Rueda, ambos son hechos del juicio.
El 5 de agosto una vivienda de Tarragona al 700 bis fue baleada. La Fiscalía atribuyó ese ataque a un error del tirador: para los investigadores el blanco era una casa de Tarragona al 700 que estaba vinculada a la familia de la jueza de Cámara Carolina Hernández, una de las integrantes del tribunal que revisó la sentencia por asociación ilícita a Los Monos.
El 10 de agosto balearon una vivienda de la familia Usandizaga en Buenos Aires al 1700. El 13 de agosto vecinos de San Luis al 1400 denunciaron haber hallado marcas de balazos en el frente de un edificio vinculado con la jueza de Cámara Gabriela Sansó, también miembro del tribunal que revisó la sentencia.
El 14 de agosto se dio un nuevo ataque contra la sede del Ministerio Público de la Acusación (Fiscalía Regional) de Montevideo al 1900. El 28 de agosto arrojaron una granada de gas lacrimógeno en Lamadrid al 500, donde está la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
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La desmesura de los ataques, su serialidad y la notoria selectividad de los blancos elegidos causaron un tembladeral en la provincia. El Colegio de Magistrados de la Segunda Circunscripción se posicionó enérgicamente contra el Poder Ejecutivo exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Luego de seis meses de conmoción aparecieron las primeras líneas que llevaron a las detenciones. Con estas novedades, en especial al difundirse los nombres de quienes estaban sospechados, los atentados cesaron.
El juicio se iniciará este viernes a las 10. El tribunal a cargo de juzgar estará integrado por Hebe Marcogliese, Rafael Coria y Pablo Pinto. El listado inicial incluía la citación de 78 testigos que bajó a cerca de 40 la primera semana. El número final no está cerrado. Algunos de los convocados pueden ser los jueces que fueron blanco de atentados domiciliarios que no obstante podrían declarar por convenciones probatorias, es decir, sin acudir al estrado. Están citados policías y otros testigos civiles.
No hay antecedentes de un juicio por hechos como estos: un ataque sistemático y masivo contra objetivos de funcionarios judiciales que investigaron a una misma organización criminal.
En la audiencia preliminar de juicio, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra sostuvieron que los imputados desempeñaron distintos roles en cada uno de los casos y no todos ellos participaron de ellos. Las acusaciones son por ser instigadores, participes primarios y autores con imputaciones de amenazas coactivas agravadas por ser anónimas utilizando arma de fuego y tener como propósito alguna medida o concesión de un miembro del poder público provincial en concurso real con daño calificado.
Pidieron 24 años de prisión y la declaración de reincidencia para Guille Cantero por ser considerado instigador de siete de los ataques. La misma cuantía de pena se pidió para Lucía Estefanía Uberti, a quien acusaron de nueve balaceras en carácter de partícipe primaria y otra como instigadora; y para Matías Nicolás César (a quien lo consideraron reincidente), le adjudicaron diez hechos en carácter de partícipe primario.
Para Daniel Alejandro “Teletubi” Delgado, quien está cumpliendo una pena de prisión de 21 años como ejecutor del Triple Crimen de Villa Moreno ocurrido el 1º de enero de 2012, los fiscales ahora solicitaron una condena a 13 años de prisión tras atribuirle tres de los hechos investigados por lo que su pena podría ascender a 34 años.
