La saga de hechos violentos ocurridos en Rosario entre el 2 y el 9 de marzo, que incluyó el atentado a un colectivo del Servicio Penitenciario y cuatro homicidios con trasfondo presuntamente compartido, ubicó a la ciudad en el centro del debate político nacional. En ese contexto la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, introdujo el término "narcoterrorismo", que luego fue replicado por el gobierno provincial y los medios de comunicación. Lejos de ser un concepto citado de manera casual, fue la forma de instalar en agenda el proyecto de cambios en la ley de Seguridad Interior, finalmente anunciado este jueves.
Durante las décadas del 80 y el 90, con el final de los gobiernos dictatoriales en América Latina, se consolidaron procesos de democratización que en Argentina tuvo su singularidad con la sanción de leyes que prohibieron la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad interior. Con el paso de los años, mediante el impulso de agencias de gobierno estadounidenses, se instaló en la región una doctrina que ubicó como nuevas amenazas a fenómenos de crimen organizado transnacional, como se considera por el ejemplo al tráfico de drogas. Un marco que, con el argumento de combatir al narcoterrorismo, habilitó procesos de militarización en países como Colombia y México, decantando con el tiempo en un incremento de la violencia.
Para describir lo que ocurrió en Rosario en la última saga violenta se introdujo el concepto "narcoterrorismo", convirtiéndose en un asunto nacional al aparecer la intención de modificar una ley para que puedan intervenir las Fuerzas Armadas. El ataque a balazos contra un colectivo del Servicio Penitenciario el 2 de marzo, el asesinato de dos taxistas, un colectivero y el playero de una estación de servicio, volvieron a poner a la ciudad en el centro del debate público. Por el hallazgo de carteles atribuidos a presos de la provincia, la principal hipótesis se posicionó en torno a una represalia por las medidas restrictivas tomadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro en las cárceles santafesinas.
Lo cierto es que, más allá de una hipótesis inicial, en las investigaciones de cada caso no hubo avances concretos sobre quiénes instigaron y ejecutaron estos actos. El caso Rosario tiene particularidades que complejizan las lecturas posibles: los carteles amenazantes suelen ser utilizados para desviar investigaciones. Como sucedió días antes de la semana del estallido violento, cuando se conoció el caso de tres policías imputados por intentar plantarle armas y un cartel amenazante a una persona cercana a una banda narcomenudista. Esas armas, que estaban en poder de agentes de la fuerza provincial, habían sido utilizadas en al menos seis de los atentados que se realizaron con amenazas al gobierno. Lo que subyace a la clásica rivalidad entre bandas criminales es tanto la connivencia policial con la que cuentan, como las propias internas entre distintas divisiones de la fuerza.
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Tal complejidad pareciera no entrar en los análisis de la ministra Bullrich, quien planteó de manera lineal que detrás de los últimos hechos estuvo la intención de las bandas criminales de generar terror en la sociedad y que el Estado lo va a combatir. Entonces habló de “narcoterrorismo” y con el respaldo de la ley de Seguridad Interior creó un Comité de Crisis. A los pocos días anunció la llegada de las Fuerzas Armadas para dar apoyo logístico, y finalmente este jueves junto al ministro de Defensa Luis Petri anunció un proyecto de ley para permitir la participación de los militares en asuntos de seguridad interior con el caso Rosario como punta de lanza. Una iniciativa que, tal como el mismo Petri sostuvo, deberá “requerir la voluntad expresa del gobernador de la provincia”. Horas después fue la vicepresidenta Victoria Villaruel la que manifestó su desacuerdo con el proyecto.
Narcoterrorismo y militarización
Son momentos claves para el destino de la ciudad, pero también para lo que el cambio de una ley nacional pueda implicar para el resto del país en relación a otras problemáticas. Consultado por La Capital, el criminólogo y docente universitario Máximo Sozzo analizó el caso Rosario en un marco nacional y regional teniendo en cuenta experiencias anteriores. “La definición de los problemas impacta en cómo se piensan y legitiman las soluciones que se planean implementar", indicó en relación a por qué, de manera nada ingenua, se comenzó a hablar de “narcoterrorismo”.
- ¿Qué implica la introducción del concepto "narcoterrorismo" en el discurso político sobre lo que está pasando en Rosario?
En escenarios de mucha más complejidad que el argentino o el santafesino en particular, como los casos de Colombia o México, ese tipo de concepto fue empleado en la esfera pública y política para definir un problema y las maneras de enfrentarlo. Argentina, como parte del consenso político construido durante la transición a la democracia, construyó legalmente la prohibición de la utilización efectiva de las fuerzas armadas en asuntos ligados a la seguridad frente al delito.
