El asesinato en el City Center es uno de esos hechos que perfora la escala conocida de criminalidad en Rosario. El nivel de desafío implica un salto estratégico de las organizaciones criminales por la formidable carga de impacto que contiene. Los implicados matan a una persona completamente al azar en un lugar al que acuden en días pico unas 16 mil personas por jornada. Concretar un homicidio en semejante espacio público de uso masivo, en la empresa privada que es el primer contribuyente fiscal y el mayor empleador de la ciudad, conlleva la clara pretensión de dar un mensaje. ¿De quién? ¿A quién? Los investigadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio de Seguridad y del Organismo de Investigaciones (OI) ya tienen alguna pista. Pero más que nada se enfocan coincidentemente en la notoria cadena de eventos criminales que sacuden la ciudad en la que aparecen fuertes denominadores comunes.
Aunque el caso del casino no puede ser inserto aún en esta secuencia, los últimos hechos de mayor estruendo tienen un hilo común. Los hechos son de dos niveles. La mayoría suponen extorsiones para conseguir dinero, con la contrapartida de que si no se paga hay represalia. O bien ejecuciones entre grupos que se disputan negocios en especial de narcomenudeo. Esto está en un primer escalón común. El segundo nivel son los ataques a objetivos institucionales que tienen un tangible efecto político. En este peldaño se cuenta el último atentado al Centro de Justicia Penal de hace una semana, el ataque a tiros a la oficina del Servicio Penitenciario de Alsina y Pellegrini en Rosario y este asesinato en el lugar público de mayor concurrencia cotidiana de la ciudad.
Es imposible no señalar que todos estos ataques se dan en un contexto sostenido en los últimos años donde hay prueba consistente de un sistema de protección policial hacia las organizaciones criminales o con el delito. Esto, desde la asunción del ministro de Seguridad Marcelo Saín, está en una profunda supervisión lo que origina, para fuentes del gobierno, posibles vueltos de parte de los sectores uniformados bajo sospecha. Pero también hay reiteraciones notables, ya con prueba afianzada, que indican que un sector del crimen está implicado en hechos graves. Lo evidencian comunicaciones que vienen de la cárcel de Ezeiza.
Desde octubre pasado cuando Horacio Boix fue desplazado de la conducción del Sindicato de Peones de Taxis se produjeron al menos nueve atentados a balazos contra personas de ese gremio. En MPA y OI señalan que la conducción interina de Horacio Yanotti se negó al asumir a pagar el "canon de seguridad" para no sufrir atentados y además lo denunció. Allí empezó la secuencia de balazos contra los domicilios de Yanotti, de Lucio Fernando L., Mariano M., Alberto G. y Miguel S. entre otros, todos miembros del gremio. Los últimos casos fueron a mediados de diciembre.
El pasado 25 de diciembre un hombre conectado con estos casos no volvió de una salida transitoria. Se llama Fernando Ezequiel "Enano" Morel y tenía ese beneficio mientras cumple condena a 20 años por un homicidio. Lo atraparon porque se cayó del techo en una casa a los pocos días y fue trasladado al Heca. Desde allí, teniendo custodia y malherido, el jueves pasado intentó fugarse por el conducto de ventilación. Morel es, según evidencia consolidada, el contacto que organizó para Ariel "Guille" Cantero, consiguiendo tiradores, los mencionados ataques a taxistas.
Ese modo de cobrar por protección ya está evidenciado en otros hechos como contra el sindicato de vendedores ambulantes o contra propietarios de boliches cuando en mayo de 2019 le pegaron siete tiros a un chico de 19 años frente a la disco Roma, en Pellegrini y Maipú. Uno de los dueños admitió que era forzado a pagar entonces 20 mil pesos por semana para que no le generaran incidentes. Y el que resultó el cobrador semanal de Roma fue Leandro "Chulo" Olivera, ahora preso por organizar tres balaceras contra objetivos del Poder Judicial por mandato de Guille Cantero.
