"Fueron los 137 días más difíciles de mi gestión", sostuvo el ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, al referirse a los ataques a balazos que se produjeron contra distintas sedes y domicilios de representantes del Poder Judicial. Pidió condenas ejemplares para los imputados que sean encontrados culpables y también volvió a reclamar la sanción de la ley de narcomenudeo.
El funcionario provincial consideró que los ataques contra el Poder Judicial también fueron una amenaza "contra el orden democrático y el sistema en su conjunto", y destacó: "Fueron los 137 días más difíciles de mi gestión, desde el 29 de mayo hasta el 12 de octubre, cuando se imputó a estas personas que cometían estos ataques contra la justicia".
Aseguró que se trató de una "investigación compleja", en la que se puso "todo a disposición de los fiscales para poder esclarecerla. Vimos a una Policía eficiente que llevó adelante importantes investigaciones, vimos a un Ministerio Público de la Acusación sumamente comprometido".
"El viernes se pudo imputar de diferentes hechos a a diez personas de la mayoría de los hechos, a unos por siete hechos, a otros por cinco, a otros por cuatro, pero creo que tiene que venir una condena ejemplar en función de los elementos probatorios que hay", indicó, para destacar que las penas "podrían llegar hasta a cuarenta años, que es lo que se merecen por haber ido tan lejos. Pocas veces en la República Argentina los delincuentes se animaron a tanto y el Estado tenía que estar a la altura de las circunstancias".
Diez personas fueron imputadas el pasado viernes acusadas de haber participado con distintos roles en once balaceras que entre mayo y agosto pasados y que tuvieron como blanco a distintos edificios del Poder Judicial y viviendas en las que alguna vez habían vivido funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad o sus familiares. A Ariel Máximo "Guille" Cantero, condenado a 22 años de prisión por liderar la asociación ilícita de Los Monos, la Fiscalía lo ubicó como "instigador" en siete de esos ataques. A todos los demás imputados se les impuso prisión preventiva por el plazo de ley, es decir, dos años.
Además, pidió una ley de narcomenudeo "como la tienen las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Chaco y Entre Ríos", lo que permitiría que "los fiscales de la provincia de Santa Fe pudieran tomar las ventas de estupefacientes de menor cuantía y avanzar sobre estos puntos de venta", indicó.
Finalmente, precisó que un relevamiento realizado con el sistema OJO reveló que en las ciudades de Rosario y Santa Fe se detecta que "donde hay puntos de venta de estupefaciente hay amenazas con armas de fuego, hay heridos de armas de fuego y hay homicidios".