La circulación que los actores políticos nacionales y provinciales han generado en las últimas semanas de este concepto apunta claramente a poner en jaque una de las grandes innovaciones que se produjeron en materia de política de seguridad y defensa en la Argentina en la transición a la democracia. Se busca reformar nuestros textos legales que prohíben la utilización de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad interior y avanzar de una forma más decidida, clara y dramática a la militarización a los asuntos ligados al delito.
- ¿Cómo se explica esta intención en un marco nacional y regional surgida a partir del caso Rosario?
Existe un discurso acerca de las nuevas amenazas, como comúnmente se las ha etiquetado en el debate de las relaciones internacionales, que está íntimamente conectado con la influencia del gobierno federal de los Estados Unidos y sus formas de pensar las soluciones frente a los problemas vinculados al delito en América Latina. Un discurso que ha sido distribuido y circulado a través de distintos mecanismos y que ha impactado fuertemente en sectores de la política en distintos países de América Latina.
Bullrich es un clarísimo ejemplo de un actor político que abrazó ese discurso, lo reprodujo y magnificó tanto en su gestión anterior durante el gobierno de Macri como ahora durante el gobierno de Milei. Ahora, de forma consecuente y coherente, frente a esta crisis que se presenta en estas semanas en el escenario santafesino la reacción es activar ese discurso y su recomendación fundamental de la utilización efectiva de las Fuerzas Armadas para combatir el delito y abrazar una versión extrema de militarización de los asuntos de seguridad interior. Creo más que nunca que la defensa del consenso de la transición a la democracia se impone como un elemento crucial para evitar una deriva a una versión extrema de la militarización con componentes potenciales de una deriva autoritaria.
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- ¿Qué consecuencias puede haber, teniendo en cuenta experiencias de otros países?
Detrás de esa definición del problema se descubre rápidamente el tipo de respuesta que esos actores gubernamentales ofrecen a ese problema. Las problemáticas que trae aparejadas, como ya lo ha experimentado la región de América Latina, son el crecimiento extraordinario de la violencia estatal, la multiplicación de las violaciones de los Derechos Humanos a los sectores más desfavorecidos económica y socialmente, el incremento de la orientación clasista y racista de las prácticas de las fuerzas de seguridad y las prácticas de combate frente al delito.
Pero, además de todos esos elementos, lo que ha hecho fue no producir mayor nivel de seguridad. Sino que se aumentó el espiral de la reproducción de la violencia de forma extraordinaria. Es un tipo de respuesta que por todos los costados nos ofrece más expectativas de resultados negativos que positivos.
- Al introducir este concepto en el discurso público se omite la corrupción y la connivencia de las fuerzas de seguridad con el delito, incluso habiendo un caso reciente en los primeros atentados con mención al gobierno. ¿A qué se debe?
Parecen ausentes en el discurso gubernamental los altísimos niveles de involucramiento de actores policiales y penitenciarios en connivencia con miembros de los distintos grupos dedicados a actividades delictivas en los últimos años. Una connivencia que ha sido demostrada por muchísimas de las investigaciones judiciales que acontecieron sobre casos concretos en los últimos tiempos. Toda esta apelación a la política de la mano dura, que no da cuenta de la necesidad de reformas estructurales en estas instituciones estatales, aparece como extraordinariamente débil.
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Son esas mismas instituciones, de las que tenemos evidencias de que tienen sectores comprometidos con las actividades delictivas que hoy se dice pretender combatirlas, las que van a combatir efectivamente esa actividad delictiva. Parece que hay una aporía en ese razonamiento. El hecho de que no aparezca en el debate público y político, no solo por parte de los actores gubernamentales sino también de la oposición política con un reclamo de reformas estructurales, me parece que es un déficit muy grande del debate sobre los problemas que se están pretendiendo enfrentar.
- Al contrario de la complejidad que amerita este debate, lo que aparece es un discurso que busca generar impacto público. ¿Cómo se puede analizar esa arista?
Todos construimos nuestras acciones en la vida cotidiana a partir de la información con la que contamos acerca de aquello que está pasando. Los medios de comunicación y las redes sociales son un componente fundamental de cómo la gente obtiene información acerca de lo que pasa más allá de la experiencia directa. Entonces los mensajes que se construyen en esta dirección tienen consecuencia en cómo diseñamos nuestras acciones en la vida cotidiana.
Por eso determinado tipo de discurso, que contribuye a la demonización y apela al vocabulario de la guerra y tiene como límite la idea de eliminación o neutralización, cuando circula en el espacio público con fuerza tiene la capacidad de convencer a sectores del público de qué tipo de alternativa es preciso seguir. La definición de los problemas impacta en cómo se piensan y legitiman las soluciones que se planean implementar. Es preciso desarmar ambos componentes del debate.