Guille vuelve a estar conectado por prueba directa, según fuentes de la investigación, con el último ataque a balazos contra el Centro de Justicia Penal del pasado viernes 3 de enero. Ya está imputado por siete ataques previos a domicilios de jueces y sedes judiciales.
Circunstancias
Con el asesinato de Enrique Encino se perpetraron en Rosario trece homicidios antes de que termine la primera quincena de enero. No todos reflejan la acción de bandas criminales pero en los más expresivos aparecen los trazos del delito organizado. El jueves pasado en zona de la subcomisaría 20ª muy cerca de Las Flores arrasaron a tiros desde una moto el frente de una casa donde había cinco personas. Murieron Walter Berlari, de 43 años, y Antonela Albornoz, de 22. En ese mismo lugar, según manejan en el OI, estaba Dylan Cantero, hijo de Claudio "Pájaro" Cantero. De acuerdo al OI, Dylan resultó herido pero no acudió a un centro asistencial para examinarse ni denunció el hecho. "Si las consecuencias hubieran sido más graves las represalias mejor ni imaginarlas", dijeron voceros del MPA.
Ese doble crimen está para los fiscales indudablemente conectado con el de Alejandro Barreto que ocurrió un día antes en 27 de Febrero y Brasil. A Barreto lo ejecutaron hace cinco días desde una moto sin mediar palabra con tiros en abdomen, cara y boca. En el OI tienen indicios robustos de que alguien vinculado a los Berlari fue quien lo asesinó.
Barreto es señalado como un gatillero de Guille Cantero por mandato del Enano Morel. ¿Cómo, entonces, cuando van a vengar a Barreto y matan a Berlari terminan baleando a Dylan, que es sobrino de Guille? "Sabemos que Dylan estaba allí circunstancialmente. Pero además las lealtades son muy móviles, hay matices propios de las complicadas lógicas criminales que se escapan, no siempre es posible analizar desde un tablero de ajedrez", sostuvo un investigador.
Azar y puntería
Todos estos hechos, para los encargados de investigarlos, están presentes como ineludible contexto en el mayúsculo incidente del Casino City Center. "En esa zona nadie tira si no tiene que ver con Los Monos o está en disputa con ellos", indicó otro funcionario del MPA. Es un espacio donde además se concentran los emprendimientos informales de sesgo violento: prestamistas que ofrecen plata con costos usurarios y servicios de transporte que pagan cuotas a mafias para poder estar allí.
Al mismo tiempo hay policías jerárquicos desplazados recientemente lo que genera audibles reacciones de malestar y decepción en una fuerza sobre la cual Saín tiene un diagnóstico muy crítico que derivó en la intervención de la Jefatura de San Lorenzo tras asumir, donde hay oficiales superiores imputados por conexión con Esteban Alvarado, y otros 32 removidos en pase a retiro desde el 10 de diciembre. "Lo del Casino es un hecho que apunta directamente a nosotros", dijo ayer un funcionario del Ministerio de Seguridad.
Una persona completamente ajena a este contexto pagó trágicamente con su vida el hecho de asomarse a un balcón. Los que tiraron no buscaban matar a esa persona sino dar un mensaje seguramente de parte de otros. Pero sabían que podían matar. Lo mismo sabían quienes dispararon contra la que creían casa del juez Ismael Manfrim los balazos que cruzaron el living donde cenaba un matrimonio y sus dos hijas. Igual los que tiraron contra la casa del padre del juez Juan Carlos Vienna que estaba allí, o los que arreciaron en enero al de la funcionaria contable del MPA con balas que pasaron a 50 centímetros de la cabeza de su abuela.
Lo que convierte el caso de ayer en un inédito reto al orden público es que esta vez alguien murió en un lugar público. Es un hecho que apunta al corazón la seguridad como nunca antes porque ahora, no se necesitaban certezas, comprobamos que en incidentes así la muerte se la agarra con cualquiera. "Alguna vez va a morir alguien", se decía en aquellas ocasiones. El momento llegó.
