En una nueva audiencia del juicio oral y público al exfiscal regional Patricio Serjal, acusado de corrupción institucional vinculada al juego clandestino, declara este miércoles el empresario Leonardo Peiti. Con condena ya cumplida en la misma causa, ahora fue citado como testigo para brindar información que compromete al ex jefe de los fiscales de la región y al funcionario Nelson Hugolini que es el otro juzgado en el debate.
Este miércoles cerca de las 9 entró al Centro de Justicia Penal Leonardo Peiti, empresario del juego que ya fue condenado en la misma causa y se encuentra en libertad. En diciembre de 2021 había aceptado en un procedimiento abreviado la pena de 3 años de prisión tras aceptar ser testigo colaborador.
Ahora será su turno de declarar ante los jueces Nicolás Foppiani, Facundo Becerra y Hebe Marcogliese. Su abogado Ángelo Rossini lo acompañó a la audiencia y antes de ingresar aseguró a la prensa que para Peiti "la causa está terminada". "Fue citado a juicio como testigo, su declaración permitió que esta causa avance", indicó el letrado.
El juicio a Serjal
El exfiscal regional Patricio Serjal comenzó a ser juzgado el 15 de septiembre por un grave caso de corrupción institucional ligado a las tramas de narcocriminalidad que marcaron la agenda del delito en Rosario en los últimos años. Quien fuera jefe de fiscales rosarinos está acusado de haber brindado protección o cobertura a una red de juego clandestino cuyo jefe, el empresario Leonardo Peiti, ya fue condenado a una pena reducida por su colaboración con la causa.
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En la primera jornada de debate, los fiscales José Luis Caterina, Marisol Fabbro y María de los Ángeles Granato solicitaron 12 años de prisión para Serjal como organizador de una asociación ilícita. También pidieron 5 años de cárcel para el empleado judicial Nelson Ugolini por incumplimiento de los deberes.
Sin la presencia en el banquillo del senador provincial por San Lorenzo Armando Traferri, imputado hace casi un año por liderar la misma organización de juego, el juicio oral se extenderá al menos durante un mes.
Delitos
Serjal, de 48 años, está acusado como organizador de una asociación ilícita y por cohecho pasivo, falsedad ideológica de documento público agravada por su condición de funcionario, omisión de persecución y peculado de servicios. Los fiscales pidieron para él, que llega al debate en libertad tras haber transitado por un período en prisión preventiva, 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos.
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Serjal había sido detenido el 11 de agosto de 2020 a raíz de una investigación de los fiscales Edery y Luis Schiappa Pietra sobre el ataque a tiros al casino City Center de enero de ese año en el que murió el gerente bancario Enrique Encino, un apostador que fumaba en un balcón y fue alcanzado por un disparo. Según la pesquisa, ese atentado fue ordenado por el jefe de Los Monos, Ariel “Guille” Cantero, con fines extorsivos.
Un ladero de Guille, Maximiliano “Cachete” Díaz, se desesperó y llamó al empresario del juego Leonardo Peiti, a quien conocía por haberlo extorsionado, para que le averiguara “con sus amigos de Fiscalía” cómo era la situación de los dos apresados. Como el celular de Díaz estaba intervenido, ese intercambio dejó expuesta la conexión que, para la acusación, habían conformado Serjal y Ugolini para brindarles protección al empresario Peiti y sus negocios de juego.
El vínculo con Peiti
Según la acusación, a cambio de dinero que recibía periódicamente de Peiti, Serjal daba instrucciones sobre cómo asegurarle impunidad al por entonces fiscal Gustavo Ponce Asahad, quien fue condenado con una pena rebajada a 3 años de prisión como imputado colaborador. Ugolini era su empleado.
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El empresario de juego Peiti, en tanto, fue condenado a fines de 2021 a seis años de cárcel por pagar sobornos para garantizar su actividad y lavar dinero del delito; pena reducida a tres años por sus aportes como imputado colaborador. Recuperó la libertad luego de diez meses de detención.
Al aceptar la condena en un acuerdo abreviado, Peiti admitió su responsabilidad en el control de numerosos emprendimientos de juego clandestino en la provincia. También asumió haber pagado sobornos a actores políticos y judiciales para obtener concesiones.