"No hay otro lugar en el país donde suceda esto", sentenció Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, respecto a los ataques a balazos que, desde fines de mayo, vienen teniendo como blanco domicilios en los que vivieron jueces que intervinieron en la investigación procesamiento y condena de los principales líderes de la banda Los Monos.
En ese sentido Ariza se expresó en términos similares al comunicado del Colegio de Magistrados de Santa Fe, que expresó su "enérgico repudio" a esos ataques, que en los últimos meses tuvieron como blancos domicilios relacionados con los jueces Juan Carlos Vienna e Ismael Manfrín y el más reciente con la jueza Marisol Usandizaga. Los tres tuvieron participación en distintas etapas de la investigación, procesamiento y condena de los líderes de la banda.
"No hay situaciones comparables en otros lugares y lo que queremos manifestar desde la Federación Argentina de Magistrados es el acompañamiento a todas las acciones desplegadas por el Colegio de Magistrado de la provincia de Santa Fe y lo hacemos extensivo en la figura de su presidente y, particularmente, en la figura de Marisol Usandizaga, que ha sido objeto en estas últimas acciones", argumento el titular de la Federación.
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Ariel Ariza, presidente de la Federación Argentina de la Magistratura.
En ese sentido, Ariza también le pidió acciones concretas en materia de seguridad ante esta "provocación" contra "todos los poderes del Estado".
"En la Federación entendemos que debe provenir desde la fuerza de seguridad provincial una determinación contundente para hacer cesar estos hechos que el día de hoy constituyen una provocación a todos los poderes del Estado", solicitó.
Consultado sobre si en Argentina había algún otro lugar donde se viviera alguna situación similar en ese sentido, sentenció que "no. Hay cuando los poderes del Estado y, particularmente, desde el Poder Judicial actúan con independencia y establecen responsabilidades de distintos tipos, entre ellos las penales, muchas veces hay afectación de intereses o a bandas organizadas, pero no hay un plan de intimidación y amenaza de estas características".
Ariza también resaltó que por todo esto "estamos convocando a las autoridades de la Federación Latinoamericana de la Magistratura, en la figura de su presidente Walter Barone, expresando no solo la preocupación nacional sino también regional por lo que está sucediendo en Rosario".
Respecto de las medidas que se pueden tomar en ese sentido, el titular de la Federación Argentina de la Magistratura señaló que "se tienen que trabajar con las fuerzas coordinadas del Estado para determinar quiénes son los autores y hacer cesar este tipo de intimidaciones".
En ese mismo sentido fue consultado sobre si se podría llegar a pedir la colaboración de las fuerzas federales en este tema, a lo que recalcó que "si bien es un problema de orden local, las competencias en lo que se refiere a las investigaciones específicas del narcotráfico son competencia de la Justicia Federal, por lo tanto tampoco están ausentes de lo que es este inconveniente. Debe existir una acción coordinada y el resultado tiene que ser que uno de los poderes del Estado, como es el Judicial, pueda desenvolver su labor de manera independiente y preservando la integridad de cada uno de sus operadores".
Sobre si temía que pudiera pasar lo que hace no mucho tiempo sucedió en otros países, como Colombia o México, donde la violencia se había naturalizado, comentó: "Los colegas siguen desempeñando sus tareas, siguen actuando en las causas en las que le toca intervenir, lo hacen con entereza y templanza, pero todo el accionar que se viene realizando, tanto desde el Colegio como de la Federación de la Magistratura, está apuntado a que no se produzca ningún resultado de consecuencias irreversibles".
Por último y al ser consultado sobre si estábamos a tiempo de evitar esto último, sentenció: "estamos a tiempo si todas las fuerzas del arco institucional establecen las medidas necesarias para que las investigaciones lleguen a su fin".
